El dictador venezolano, derrocado por Estados Unidos en una operación sin precedentes llevada a cabo el pasado 3 de enero, podría estar enfrentando un problema que involucra a gastos en su defensa, según un documento publicado el fin de semana.
Según el texto, Maduro no debería poder usar fondos del Gobierno venezolano para defenderse contra cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Así lo dieron a conocer fiscales estadounidenses, asegurando que Washington no lo ha considerado el líder legítimo de Venezuela durante años.
Barry Pollack, abogado de Maduro, fue quien instó al juez del distrito Alvin Hellerstein, a desestimar la acusación contra el dictador venezolano porque —según él— el Departamento del Tesoro había revocado una exención de sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela, que había permitido al Gobierno del país sudamericano financiar su defensa, según reportó Reuters.
Los fiscales informaron entonces al juez, en un documento que se presentó el pasado viernes 13 de marzo, que la solicitud de recibir pagos por parte del Gobierno de Venezuela es “extraordinaria”.
Por otro lado, las autoridades fiscales le pidieron al juez denegar la moción para desestimar la acusación asegurando que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac) sí habría otorgado licencia a Nicolás Maduro para acceder a sus fondos personales en Venezuela.
No obstante, la Ofac rechazó la petición presentada por los acusados de obtener una excepción adicional que les permitiera cubrir los costos de su defensa jurídica mediante fondos discrecionales administrados por un gobierno sujeto a sanciones.
La razón es que la normativa de la Ofac prohíbe de manera explícita emplear recursos pertenecientes a una entidad sancionada para pagar los honorarios de los abogados que representan a otra persona también sancionada, según indicaron los fiscales.
Asimismo, la negativa de la Ofac a conceder dicha solicitud no implica —como alegan los acusados— que el Gobierno haya vulnerado su derecho a la defensa ni que haya infringido las garantías del debido proceso.
“Si bien ambos acusados afirman tener derecho a recibir fondos en virtud de la Constitución venezolana..., ambos acusados seguramente también sabían que el Gobierno de Estados Unidos no los consideraba ocupantes de cargos legítimos”, escribieron los fiscales, señalando que uno de los objetivos de las sanciones estadounidenses era expulsar del poder a Maduro y Flores.
De acuerdo con Reuters, los fiscales dijeron que Maduro y su esposa, Cilia Flores, aún podrían usar sus fondos personales para su defensa.
El abogado de Flores, Mark Donnelly, también le había pedido a Hellerstein que desestimara los cargos en su contra relacionados con la financiación de su defensa.