Una nueva ley de “unidad étnica” entró en vigor en China este miércoles en medio de fuertes críticas de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, que advierten que la normativa podría reforzar la “asimilación forzada” de las minorías étnicas del país y restringir aún más sus derechos culturales, lingüísticos y religiosos.
La Ley de Promoción de Unidad y Progreso Étnico tiene como objetivo fortalecer una identidad nacional “compartida” entre todos los grupos étnicos del país.
Para ello, formaliza políticas que impulsan el uso del mandarín como el “idioma nacional común” y promueve una mayor integración bajo los lineamientos establecidos por el Estado.
El texto también establece sanciones contra quienes participen en “actividades terroristas violentas, actividades de separatismo étnico o actividades de extremismo religioso”, conceptos que, según críticos de la normativa, podrían aplicarse de forma amplia y afectar el ejercicio de derechos fundamentales de las minorías.
La organización Amnistía Internacional cuestionó duramente la entrada en vigor de la ley. Según la entidad, la legislación “presiona a grupos étnicos como los uigures, tibetanos y mongoles a adoptar una única identidad nacional definida por el Estado y dominada por la cultura china (de la etnia dominante) han”.
Además, la subdirectora regional de Amnistía Internacional, Sarah Brooks, afirmó el martes en un comunicado que la norma exige “alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino” e “institucionaliza aún más las políticas de asimilación forzada” dirigidas contra los grupos minoritarios.
China reconoce oficialmente 55 minorías étnicas dentro de su territorio. Sin embargo, en regiones con una importante presencia de estos grupos, como el Tíbet, el gobierno ya estableció el mandarín como lengua oficial de enseñanza, una política que durante años ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Las preocupaciones también llegaron desde el sistema internacional. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió derogar la legislación.
La semana pasada, representantes tibetanos y uigures aseguraron que la nueva norma criminaliza su identidad cultural, religiosa y lingüística.
De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán también reaccionó al anuncio y expresó este miércoles su “fuerte condena” contra la ley. A juicio de la cartera, la normativa amplía las “amenazas y la intimidación contra el pueblo de nuestro país y otras naciones”.
“En el futuro, individuos de cualquier país cuyas palabras o acciones no sean aceptables para China podrán ser perseguidos” bajo la ley, agregó el ministerio taiwanés.
China considera a Taiwán parte de su territorio y mantiene su postura de que no descarta recurrir al uso de la fuerza para asumir el control de la isla, que cuenta con un gobierno democrático.
*Con información de AFP.