El Gobierno Nacional salió a ponerle freno a los cobros excesivos del impuesto predial en distintos municipios del país.
A través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), les pidió a las alcaldías revisar y corregir de inmediato las liquidaciones que estén por encima de los límites que fija la ley, en medio de las quejas de propietarios por incrementos que consideran desbordados tras procesos de actualización catastral.
El mensaje central de Planeación es que una cosa es el avalúo catastral y otra, muy distinta, el impuesto predial. El avalúo corresponde al valor técnico del predio que determinan las autoridades catastrales, mientras que el impuesto surge de aplicar sobre esa base la tarifa definida por cada concejo municipal.
Por eso, el DNP insistió en que una actualización catastral no autoriza, por sí sola, alzas desproporcionadas en el cobro que reciben los contribuyentes.
Ahí entra el soporte legal que no es menor. De acuerdo con lo recordado por el DNP, la Ley 44 de 1990 y la Ley 1955 de 2019 establecen límites concretos al aumento del impuesto predial: para los predios de menos de 100 hectáreas, el cobro no puede subir más de 50% frente al año anterior; y para los de mayor extensión, el incremento no debe superar el 100%.
Ese punto es hoy el centro de la discusión, porque en varios casos ciudadanos han denunciado facturas que, según el Gobierno, deben ser revisadas si superan esos topes.
La advertencia del DNP también tiene un mensaje práctico para los propietarios: si el recibo llega con un aumento que rebasa esos límites, no debería asumirse como definitivo sin antes exigir revisión ante la alcaldía correspondiente.
En esa línea, el Gobierno abrió mesas de diálogo y articulación institucional para atender reclamos ciudadanos relacionados con avalúos e impuestos territoriales y, al mismo tiempo, hacer seguimiento a que las administraciones locales apliquen la ley de forma estricta.
El trasfondo de la controversia está en la actualización catastral, una herramienta que el Ejecutivo defiende como necesaria para modernizar la información del territorio, saber quién tiene qué predios, dónde están y para qué se usan.
Pero el problema aparece cuando ese ajuste técnico termina trasladándose al bolsillo de los ciudadanos con cobros que pueden resultar desproporcionados. Ahí es donde el Gobierno está trazando una línea, actualizar el catastro sí, pero sin desconocer los límites legales del predial.
En otras palabras, la discusión no es solo tributaria. También pone sobre la mesa hasta dónde puede llegar la presión fiscal sobre los propietarios en medio de un proceso de modernización catastral que, sin correctivos, corre el riesgo de convertirse en un golpe para miles de hogares rurales y urbanos.