Un panel del Primer Distrito de la Corte de Apelaciones de Florida declaró inconstitucional la prohibición que impedía a los ciudadanos portar armas de fuego abiertamente en espacios públicos, incapaz de justificarse bajo los estándares históricos de la Segunda Enmienda de Estados Unidos, según la opinión emitida por la jueza Stephanie W. Ray, acompañada por las juezas Lori Rowe y M. Kemmerly Thomas.
El caso que motivó el fallo involucra a Stanley McDaniels, arrestado en 2022 en Pensacola por exhibir una pistola visible durante una protesta mientras sostenía una copia de la Constitución.
El tribunal concluyó que Florida no aportó una tradición histórica específica que respalde prohibiciones absolutas al porte abierto, obligando al Estado a reconocer ese derecho como protegido.
El fiscal general, James Uthmeier, instruyó a todas las fuerzas del orden y fiscales estatales a acatar la decisión y abstenerse de detener o procesar a personas que porten armas de fuego visibles, ya que “a partir de la semana pasada, el porte abierto de armas es ley en el estado”.
Sin embargo, la implementación no será automática en todos los condados. Algunas autoridades como los sheriffs de Pinellas, Polk, Hernando y Manatee han señalado que la resolución se hace aplicable tras un periodo de apelación de 15 días, que concluye el 25 de septiembre de 2025, y que ciertos distritos podrían estar bajo otras jurisdicciones que aún no aceptan el fallo como vinculante.
A pesar de este nuevo marco legal, persisten numerosas restricciones. Seguirán prohibidos los porte abierto de armas en escuelas, tribunales, ciertos edificios gubernamentales y propiedades privadas que lo prohíban explícitamente. Las personas que porten armas visibles podrían ser instadas a retirarse de comercios privados o lugares cerrados donde se establezca esa política.
El gobernador Ron DeSantis respaldó la decisión públicamente y urgió al poder legislativo estatal a codificar estas nuevas libertades, al tiempo que ya existían gestos previos como feriados fiscales en ventas de armas, municiones y equipos relacionados, además de propuestas para ampliar derechos vinculados con la Segunda Enmienda.
Analistas legales señalan que este fallo se inscribe en la línea trazada por el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen (2022) de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el cual se estableció que las leyes sobre armas deben respetar tradiciones históricas si restringen derechos constitucionales. Florida, al no demostrar una historia que respalde su prohibición, vio la norma derogada.
Quedan en el aire preguntas prácticas: cómo y cuándo los residentes verán aplicables cambios, cómo se entrenará a cuerpos policiales para evitar abusos o confusiones, y cómo las comunidades afectadas, tanto partidarios como opositores, responderán al visible cambio en la gestión de la seguridad.
El fallo ya ha generado un debate público sobre equilibrio entre derechos constitucionales y de seguridad ciudadana.