SEMANA: ¿Qué fue exactamente lo que detectó la Dian en ese momento y qué fue lo que encendió las alarmas?
Lisandro Junco: Ustedes están haciendo una revisión ajustada desde SEMANA del juicio que se está adelantando contra los empresarios detrás de Lilly Pink y han referenciado varias cosas que ya había advertido tras un trabajo con el Fiscal General, para garantizar que se hiciera justicia en este caso, porque yo salía en 2022 de la Dian y nos preocupaba que esto no tuviera un final feliz.
El final feliz, obviamente, es que se investigara ese entramado de contrabando, de corrupción y de defraudación en los que está la compañía. En ese caso, básicamente lo que nosotros hicimos fue una investigación milimétrica de lo que hacían ellos, por ejemplo, cambiar las etiquetas, así como pagaban a funcionarios públicos, indiscutiblemente de la Dian, y cómo buscan eliminar empresas de papel que ellos creaban para buscar devoluciones de IVA y crear importaciones ficticias.
Todo esto nos llevó a hacer una investigación milimétrica, porque era muy difícil poder detectar cuál era el nodo o quiénes estaban detrás de estas empresas expertas en contrabando textil y nos pusimos a la tarea de actuar de manera discreta, sigilosa, desde el nivel central, es decir, desde el despacho del director general, es decir, desde mi despacho.
SEMANA: ¿Cómo lograron dar con las personas que estaban cometiendo este delito al interior de la Dian?
L. J.: Empezamos a mirar qué funcionarios públicos consultaban en las bases de datos de la Dian, como esas dejaban una huella, es decir, si ‘Pepito Pérez’ consultaba la declaración de renta de una de estas empresas, yo sabía quién era ‘Pepito Pérez’. Y empezamos a detectar cuáles eran esas empresas que usualmente consultaban algunos funcionarios que tenían dudas de reputación y empezamos a detectar que precisamente estaban generando devoluciones de IVA, pero que al instante que se genera la devolución de IVA, rápidamente se liquidaban y desaparecían.
Ahí fue cuando una empresa solicita la devolución de IVA y cuando nosotros decimos ‘bingo’. Entonces, ¿qué hicimos?. Fuimos y entramos a esa empresa de papel y encontramos que estaba reclamando 11.205 millones de pesos y en una libreta, dentro de esa empresa, encontramos un papel que decía que el 7 % correspondía a funcionarios de la Dian.
Coincidencialmente esos funcionarios de la Dian eran los que nosotros habíamos visto que estaban consultando en las bases de datos de la entidad información de esta empresa. Esto nos llevó a ir mucho más a fondo y con la Fiscalía empezamos a detectar que estas empresas que estaban alrededor desaparecían, se liquidaban y no existían más y todas con un previo antecedente de devoluciones de IVA.
Dicho de otra manera, hicimos una investigación milimétrica, le entregamos toda la información de las empresas fachada, cómo hacían y armaban un teatro, cómo defraudaban al país generando devoluciones, cómo no pagaban los aranceles cuando llegaban esa mercancía. Eso se lo dejamos a la Fiscalía y, posteriormente, se lo entregamos a la Policía.
SEMANA: ‘El Ojo de la DIAN fue la herramienta clave en esta investigación. ¿Cómo logró este sistema rastrear las inconsistencias en las importaciones textiles, las facturas ficticias y el fraude con las devoluciones del IVA?
L.J.: El ojo de la Dian es una especie de software de hackeo ético, es decir, la Dian se hackea ella misma para mirar qué es lo que está pasando, qué están haciendo los funcionarios; en la importación, cómo se hacen esos levantes de mercancía, si entra un container físicamente cómo se revisó la trazabilidad de la mercancía que está ingresando.
Ese ojo de la Dian fue una herramienta que nos permitió acertar varios golpes maestros, porque no solo fue este. En el año 2022 también se dio el caso de Tierra Santa y nosotros también capturamos a Alain Suaza, contrabandistas de gran alcurnia que hoy en día está condenado. Lamentablemente el Gobierno del presidente Petro no tuvo ningún golpe. Nosotros sí, en el gobierno del presidente Duque, porque el objetivo era no solo proteger las finanzas del Estado, sino proteger que haya competencia legal.
SEMANA: ¿Por qué cree que se congela un expediente de esta magnitud durante tanto tiempo, mientras las tiendas siguen vendiendo millones al día?
L. J.: No lo sé. Tampoco puedo emitir un juicio, pero lo que sí está claro es que la Fiscalía en este momento está entregando las pruebas que desde la Dian le aportamos en la investigación y que esto termina siendo un caso de éxito, un poco lento, pero termina siendo un caso de éxito, creo que es el más importante de Colombia, porque quienes estaban detrás de estas empresas son personas muy reconocidas en el medio político, en el medio empresarial y terminamos demostrando que ese prestigio realmente estaba construido a través de actividades ilícitas.
SEMANA: ¿Siente que faltó voluntad política o judicial en medio de ese cambio de administración para darle una celeridad a este caso?
L. J.: Sin duda. Se ralentizó mucho, este caso venía rápido. Con el fiscal (Francisco) Barbosa logramos la captura de Omar Ambuila, de Alaín Suaza, se estableció todo el proceso con Tierra Santa y solo este es el que más se demora.
SEMANA: Lili Pink tiene más de 300 tiendas intervenidas por la SAE. ¿Cómo afecta al comercio formal colombiano que una marca tan popular y competitiva en precios haya construido presuntamente su modelo sobre el contrabando y el lavado?
L.J.: Si usted cumple con las obligaciones legales, el producto tiene que ser más costoso. Si usted empieza a facturar ficticiamente: que vendió telas, que vendió botones, que vendió productos, pues eso termina generando una devolución de IVA que termina abaratando el precio, obviamente, y termina generando una competencia desigual y quebrando a los que quieren hacer las cosas bien en el país.
Es que el contrabando no solo deteriora las finanzas del Estado, sino que deteriora el consumo y el comercio formal. Entonces, estos productos no tenían competencia por estas circunstancias. Era una marca que vendía productos a muy buenos precios, pero esta es la razón que está demostrándose en este momento en el proceso judicial ante el juez penal.
SEMANA: Frente a la defensa de la empresa, que argumenta que se debe proteger la marca y los empleos: ¿Hasta qué punto la ley debe ponderar la estabilidad laboral frente a un delito financiero?
L.J.: Pues es un tema de orden y legalidad. El punto concreto es que el contrabando le hace daño también a quien lo consume, porque son menos impuestos y menos recursos para poder invertir en salud, en educación, en seguridad. Pero la solución no son más reformas tributarias. La solución es hacer lo que toca hacer. La Dian tiene la obligación de capturar y poner estos recursos que se han evadido en el presupuesto para inversión social e inversión en infraestructura del país. Es que en la práctica macroeconómica esto es un hueco fiscal que no se soluciona con una reforma tributaria, se soluciona haciendo lo que toca hacer.
SEMANA: ¿Hay alguna falla estructural en el control aduanero que permite que contenedores enteros de textiles mueva miles de millones sin ser detectados hasta que ya están en las vitrinas?
L.J.: Sin duda, no lo dudo en ningún minuto, porque para eso mismo se buscó la modernización de la Dian. El comercio exterior formal es muy riguroso y cumplidor de las normas tributarias aduaneras, pero en este caso que estamos viendo, que tenemos un sistema, que buscamos los recursos para poderlo mejorar, entregamos en el año 2022 un software aduanero nuevo con riesgo, con controles, y qué hicieron: lo echaron atrás.
SEMANA: ¿Cuál es el mensaje para esa nueva administración que llega frente a todo este tema del contrabando, frente a la modernización de la Dian, como tal, y toda su estructura?
L.J.: La Dian tiene una tarea y es recaudar y ejecutar ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día tiene una cartera superior a los 70 billones de pesos. Es la cartera más alta de toda la historia de Colombia, ni siquiera en pandemia, cuando osciló entre los 20 y 25 billones. Acá estamos hablando de 70 billones que no se han recuperado.
La Dian debe recuperar esa cartera, luchar contra la evasión y luchar contra el contrabando. No más reformas tributarias cuando tenemos 70 billones de pesos sin cobrar, sin recuperar. O sea, tenemos la plata, está en la cartera de la Dian.
SEMANA: Si usted estuviera hoy al frente de la DIAN, ¿cuál sería el siguiente paso con las empresas del sector textil que operan bajo esquemas corporativos offshore similares?
L.J.: La facturación electrónica, nosotros la implementamos en el gobierno del presidente Duque, la masificamos, hay que establecer documentos equivalentes electrónicos en todos los puertos y todas las zonas francas para tener un control de inventarios desde el fabricante, desde el importador hasta el consumidor. Eso se puede hacer con una contabilidad electrónica con más documentos equivalentes electrónicos. Los datos es la solución para mejorar.