La Fiscalía de Estados Unidos imputó este jueves a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, por delitos de tortura contra personas detenidas, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Según la justicia de EE. UU., tales delitos ocurrieron en el marco de un “sistema de represión que recurría a la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de personas detenidas”.
Luego de esta decisión, un magistrado federal de Nueva York negó la petición de prisión domiciliaria presentada en favor de Cilia Flores, que le habría permitido cumplir su detención preventiva en una vivienda particular ubicada en la ciudad.
“Con todo el dinero que está en juego y todos los contactos que la señora Flores tiene con el Gobierno de Venezuela y las personas que lo integran, el riesgo es grave”, dijo el juez Alvin Hellerstein, según confirmó CNN.
“No hay ninguna combinación que haga que ese riesgo sea menos grave”, anotó.
El juez determinó que las medidas planteadas por la defensa de Flores no son suficientes para reducir el “riesgo extremo de fuga” que la Fiscalía atribuye a la acusada.
Flores enfrenta señalamientos por narcotráfico, lavado de activos y corrupción, delitos ante los cuales se ha declarado inocente.
A estos cargos se sumó este jueves una nueva acusación presentada por los fiscales contra ella y Maduro, relacionada con presuntos actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses.
Durante la audiencia, el juez Hellerstein advirtió que, en caso de que Flores lograra escapar, existiría una alta probabilidad de que Venezuela se negara a extraditarla nuevamente a Estados Unidos para que respondiera ante la justicia por los cargos en su contra.
En ese contexto, el magistrado enfatizó que “siempre hay formas de escapar”.
Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.
Un reporte judicial hecho público el jueves muestra que ahora ambos enfrentan el cargo de conspiración para cometer tortura y señala que “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.
El supuesto objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.