Apenas 18 minutos duró la tercera audiencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Manhattan, en el proceso que enfrenta por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas destructivas. El exmandatario venezolano fue capturado en Caracas el pasado 3 de enero durante una operación militar de Estados Unidos. Ahora enfrenta un panorama judicial incierto, mientras el juicio quedó programado para junio del próximo año.
Lo primero que llamó la atención fue el físico de Maduro. Llegó en completo silencio a la sala, en un uniforme de prisión color caqui, zapatillas deportivas y sin esposas, usando gafas y audífonos para la traducción simultánea de lo que decía el juez Alvin Hellerstein y su defensa en la corta audiencia. El exmandatario venezolano lucía físicamente casi irreconocible frente a la imagen que mostraba antes de su captura.
Según estimaciones de los testigos, el exdictador venezolano ha perdido entre 12 y 15 kilos desde su detención en Venezuela a principios de año. Por ejemplo, el caricaturista venezolano Jorge Torrealba, quien ha asistido a todas las audiencias para realizar bocetos judiciales del caso, aseguró que, “a diferencia de la última vez, lo vi bastante flaco, lo vi canoso”. El periodista Roberto Macedonio dio el mismo testimonio, pues lo notó “físicamente desmejorado, más delgado, con las facciones de la cara más claras, el cuello más arrugado, los brazos mucho más delgados, vestido de reo”.
La esposa de Maduro, Cilia Flores, también reveló una diferencia física notoria. Se le vio más delgada, con el cabello recogido, con gafas y el mismo uniforme caqui del exmandatario. Un detalle que llamó la atención fue que, según Macedonio, durante toda la audiencia la pareja nunca cruzó ni una mirada.
También se percibió un cambio marcado en la actitud de Maduro: lejos del tono desafiante que solía exhibir, esta vez se mostró contenido ante el tribunal estadounidense. En esa ocasión, se presentó como “un prisionero de guerra” y declaró: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente; el presidente constitucional de mi país”, y aseguró que estaba secuestrado.
En su segunda cita con la justicia, a finales de marzo, Maduro mostró tics nerviosos y se estiraba en la silla. Pero esta vez fue diferente, no le dijo una sola palabra al juez. Al ingresar, saludó a toda la sala con un “Good morning”. Durante la audiencia tomó notas, bebió agua y sonrió varias veces a su equipo de defensa. Al finalizar, quiso conversar con su abogado, Barry Pollack. Aunque los oficiales intentaron impedirlo, el juez Hellerstein autorizó el encuentro.
Al concluir la diligencia, Maduro levantó la mano para saludar a los presentes, entre quienes había juristas venezolanos y antiguos presos políticos, que no correspondieron al gesto del depuesto dictador. Así terminó su tercera comparecencia ante el tribunal, mientras la batalla judicial de Estados Unidos en su contra apenas comienza a tomar forma y su desenlace aún parece lejano.
La tormenta que se avecina
En el plano judicial, el hecho más relevante de la audiencia fue la decisión del juez de fijar para el primero de junio de 2027 el inicio del juicio contra Maduro. Para esa fecha terminarían las audiencias preliminares; tendría la siguiente el próximo 2 de septiembre y luego el 17 de noviembre de este año, cuando se estudiarán las mociones de la defensa. A mitad del próximo año, la Fiscalía de Estados Unidos buscará encerrarlos tras las rejas prácticamente por el resto de su vida, mientras que su equipo de defensa pretende liberarlo a toda costa.
Durante estos meses, Pollack y su equipo han venido afinando la estrategia para buscar la liberación de Maduro. Su principal argumento será solicitar la desestimación del proceso con base en la inmunidad, al sostener que no puede ser perseguido penalmente por haber ejercido como jefe de un Estado soberano. Aunque esta tesis ya fue planteada, la defensa intentará incorporarla nuevamente al caso con el propósito de lograr su libertad.
Otro argumento cuestiona la legalidad misma de la captura de Maduro, ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos. Según Pollack, esta debería ser considerada como una “abducción militar”. Sostiene que el uso de fuerza castrense estadounidense para detener a un jefe de Estado extranjero plantea problemas de jurisdicción que deben resolverse antes de cualquier juicio.
A estas tesis se suma un tercer eje, revelado por el abogado Michael Rips en un artículo publicado en The New York Times, que traslada la disputa a un terreno totalmente distinto, como lo es el arbitraje internacional. Según Rips, la base jurídica se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando los presidentes William Howard Taft y Woodrow Wilson impulsaron el arbitraje como mecanismo para resolver disputas entre naciones.
Ese ideal quedó plasmado en el tratado de extradición firmado entre Estados Unidos y Venezuela en 1922, que sigue vigente y establece que “toda diferencia sobre la interpretación o ejecución del tratado debe resolverse mediante arbitraje internacional”, según cita el artículo del Times.
El argumento de Rips es que, al haber denunciado formalmente el Gobierno venezolano que la captura de Maduro violó el derecho internacional y los términos del tratado de extradición de 1922, existe una controversia directa sobre la aplicación de ese acuerdo. Esto obligaría, según su lectura, a que el juez Hellerstein suspenda el proceso penal y remita la disputa a un panel de árbitros independientes, en lugar de continuar con el trámite judicial ordinario.
Por su parte, la estrategia del Departamento de Justicia de EE. UU. ha consistido en negar la legitimidad del depuesto dictador. Washington dejó de considerar a Maduro presidente legítimo de Venezuela en 2019, tras unas elecciones que calificó de fraudulentas, y mantuvo esa posición durante el primer gobierno de Trump y la administración de Joe Biden.
Incluso existe el precedente clave del caso de Manuel Noriega en 1997, cuando el expresidente de facto de Panamá invocó inmunidad de jefe de Estado frente a cargos de narcotráfico y lavado de dinero, y tanto la corte de distrito como la de apelaciones rechazaron el argumento. La diferencia es que Noriega nunca ostentó el título formal de presidente, mientras que Maduro sí lo tuvo, lo que haría su caso ‘más fuerte’, pero no necesariamente decisivo.
Para el argumento de Rips, también hay un contraargumento, ya que el Noveno Circuito había fallado que un tratado de extradición vigente con México prohibía implícitamente el secuestro, pero la Corte Suprema revocó esa lectura y sostuvo que el tratado no impedía la abducción, salvo que lo dijera expresamente. Por tanto, se cree que la Fiscalía argumentará algo similar frente al tratado de 1922: la cláusula de arbitraje no fue diseñada para bloquear una captura por la fuerza y no despoja a la Corte de jurisdicción.
Con las mociones de la defensa por presentarse antes del 2 de septiembre y los argumentos orales fijados para el 17 de noviembre, el verdadero pulso judicial contra Nicolás Maduro apenas comienza. Antes de que un jurado escuche una sola prueba sobre las operaciones de narcotráfico por las cuales acusan al depuesto dictador, la corte de Manhattan deberá resolver primero si tiene siquiera la autoridad para juzgarlo, en un litigio que promete redefinir la jurisdicción estadounidense sobre exmandatarios extranjeros.