Han pasado más de nueve meses desde que la Delta Force del Ejército de los Estados Unidos tocó la puerta de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas para capturarlos y llevarlos ante la justicia por cargos ligados al narcotráfico. Pero esta semana se les hicieron nuevas acusaciones que podrían dar un vuelco en el caso.
La Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó este 8 de octubre una nueva acusación contra Maduro y Flores, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El documento, de 30 páginas, incorpora un cargo de conspiración para cometer tortura y extiende a Flores la imputación de conspiración de narcoterrorismo, que hasta ahora recaía solo sobre quien lideró el régimen.
La hipótesis señala que Maduro y Flores lideraron un sistema de represión basado en violencia contra la oposición, detenciones arbitrarias y tortura de detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. La Fiscalía estadounidense dice que, desde al menos 1999, miles de venezolanos fueron hostigados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados por personas que actuaban con la autoridad del Estado, y que esa violencia aumentaba en periodos de inestabilidad política.
Para ello habrían usado unidades militares, los colectivos y los grupos narcoterroristas con los que trabajaban en el tráfico de drogas. Entre ellos, están las guerrillas colombianas de las Farc y el ELN, que ahora Estados Unidos señala como parte del entramado del terror de Maduro y el régimen venezolano.
El comunicado menciona descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, inanición, celdas de castigo y tortura psicológica, como amenazas de dañar o matar a las familias de las víctimas. La acusación describe golpizas y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) aparece citada varias veces. Este esquema habría sido aprobado por Maduro.
Pero los vínculos con el narcoterrorismo no terminan ahí. Según la acusación, la pareja usó sus cargos públicos para enriquecerse con el narcotráfico y la corrupción y para mantenerse en el poder mediante un sistema de represión. La Fiscalía afirma que la conspiración de narcotráfico se extendió hasta cerca de 2025 y contó con la colaboración de grupos como las Farc, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
Esas organizaciones enviaban cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos a través de puntos de tránsito en el Caribe y Centroamérica. En el caso de las Farc, el escrito describe una reunión en 2013 con Maduro y Flores en la que participaron Timochenko, Iván Márquez y Jesús Santrich. Maduro habría aceptado venderles explosivos de las reservas militares para cubrir parte de una deuda.
Sobre el ELN, se habla de tráfico de cocaína desde Venezuela con vuelos clandestinos aprobados por funcionarios corruptos del régimen, una oferta directa de Flores en 2007 y de contratos de PDVSA a grupos alineados con el ELN para facilitar negociaciones con esa organización; así como órdenes a miembros de la DGCIM de transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína vinculados a ambas guerrillas.
Con estos nuevos cargos, si son declarados culpables, Maduro y Flores enfrentarían un mínimo obligatorio combinado de 50 años de prisión, según el cálculo de esa agencia. El cargo de narcoterrorismo conlleva un mínimo de 20 años y un máximo de cadena perpetua, y el de conspiración para cometer tortura, un máximo de 20 años. A la pareja le puede esperar una vida tras las rejas.