Este martes 11 de agosto se reanudó la audiencia en contra de ocho personas señaladas por la Fiscalía General de hacer parte de la “red transnacional” que puso en marcha un entramado de contrabando y lavado de activos en la empresa Lili Pink.
La apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) —que fue reconocida como víctima dentro de este proceso penal— le pidió al juez de control de garantías que avale la solicitud de enviar a la cárcel a estas personas.
Esto, al señalar que la fiscal del caso presentó varias pruebas para evidenciar la participación de los procesados en “un entramado” que permitió el ingreso de mercancía de contrabando al país utilizando empresas constituidas en Panamá y Nicaragua.
En su intervención, la abogada de la DIAN señaló que existe un “grado de inferencia” frente a la creación de una “estructura organizada de carácter transnacional, que habría operado mediante la utilización sucesiva de personas jurídicas nacionales y extranjeras, con la intervención recurrente de determinadas personas con funciones societarias, financieras, administrativas y de representación”.
Esta estructura, en la que habrían participado varios empresarios panameños y nicaragüenses, “se habría articulado en torno a las sociedades comercializadoras” y sociedades identificadas como proveedoras o importadoras para llevar a cabo las acciones comerciales ilegales.
Esta estructura, citando las pruebas, habría “permitido aparentar un esquema de tercerización en la adquisición y suministro de mercancías” con destino a la sede central de Lili Pink en Barranquilla.
Otro grupo, que habría sido conformado por personas que tenían cargos básicos en las empresas de comercialización y gestión financiera, habría presentado sus nombres para la creación de empresas de papel con el fin de darles apariencia de legalidad a las operaciones de exportación e importación.
“A su vez, determinadas sociedades constituidas en Panamá habrían desempeñado funciones de titularidad accionariada a creencias o control, lo que evidencia una estructura con capacidad de organización y con componentes económicos y societarios en el exterior”, señaló la apoderada.
“En efecto, los antecedentes que dieron origen a la denuncia formulada por la DIAN y los elementos expuestos durante la audiencia permiten advertir la presunta existencia de una estructura empresarial compleja que habría operado durante varios años mediante la creación, transformación, liquidación y sustitución sucesiva de sociedades, conservando establecimientos de comercio, marcas, infraestructura operativa y la intervención recurrente de varias de las personas que hoy son imputadas”, añadió.
Todos estos hechos permiten inferir la necesidad de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los procesados con el fin de proteger las pruebas recolectadas.
“La inferencia razonable no se sustenta en la simple vinculación laboral, familiar o societaria de los imputados, sino en unos roles y actuaciones concretas que, según los elementos expuestos, cada uno habría desarrollado. Sea así como el señor Max Marvin Abadi Arari habría ejercido liderazgo y control de la organización, la dirección financiera y la administración de múltiples cuentas bancarias”, precisó.
Este empresario panameño, quien fue el cofundador de Lili Pink, habría intervenido en el control de sociedades nacionales y panameñas en la adquisición y transferencia de activos.
Otras personas relacionadas con la empresa se habrían prestado para efectuar acciones puntuales para seguir el esquema comercial, con intervención en importantes administraciones de recursos y operaciones económicas relacionadas con la adquisición y comercialización de mercantiles.
La distribución de roles llevó a la apertura y manejo de productos financieros, realización de pagos y la administración de cuentas de sociedades vinculadas, facilitando presuntamente la circulación y distribución de recursos.
En esta segunda etapa de la investigación por el entramado de contrabando que llevó, en abril pasado, a la intervención de los locales comerciales de esta reconocida marca de ropa interior femenina y accesorios, la Fiscalía vinculó al empresario Max Marvin Abadi, a su hijo David Max Abadi Homsani y al empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández.
Además, fueron vinculados los ciudadanos colombianos Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.