Doce personas fueron acusadas formalmente en Estados Unidos en una operación federal que desarticuló una sofisticada red migratoria y financiera que, entre 2021 y junio de 2025, movilizó más de 18 millones de dólares mediante fraude de asilo, tráfico de personas y lavado de dinero, según el Departamento de Justicia.
La investigación, liderada por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y ejecutada en el marco de la operación Take Back America y la Joint Task Force Alpha, concluyó con cargos por conspiración en múltiples delitos y dejó en evidencia un esquema criminal transnacional con apoyo logístico e institucional del DHS, CBP y autoridades de las Islas Caimán.
Los acusados, incluyendo residentes en Florida, Tennessee, Texas y Cuba, estaban encabezados por Lázaro Alain Cabrera Rodríguez, radicado irregularmente en Hialeah, Florida, junto con Yuniel Lima Santos y Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos en Tampa, Liannys Yaiselys Vega Pérez en Tennessee, Walbis Pozo Dutel en Texas, Marianny Lucía López Torres y Frandy Aragón-Díaz en Cuba.
Según los documentos judiciales, el grupo promocionaba sus servicios en redes sociales y plataformas encriptadas, gestionando fraudulentamente visas, permisos laborales y solicitudes de asilo a través de la fachada Asesiría y Servicios Migratorios LLC.
Se presentaron cientos de solicitudes con información falsa, algunas incluso con identidades europeas ficticias, buscando vulnerar los procesos migratorios de Estados Unidos.
El monto cobrado por cada migrante oscilaba entre 1.500 y 40.000 dólares, y se rastrearon más de 2,5 millones de dólares en pagos por vuelos y más de 7 millones de dólares a través de plataformas digitales como Zelle.
En algunos casos incluso alquilaron aviones privados, y hasta una menor fue instruida para hacerse pasar por amiga de un adulto no relacionado para cruzar la frontera.
La fiscal general adjunta Pamela Bondi afirmó: “No descansaremos hasta que quienes se benefician del sufrimiento de las personas vulnerables enfrenten una justicia severa e integral”, mientras que el director de USCIS, Joseph Edlow, destacó que el esquema operó durante años con el objetivo de socavar el sistema migratorio norteamericano a través de solicitudes masivas fraudulentas.
Esta acción marca un precedente clave en la ofensiva contra esquemas migratorios que explotan la vulnerabilidad de quienes buscan cruzar legalmente, y subraya la importancia de acudir solo a canales oficiales. Las autoridades advierten que quienes han recurrido a intermediarios no autorizados podrían enfrentar demoras o revisiones más estrictas en sus procesos migratorios.