La reglamentación de la reforma laboral de 2025, la expedición del Estatuto del Trabajo y la reducción de la informalidad figuran entre los principales desafíos de la política laboral en Colombia, según un análisis de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), que plantea la necesidad de consolidar un modelo basado en el concepto de trabajo decente promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con Diana del Pilar Colorado Acevedo, profesora de la Facultad de Derecho de la Unal, el trabajo decente implica garantizar empleos de calidad, protección social, estabilidad en los ingresos, respeto por los derechos laborales y espacios de diálogo entre trabajadores y empleadores. Sostiene que estos componentes aún presentan importantes rezagos en el país.
El análisis señala que uno de los retos es la expedición del Estatuto del Trabajo, ordenado por el artículo 53 de la Constitución Política, que aún está pendiente de desarrollo por parte del Congreso.
Colorado Acevedo considera prioritario que el Ministerio del Trabajo reglamente los aspectos centrales de la Ley 2466 de 2025 para facilitar su aplicación en empresas y entidades públicas.
Otro de los puntos críticos es la informalidad laboral. La investigadora plantea que las políticas públicas deben proteger tanto a los trabajadores asalariados como a los independientes y promover la transición hacia empleos formales.
Según cifras del Dane citadas en el documento, el 54,7 % de los trabajadores del país se encuentran en la informalidad, por lo que propone abordar este fenómeno desde un enfoque estructural que combine mayor productividad, capacitación y fortalecimiento de la protección social.
El estudio también advierte sobre los desafíos que representan la inteligencia artificial (IA) y la transición energética para el mercado laboral. En el caso de la IA, considera necesario establecer reglas que protejan derechos como la privacidad, la desconexión laboral, el debido proceso y la igualdad cuando estas herramientas se utilicen para supervisar trabajadores, apoyar procesos de contratación o tomar decisiones laborales. También destaca la importancia de impulsar empleos verdes en el marco de la transición energética.
Aunque la reforma laboral introdujo cambios en materia de recargos, formalización, contratación y protección de grupos vulnerables, el estudio sostiene que el principal reto ahora es la reglamentación de la Ley 2466 de 2025 por parte del Ministerio del Trabajo, así como el desarrollo de una política laboral que fortalezca el trabajo decente y la participación de los trabajadores.