El sector formal de comercialización de metales preciosos, integrado por comercializadoras regionales, locales e internacionales, así como por operadores establecidos en zonas francas, pidió al Gobierno investigar la reducción del volumen de oro que pasa por los canales legales del país. También solicitó verificar información según la cual entre 500 kilogramos y una tonelada del metal podrían estar moviéndose cada semana por circuitos informales.
La alerta fue planteada en una carta enviada al presidente Abelardo De La Espriella en la que los empresarios auríferos legales sostienen que vienen observando el fenómeno desde hace cerca de dos años y que durante el último mes percibieron una nueva aceleración.
Las cifras recopiladas por el sector muestran que el volumen de oro registrado pasó de 68,49 toneladas en 2023 a 67,02 toneladas en 2024 y a 57,01 toneladas en 2025. Entre el primero y el último año de la serie, la reducción fue de 11,47 toneladas, equivalente a cerca de 16,8 %.
Los comercializadores advierten que el comportamiento puede pasar inadvertido si el análisis se concentra exclusivamente en el valor de las exportaciones. El aumento del precio internacional del oro permite que los ingresos expresados en dólares se mantengan elevados o que incluso aumenten, aunque disminuya la cantidad física de metal que se comercializa y exporta legalmente.
Sin embargo, los empresarios legales del sector oro señalan que no existe una estadística oficial consolidada que permita determinar cuánto oro estaría saliendo por canales ilegales y piden que las autoridades establezcan qué ocurrió con esos volúmenes.
La información recopilada entre participantes del mercado apunta a Medellín, Cúcuta y la frontera con Venezuela como puntos que deberían ser investigados. También se menciona a Surinam como una posible ruta adicional. Estas versiones, no obstante, requieren verificación oficial.
El sector asegura haber recibido información según la cual las operaciones irregulares utilizarían intermediarios, grandes cantidades de efectivo, vehículos y flotas. Las afirmaciones no corresponden a hechos establecidos judicialmente y forman parte de la información que los comercializadores quieren entregar a las autoridades para que sea investigada.
En la carta también se solicita examinar si pudo existir facilitación, omisión o corrupción de funcionarios en algún punto de la cadena. Los firmantes aclaran que no están señalando personas o instituciones y piden una investigación reservada e independiente antes de establecer responsabilidades.
La reducción del comercio formal también tendría implicaciones fiscales, teniendo en cuenta el aporte que hace el sector al recaudo tributario.
Según cálculos presentados por el propio sector, los impuestos y cargas asociados a la producción y comercialización formal equivalen a cerca del 8,9 % del valor de cada gramo de oro. Bajo sus supuestos para 2026, esta actividad generaría alrededor de 140.947 millones de pesos mensuales para el Estado, cerca de 1,7 billones al año.
A esto se suman otros problemas planteados por las empresas, como dificultades para acceder y permanecer en el sistema financiero, restricciones para monetizar recursos provenientes de exportaciones, diferencias tributarias frente a mercados vecinos y problemas para separar a las compañías formales de actores vinculados con minería ilegal.
Los firmantes pidieron una reunión con el Gobierno y solicitaron contrastar la información del sector con registros de la Dian, el Dane, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades. Su planteamiento es que el seguimiento al mercado del oro no debería limitarse al valor exportado en dólares, sino incluir también las toneladas producidas, comercializadas y exportadas por los canales legales.