Tras tres intentos frustrados, Keiko Fujimori es la nueva presidenta electa de Perú. A falta de una confirmación protocolaria de las autoridades electorales, la candidata de la derecha logró su ansiado triunfo tras un estrecho margen de poco más de 40.000 votos sobre el aspirante de los movimientos de izquierda, Roberto Sánchez, quien ha desconocido los resultados de las elecciones más reñidas de la historia del continente en su era moderna.
La diferencia entre ambos candidatos es de apenas el 0,24 por ciento de los votos válidos emitidos, en un proceso cuyo escrutinio se extendió por más de tres semanas. El retraso obedeció a varios factores: la normativa electoral peruana exige el traslado físico de actas y cédulas desde más de un centenar de oficinas hacia Lima para su validación, incluyendo el material proveniente de 63 países, donde votaron ciudadanos en el exterior. A eso se sumó la revisión de más de 2.300 mesas impugnadas por el candidato izquierdista en medio de sus acusaciones de fraude, lo que prolongó aún más la resolución oficial del proceso.
Al cierre de esta edición, aún las autoridades electorales del Perú deben revisar más de 20.000 votos, pero ya con la diferencia que lleva Keiko Fujimori es virtualmente imposible que Sánchez, el candidato izquierdista y heredero político del encarcelado expresidente Pedro Castillo, pueda llegar a ocupar la Casa de Pizarro. Ahora busca implantar la teoría del fraude electoral en los sufragios en el extranjero.
El candidato de izquierda sostiene que una modificación introducida para la segunda vuelta permitió que las actas consulares fueran enviadas físicamente a Lima en lugar de ser digitalizadas inmediatamente tras la votación, como ocurrió durante la primera vuelta. A su juicio, ese cambio debilitó las garantías del proceso. Sánchez detalló que una resolución jefatural de la Onpe, emitida el 29 de mayo a solicitud de la Cancillería, modificó la normativa vigente al retirar la obligatoriedad de digitalizar y escanear las actas inmediatamente.
“Creemos que ha ocurrido una afectación grave al proceso electoral, específicamente aquellas llevadas adelante por las oficinas consulares. Me refiero al voto del exterior. Esta grave afectación deviene por una resolución de la Onpe (Oficina Nacional de Procesos Electorales) que, a solicitud del Ejecutivo, es decir, de la Cancillería, le bajó los estándares de convicción del voto de seguridad jurídica al proceso electoral”, sostuvo el candidato del movimiento Juntos por el Perú.
El partido liderado por Sánchez presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el canciller, Carlos Pareja, imputándole los presuntos delitos de fraude electoral, obstrucción de actos electorales y omisión de funciones. Además, anunció que su equipo legal presentaría un nuevo recurso para anular los votos de peruanos en el extranjero. Finalmente, el líder izquierdista declaró abiertamente que no reconocerá el Gobierno de Keiko Fujimori si el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) no resuelve a su favor.
Las actas en el exterior son claves para Roberto Sánchez, ya que, en cuanto a votos se refiere, él triunfó dentro del territorio nacional peruano con el 50,102 por ciento de los sufragios sobre el 49,898 por ciento que obtuvo Fujimori. En los consulados, la balanza se inclinó hacia el lado de la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori. La líder derechista arrasó con el 63 por ciento frente al 37 por ciento de su rival. Esto explica el apuro de Sánchez para desconocer y denunciar la votación en el extranjero.
La no reacción internacional
El resultado no pasó desapercibido en América Latina. La reacción más ruidosa vino de Colombia, pues el presidente Gustavo Petro se adelantó al escrutinio oficial. Con apenas el 93 por ciento de las mesas contadas, Petro declaró en X: “El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú” y anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Lima.
El problema fue que a los pocos días Fujimori logró la ventaja, y la declaración causó una ola de críticas en Colombia. Legisladores opositores le recordaron que, cuando su candidato, Iván Cepeda, perdió la primera vuelta en su propio país, su misma reacción fue pedir que se esperaran los escrutinios para dictaminar su posición electoral frente a los resultados.
Semanas después, en medio de los resultados de la segunda vuelta colombiana, Petro volvió a invocar el caso peruano. “Nos acercamos a la situación peruana, en donde es la votación del exterior, especialmente en EE. UU., la que pone presidente”, cosa que tampoco terminó pasando, ya que el candidato opositor, Abelardo De La Espriella, ganó en los escrutinios tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. Con el triunfo virtual del fujimorismo, el mandatario colombiano no ha vuelto a pronunciarse sobre las elecciones en Perú.
Este silencio fue lo que predominó dentro del resto de los Gobiernos de izquierda en la región. Cuba, Nicaragua y Brasil no emitieron declaración pública alguna sobre el resultado peruano. Venezuela, cuya presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sí habló sobre las elecciones colombianas ese mismo día, tampoco se refirió al triunfo de Fujimori. Para Caracas, que mantiene relaciones tensas con Lima desde hace años y vio en Sánchez al heredero político del expresidente Pedro Castillo, aliado histórico del chavismo, la derrota en Perú fue, sencillamente, un resultado que no merecía ser reconocido en voz alta.
En cambio, la derecha en la región no esperó la proclamación oficial para reaccionar. Los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Flavio y Eduardo, reconocieron públicamente a Fujimori como “presidenta electa”. El expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso le deseó éxito en su futura gestión, y el exmandatario colombiano Iván Duque afirmó que el resultado representa un mensaje en defensa de la democracia y la institucionalidad. La propia Fujimori, por su parte, felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. “Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina”, dijo.
El triunfo de Fujimori se inscribe en el giro a la derecha que atraviesa América Latina, impulsado en varios países por el rechazo al populismo de izquierda y la promesa de mano dura frente a una ola de inseguridad ciudadana.
Fujimori asumirá el poder el 28 de julio, fecha constitucional de investidura en Perú, en un país que completará diez presidentes en poco más de diez años, ya sea por renuncias o destituciones, y con un Congreso donde ningún bloque tiene mayoría absoluta. La gobernabilidad será el primer desafío de una presidencia que nació dividida voto a voto.
El reto es mayúsculo desde el arranque. El diseño institucional peruano, que en teoría era presidencialista, ha mutado en la práctica hacia un esquema en el que el Congreso concentra un poder de destitución casi irrestricto y en el que ningún presidente llega con más de 25 o 30 legisladores propios, lo que lo hace permanentemente vulnerable a mociones de vacancia. Fujimori no será la excepción: la duración promedio de un jefe de Estado peruano desde 2016 ha caído a un año, seis meses y trece días.
Sin embargo, hay un factor que diferencia a Fujimori de sus predecesores inmediatos: llega con su propio partido como primera fuerza en ambas cámaras del nuevo Congreso bicameral. Fuerza Popular obtuvo 41 escaños en la Cámara de Diputados y 22 en el Senado, convirtiéndose en la bancada más numerosa del Legislativo. Sumados los ocho escaños de Renovación Popular, el bloque de derecha alcanza 30 curules en el Senado, lo que le da a Fujimori una base de negociación que ninguno de sus ocho predecesores tuvo desde 2016 y una muestra de que su victoria es sin duda una muestra de estabilidad para el futuro del país.