Después de cuatro años marcados por desencuentros entre el Gobierno nacional y el Distrito, Bogotá espera que la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia marque el inicio de una nueva etapa en la relación de la Casa de Nariño con el Palacio de Liévano. La expectativa no es menor.
La capital aspira a recuperar una interlocución fluida con el Ejecutivo para sacar adelante proyectos estratégicos. Durante la administración de Gustavo Petro, estuvieron rodeados de controversias políticas, diferencias técnicas y decisiones que, según la Alcaldía, terminaron afectando el desarrollo de iniciativas fundamentales para la ciudad.
La primera señal de ese cambio llegó con la reunión que sostuvieron el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el alcalde Carlos Fernando Galán. El encuentro, pactado en la catedral del 20 de Julio, uno de los primeros de De La Espriella con un mandatario regional tras su elección, sirvió para enviar un mensaje político claro: Bogotá ocupará un lugar prioritario dentro de la agenda del nuevo Gobierno.
“Bogotá será prioridad para nosotros”, manifestó el presidente electo. Aseguró que su administración trabajará de manera coordinada con el Distrito para avanzar en temas como seguridad, infraestructura, movilidad y desarrollo social. Galán, por su parte, respondió que la ciudad necesita una relación institucional basada en la cooperación para enfrentar los principales desafíos de la capital.
El acercamiento adquiere especial relevancia porque ocurre después de un cuatrienio en el que la relación entre la nación y Bogotá estuvo marcada por constantes diferencias. El caso más representativo fue la primera línea del metro, considerada la obra de infraestructura más importante en la historia de la ciudad y entre las más significativas de todo el país.
Aunque el proyecto avanzó en su construcción y ya completa un 78,69 por ciento de ejecución, la discusión política nunca desapareció. El Gobierno de Gustavo Petro mantuvo su intención de modificar el diseño para incorporar un tramo subterráneo, pese a que la obra ya había sido contratada y entrado en ejecución bajo un esquema elevado.
Esa diferencia terminó trasladándose al plano financiero. El Distrito cuestionó el retraso en los desembolsos correspondientes a las vigencias futuras de 2026, recursos que consideraba indispensables para garantizar la continuidad del cronograma de construcción. Bogotá tuvo que pagar por la nación.
Mientras que la administración distrital defendía la necesidad de respetar el contrato firmado y mantener el avance de las obras, el Gobierno nacional insistía en revisar el modelo del proyecto, convirtiendo al metro en el mayor símbolo de las tensiones políticas entre ambas administraciones.
Otro de los episodios que profundizó la distancia entre la nación y el Distrito fue el Regiotram de Occidente. La Alcaldía expresó su inconformidad con la decisión del Ministerio de Transporte de avanzar en la estructuración y toma de decisiones principalmente con la Gobernación de Cundinamarca, pese a que el sistema tendrá una presencia determinante dentro de Bogotá. En la capital se ubican, al menos, 17 de sus estaciones, casi el 70 por ciento del proyecto, y el corredor férreo se integra con la red de transporte de la ciudad.
El Distrito sostuvo que una obra de esa magnitud no podía desarrollarse sin una participación activa de la capital debido al impacto sobre la movilidad urbana y la articulación con sistemas como TransMilenio y el metro.
A esos desacuerdos se sumó un tercer frente, que durante los últimos años se convirtió en una de las principales banderas de la administración Galán: la seguridad. Desde el Palacio de Liévano se insistió de manera reiterada en la necesidad de fortalecer el pie de fuerza de la Policía Metropolitana para responder al crecimiento de delitos de alto impacto y recuperar el control en varias zonas de la ciudad.
Sin embargo, esa ayuda nunca se concretó. Incluso, cuando Petro llegó a la presidencia, le quitó a Bogotá cerca de 2.000 policías que la ciudad había financiado desde cero para que apoyaran labores de seguridad en la capital del país. En ese momento, Petro aseguró que Bogotá no los necesitaba, pues su tasa de delitos y homicidios no era la más alta entre las capitales de Colombia. Hoy el déficit de pie de fuerza de la ciudad es de 10.000 efectivos.
Además del metro y del Regiotram de Occidente, la ciudad espera avanzar en nuevas inversiones para infraestructura, fortalecer la estrategia de seguridad y consolidar una agenda conjunta que permita responder a su crecimiento. Y, de paso, asegurarle una victoria política a Galán que ayude, al final de su mandato, a probar la efectividad de su gestión sin Petro torpedeando el camino de la capital.
Por ahora, el encuentro entre De La Espriella y Galán deja la primera señal política de una relación que promete ser distinta a la vivida durante el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el verdadero alcance de ese cambio comenzará a medirse a partir del próximo 7 de agosto, cuando el nuevo Gobierno asuma formalmente el poder y deba traducir los anuncios en decisiones concretas sobre los proyectos que hoy definirán el futuro de Bogotá.