El Consejo de Generales en Reserva (CGREN) elevó su voz para rendir homenaje a las víctimas de aquel episodio ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, que calificó como “una afrenta directa contra la democracia, la justicia y la institucionalidad del Estado colombiano”.
Según recordaron, la acción del grupo armado M-19 implicó secuestros, asesinatos y destrucción de bienes, afectando tanto a magistrados y funcionarios judiciales como a soldados, policías y civiles que se encontraban en el edificio.
“El Palacio de Justicia fue atacado, la palabra fue callada por las balas y la patria lloró a sus mejores servidores”, dicen sus palabras.
El CGREN enfatizó en que las víctimas merecen un reconocimiento permanente y que su memoria debe permanecer “inviolable”. La misiva recuerda que la violencia contra instituciones y ciudadanos nunca puede justificarse bajo ninguna causa política, y que la justicia no se toma por las armas.
Para el CGREN, la toma fue un ataque planificado que, según generales en reserva, tuvo vínculos con el narcotráfico y buscaba destruir expedientes judiciales que comprometían a grupos criminales. El Consejo de Generales sostiene que la acción del M-19 no fue un acto idealista, sino una operación criminal con fines de lucro ilícito, que utilizó la bandera de la rebelión como fachada.
El CGREN también resalta la respuesta de la institucionalidad en aquel momento: “Fue en ese instante oscuro donde la entidad mostró su temple y donde miles de hombres y mujeres del Ejército, la Policía y la sociedad civil reafirmaron su juramento de defender la República, incluso a costa de su propia vida”. Ellos han destacado la valentía de quienes enfrentaron una situaciones crítica, protegiendo lo que queda del Estado de derecho en medio del ataque.
El Consejo de Generales hace un llamado a recordar la verdad histórica sin distinciones. “Recordar no es reabrir heridas, es impedir que la mentira o la manipulación histórica desfiguren la verdad”, afirmaron.
La memoria de los magistrados, empleados judiciales, policías, soldados y civiles que murieron durante los hechos debe conservarse como un ejemplo de sacrificio y compromiso con la justicia y la República.
Ellos subrayaron que la democracia se fortalece con el respeto a las instituciones y que la libertad no se conquista destruyendo órganos judiciales ni poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. El CGREN asegura que la violencia nunca podrá ser el camino del honor y que la verdad es la base de la reconciliación verdadera.
En el pronunciamiento también recordó que Colombia ha buscado la reconciliación y la inclusión de antiguos integrantes de grupos armados insurgentes en la vida civil. Sin embargo, el Consejo de Generales enfatizó que estas oportunidades no pueden convertirse en un escenario para negar hechos históricos o minimizar la responsabilidad de quienes cometieron crímenes contra la justicia y los ciudadanos.
Ellos invitaron a reflexionar sobre la memoria histórica, el honor y la dignidad. También afirmaron que el reconocimiento a la víctimas no es solo un acto simbólico, sino un recordatorio de que la violencia contra instituciones y personas inocentes no debe repetirse. “Por las víctimas, por la República, por Colombia”, concluyó su pronunciamiento.
Cuarenta años después de aquella tragedia, el Ejército Nacional mantiene su homenaje a los hombres y mujeres que quedaron atrapados en la toma del Palacio de Justicia. Su recuerdo, insiste el CGREN, debe ser preservado para que las nuevas generaciones comprendan que la justicia no se impone por la violencia y que los sacrificios de quienes defendieron la institucionalidad no pueden ser olvidados.