En los tres meses transcurridos desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ejecutado la mayor redistribución de poder que ha vivido el país en décadas, con 17 ministros reemplazados, toda la cúpula militar destituida y al menos tres empresarios cercanos al círculo de Maduro detenidos.
El alcance de esa reestructuración, que en sus trazos generales era conocido desde hace semanas, queda documentado ahora en un extenso reporte del New York Times basado en entrevistas con más de una decena de funcionarios venezolanos bajo condición de anonimato, quienes describieron un entorno de ansiedad, vigilancia y miedo a represalias entre los antiguos aliados del gobierno depuesto.
Los nombres más relevantes ya habían trascendido, como el de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde los tiempos de Maduro y considerado uno de los hombres más poderosos del país; fue destituido en marzo y relegado al Ministerio de Agricultura.
El fiscal general Tarek William Saab fue despedido, recibió un cargo de consuelo y luego fue despedido de nuevo. La enviada de inmigración y esposa de Alex Saab, Camila Fabri, perdió su puesto; días después, su marido fue detenido.
El primer gran nombre en caer fue el del mismo Alex Saab, el empresario colombiano señalado por lavado de activos en Estados Unidos y una de las personas más cercanas a Maduro. Saab había sido liberado en 2023 por la administración Biden en medio de negociaciones con la dictadura.
Rodríguez lo destituyó como ministro de Industria el 16 de enero, agradeciéndole públicamente “su labor al servicio de la patria”. Dos semanas después había sido detenido. Según el New York Times, funcionarios estadounidenses y Rodríguez negocian su posible extradición a Estados Unidos.
A Saab se suman los empresarios Raúl Gorrín y Wilmer Ruperti, también detenidos según personas cercanas a Rodríguez. Gorrín enfrenta cargos de corrupción en Estados Unidos. Ninguna de las tres detenciones ha sido confirmada oficialmente ni ha dado lugar a acusaciones públicas.
En paralelo, Rodríguez relevó al embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, quien ocupaba el cargo desde 2017, y lo sustituyó por una diplomática de su círculo de confianza. El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y un hijo de su esposa Cilia Flores han sido apartados de negocios con el Estado, según fuentes del gobierno citadas por el medio estadounidense.
El New York Times describe un esquema en el que Rodríguez utiliza la amenaza de coerción estadounidense como herramienta para desplazar a figuras antes consideradas intocables. Varios funcionarios venezolanos de alto rango citados por el diario señalan que Rodríguez gobierna “con una pistola en la cabeza”, en referencia a la presión de Washington, que tras capturar a Maduro amenazó con actuar de nuevo si los nuevos dirigentes se negaban a cooperar.
El único ministro de alto rango del gobierno de Maduro que se mantiene en su cargo es Diosdado Cabello, jefe del aparato represivo del partido gobernante y buscado por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Su permanencia, según el New York Times, se explica por sus vínculos con grupos armados progubernamentales, lo que lo convierte simultáneamente en un aliado valioso y en un objetivo de alto riesgo. Su hija fue nombrada ministra de Turismo; su primo y su hermano mantienen sus cargos al frente de la policía secreta y el servicio fiscal.
La oposición venezolana advierte que los cambios no apuntan hacia una democratización. Según el diario, afirma que Rodríguez está consolidando su propio poder en lugar de devolver el país a un orden democrático. Los cambios han aportado, según el diario, “poca transparencia o pluralismo a un gobierno que sigue siendo autoritario”.