En una audiencia reservada, una juez de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel al abogado Walter Francisco Martínez Martínez , el único capturado hasta la fecha por el caso de Lili Pink.

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Desde el día de su detención, el pasado 4 de mayo, el abogado tuvo que ser trasladado a un centro médico en la ciudad de Barranquilla por presentar problemas de salud.

Desde ese lugar, asistió a las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que se extendieron por cerca de dos semanas.

En la decisión, el juez de control de garantías señaló que el procesado, por ahora, queda en detención hospitalaria mientras se recupera y le dan de alta. Posteriormente, será trasladado a un centro de reclusión que defina el Inpec.

Empresas de papel

Durante la imputación de cargos, la fiscal de la Unidad Anticorrupción señaló a Martínez Martínez de ser el representante legal de siete empresas fachada encargadas de darles apariencia de legalidad a las operaciones de una red dedicada al contrabando y al lavado de activos.

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Estas empresas habrían falsificado las facturas y movimientos contables de la empresa de ropa interior y accesorios, que tiene sedes en varias ciudades del país.

Tras una extensa audiencia, la Fiscalía le imputó al empresario los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando.

Almacenes Lili Pink Foto: Guillermo Torres / Semana

En las audiencias reservadas, a las que tuvo acceso SEMANA, el fiscal detalló a la jueza de control de garantías que Martínez constituyó la empresa Moda Mundo Importaciones S. A. S. el 26 de octubre de 2018.

En los documentos, Martínez aparece como “único socio y representante legal” de la empresa que tenía como sede la ciudad de Barranquilla.

Cuatro años después, cambió su domicilio al municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira. Cuando se quiso recolectar documentación, se encontró que la dirección que estaba en el Registro Único Tributario (RUT) se “trataba de un lote baldío”.

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A esto se suma que las personas que aparecían en el papel como representantes legales eran, en realidad, “personas con cargos operativos, como conductores, tesoreros y abogados”.

Por esto, en la imputación de cargos, la delegada de la Fiscalía no dudó en señalar que se trataba de una “organización delictiva de carácter transaccional” que puso en marcha un plan para “lograr el ingreso de mercancía al territorio nacional”.

Fuentes cercanas de la Fisclaía General le confrmaron a SEMANA que en los próximos días se realizarán seis nuevas capturas por estos hechos de contrabando y lavado de activos.