El sector minero iniciará su encuentro anual con la expectativa de hacerse oír por el nuevo gobierno en lo relacionado con la reactivación de la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos.
Ahora que se discute en el Congreso de la República el presupuesto para 2027, la minería ha salido a relucir como una importante fuente de recursos. No en vano, según Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, gremio que inicia su encuentro anual, “si el nuevo Gobierno acelera los trámites de proyectos que están en etapas avanzadas de exploración, que ya cuentan con licencia o están próximos a cumplir requisitos ambientales, podrían llegar alrededor de US$3.600 millones en inversión minera”.
Aunque en general el sector privado se sintió atacado por el gobierno saliente, la minería, en particular, fue uno de los sectores que más golpes recibió a través de medidas restrictivas a ciertos segmentos (especialmente carbón, hidrocarburos y gran minería). No obstante, se adelantaron políticas de formalización, seguridad minera y promoción de minerales estratégicos, como lo sustentaba en distintos escenarios la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Es así como, ahora, uno de los principales debates en el entorno de la minería será el futuro del carbón, bajo el entendido de que “el mundo continúa dependiendo de este mineral y que Colombia puede mantener un papel relevante”, sostuvo Nariño, quien, además, considera estratégica la continuidad del complejo estratégico de exportación Cerrejón, cuyo contrato termina en 2034 y del que dependen, según sus cifras, cerca de 12.000 empleos.
Un país minero
Para el dirigente gremial, es momento de que Colombia vuelva a ser un país minero, aprovechando el potencial que tiene con los recursos naturales, los cuales, puestos al servicio de la industrialización, podrían ser parte del crecimiento regional y nacional.
Cada una de esas apuestas hará parte de los debates que abordarán expertos nacionales e internacionales en el Congreso minero que tendrá lugar en Cartagena hasta el 4 de septiembre.
Nariño, quien aseguró que es consciente de que el mundo se ha embarcado en una transición energética, afirmó que ello no significa reducir e incluso abandonar la minería. Por el contrario, tecnologías como los paneles solares y la generación eólica requieren minerales como el cobre y el tungsteno, en los que Colombia tiene oportunidades, ya que el mundo está demandando, de manera simultánea, más energías alternativas y más minerales y energéticos convencionales.
No se puede negociar la vida. El agua es más valiosa que el carbón, la minería no se puede hacer donde el agua nace líquida, porque muere la vida, incluida la vida humana en Boyacá.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2025
Se negocia lo justo, el tránsito hacia la economía limpia y sostenible.
Para Nariño, otro de los grandes desafíos en materia de minerales es el oro, que en el país viene siendo afectado por el crecimiento de la minería ilegal. A su juicio, la falta de proyectos legales y de presencia institucional en las zonas en las que hay oro facilita que las organizaciones ilegales ocupen esos espacios y priven al Estado de la obtención de regalías, inversión y empleo formal.
Es así como el gremio que cobija a empresas mineras que le apuestan al sector tiene una petición expresa para el nuevo gobierno: “reordenar la casa” y recuperar la seguridad jurídica. Ello, porque en el gobierno anterior se habrían expedido alrededor de 150 normas que afectaron al sector y generaron incertidumbre, lo que a su vez preocupó a los inversionistas. Por lo tanto, ahora se requiere recuperar la confianza, lo que se lograría con una revisión de las regulaciones que generan trabas innecesarias.
Para Nariño, Colombia no puede darse el lujo de renunciar o relegar la minería. Muestra de ello es que, según sus cálculos, solo el carbón, el níquel y el oro podrían generar entre $4,5 y $5 billones anuales en regalías. Por eso insiste en que la discusión no debería plantearse entre minería o sostenibilidad, sino en cómo aprovechar los recursos minerales con rigor técnico, inversión, control estatal y nuevas tecnologías.