Colombia entró en una etapa de mayor apertura hacia la inversión privada, los hidrocarburos y la minería, pero la capacidad del Gobierno para ejecutar esa agenda estará condicionada por el Congreso, la conflictividad social y la posibilidad de nuevos cambios políticos en los próximos años. Esa es una de las principales conclusiones para el país expuestas durante un webinar de S&P Global sobre los horizontes de riesgos políticos en América Latina.
Los analistas de esta firma internacional de información, análisis financiero y evaluación de riesgos señalaron que los países de la región que recientemente pasaron de gobiernos de izquierda a administraciones de derecha o centroderecha, como Colombia, comparten cuatro líneas generales: reducción del peso del Estado en la economía, mayor protagonismo de la inversión privada, impulso a hidrocarburos y minería, políticas de seguridad más confrontacionales y un acercamiento diplomático y comercial a Estados Unidos.
En el caso colombiano, la firma señaló que el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha planteado reducir el déficit fiscal mediante recortes del gasto público, bajar impuestos para estimular la inversión y ampliar las licencias en petróleo y gas. S&P también mencionó a Colombia entre los países que buscan establecer nuevos mecanismos de incentivos a grandes inversiones, tomando como referencia esquemas implementados en Argentina.
Sin embargo, los analistas advirtieron que existe una distancia entre los anuncios de los nuevos gobiernos y su capacidad para convertirlos en leyes y proyectos efectivos. Uno de los principales obstáculos es la representación legislativa: en varios países de la región, las administraciones no cuentan con mayorías suficientes y tendrán que negociar sus reformas en el Congreso.
Otro riesgo está en la calle
S&P Global anticipa una elevada posibilidad de protestas asociadas con medidas como los recortes del gasto público, posibles reducciones de empleos estatales y la expansión de proyectos extractivos. La firma señaló que iniciativas de minería, petróleo y gas pueden enfrentar resistencia de comunidades locales, mientras algunos de los nuevos gobiernos de derecha latinoamericanos carecen de los canales históricos de interlocución que partidos de izquierda han mantenido con organizaciones sociales.
La lectura para las empresas tampoco se limita al actual periodo presidencial. S&P recordó que América Latina ha tenido frecuentes cambios entre gobiernos de izquierda y derecha, acompañados en algunos casos por intentos de desmontar políticas de la administración anterior. Para inversiones con horizontes de 20 o 30 años, la firma considera necesario incorporar la posibilidad de modificaciones sustanciales en las reglas durante la vida de los proyectos.
En política exterior, Colombia aparece entre los países de la región con mayor probabilidad de estrechar su relación con Estados Unidos. S&P explicó que, aunque China aumentó su participación en el comercio latinoamericano durante la última década, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Colombia. Esa dependencia, junto con la orientación política del Gobierno, podría traducirse en un mayor alineamiento con Washington y en intentos por tomar distancia de China.
El panorama descrito por S&P combina, así, mayores incentivos para el capital privado con riesgos políticos que pueden afectar la ejecución de inversiones. Petróleo, gas y minería podrían recibir un nuevo impulso, pero el avance de esos proyectos dependerá de la capacidad del Gobierno para tramitar sus reformas, administrar la oposición social y ofrecer reglas suficientemente estables para inversiones de largo plazo.