La expansión de plataformas internacionales como Shein y Temu ha puesto sobre la mesa un debate sobre las condiciones de competencia frente a los comercios colombianos. Para María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el principal problema es que actualmente no existe una “cancha pareja” para los actores del mercado.
“Es un impacto muy importante”, señaló Quiñones, quien explicó que la problemática está relacionada con el modelo de operación de estas plataformas y las condiciones tributarias bajo las cuales ingresan algunos de sus productos al país.
La dirigente cuestiona particularmente el uso de la figura conocida como minimis, bajo la cual determinados bienes de bajo valor pueden ingresar sin arancel y, según la interpretación que cuestiona, sin IVA. Explica que esta figura fue concebida para envíos ocasionales, pero el comercio electrónico modificó esa dinámica.
“Cuando la realidad comercial se transforma y el mundo empieza a comerciar a través de paquetes, pues ya no es episódico, sino que es la regla; todo entra por paquetes”, afirmó.
Por ello, la Cámara plantea que las plataformas sean las encargadas de liquidar el IVA sobre las compras. Quiñones considera que trasladar esa responsabilidad a los operadores de mensajería puede generar problemas de subdeclaración del valor de las mercancías.
El eventual cambio tendría un efecto sobre los precios al consumidor. La presidenta de la Cámara reconoce que los productos podrían encarecerse, pero sostiene que se trata de un impuesto que debe aplicarse bajo las mismas reglas. “Probablemente, pues, ya los bienes de estas plataformas van a costar un 19 % más, pero eso no es culpa del Estado, sino el abuso que han hecho las plataformas”, dijo, al tiempo que cuestionó que el consumidor obtenga un beneficio tributario frente a otros actores del mercado.
“Los consumidores tenemos el deber constitucional legal de pagar el IVA; no se pueden tener beneficios hacia el consumidor capando impuestos, eso no es razonable”, aseguró.
La discusión también alcanza a las pequeñas empresas colombianas. Quiñones asegura que el comercio digital representa alrededor del 5 % del comercio minorista y considera que existe un rezago en la transformación digital de las pequeñas compañías. “La digitalización implica ver cómo manejas tus inventarios, tu software contable, la articulación de tus canales, entre otras cosas. Esa ruta de apropiación no se está dando y es responsabilidad del Estado hacerla”, explicó.
Desde el gremio, ya se han presentado propuestas concretas al Ministerio de Hacienda y al Congreso: que sean las plataformas (y no los usuarios) quienes liquiden el IVA en cada transacción y crear una ruta de formalización de pymes basada en incentivos tributarios que no representen un costo fiscal adicional para el país.
Frente a la competencia de estas plataformas, la dirigente considera que los comercios nacionales pueden diferenciarse mediante atributos como calidad, diseño, durabilidad y protección ambiental. Sin embargo, advierte que para ello primero deben existir condiciones equivalentes. “Contra un 20 % no compite nadie”, sostuvo.
Finalmente, Quiñones plantea que el comercio electrónico puede convertirse en una ruta de desarrollo económico para Colombia. “Necesitamos políticas públicas basadas en lo digital”, concluyó, al considerar que el país requiere una estrategia de Estado que aproveche el potencial de la economía digital.
“El comercio electrónico no es solamente un canal, es definitivamente algo que puede llevar al país a otro nivel; lo ha hecho con China y lo ha hecho con muchos países, con indicadores macroeconómicos parecidos a los que nosotros tenemos hoy. En 10 años se transforma, a partir de lo digital, la economía del país. Pero si no tenemos esa mirada y esa conciencia, nos vamos a demorar más. Necesitamos políticas públicas basadas en lo digital”, concluyó.