Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, insistieron este jueves, 19 de marzo, ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita para reforzar su petición de desestimar la acusación, según reportaron varios medios internacionales.
Los abogados de ambos acusados, Barry Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron ante la corte del Distrito Sur de Nueva York declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear su defensa y manifiestan su disposición a entregar documentación financiera si el tribunal lo requiere. La audiencia más próxima está prevista para el próximo 26 de marzo.
El argumento central de la defensa es que Washington les está impidiendo ejercer su derecho constitucional a elegir sus propios abogados. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que la defensa alega interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal. En el escrito, la defensa destaca que la negativa viola la Sexta Enmienda de la Constitución.
“Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución para la vulneración de su derecho a elegir a su propio abogado”, manifiesta el documento.
El 9 de enero, la OFAC emitió por error administrativo licencias iniciales que autorizaban el pago mediante fondos del Gobierno venezolano. Al detectar el error, revocó la licencia de Maduro ese mismo día y la de Flores el 28 de febrero. El abogado de Maduro advirtió que si el tribunal no desestima la acusación y las restricciones financieras continúan, podría verse obligado a retirarse de la defensa del caído dictador.
La Fiscalía rechazó la solicitud con contundencia. Los fiscales calificaron la petición de “extraordinaria” y sostuvieron que las regulaciones de la OFAC prohíben expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de los abogados de otra persona también sancionada. Añadieron que desconocían cualquier caso anterior en que la OFAC hubiera permitido que un gobierno extranjero sancionado pagara los honorarios legales de otra persona sancionada.
La Fiscalía fue más lejos y sostuvo que, al menos desde la perspectiva del Gobierno de Estados Unidos, los acusados no tendrían derecho a ningún beneficio del Gobierno venezolano, ya que “no eran funcionarios ni empleados legítimos de Venezuela”.
Las licencias vigentes permiten a Maduro y Flores usar sus propios fondos personales y conjuntos, pero rechazan el uso de fondos de terceros sancionados. La Fiscalía subraya que las sanciones preexisten a los cargos y tienen un propósito de seguridad nacional independiente, fundamentado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Ante ese escenario, la defensa pide al juez Alvin Hellerstein que se desestimen los cargos por ser un proceso “inconstitucionalmente defectuoso” o que se realice una audiencia para discutir el caso. “El único remedio es el sobreseimiento, dado que este tribunal no puede permitir que el presente caso prosiga en violación de los derechos constitucionales del Sr. Maduro y de la Sra. Flores de Maduro”, indica el documento legal.