La última semana estuvo marcada en Bogotá por una serie de protestas en favor de Palestina, las cuales generaron diferentes hechos de violencia y vandalización de algunas zonas de la capital del país.
La más reciente se presentó el pasado jueves, 2 de octubre, donde los manifestantes se concentraron en el norte de Bogotá, muy cerca de la sede de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi).
La movilización empezó de manera pacífica, pero después de un tiempo derivó en violencia, cuando un grupo de encapuchados atacó el CAI de la Policía ubicado en la Avenida Chile con carrera séptima.
Los encapuchados vandalizaron la infraestructura policial, pintaron consignas alusivas a la lucha social y al conflicto internacional, y se saltaron todos los protocolos dispuestos por el distrito para atender la manifestación.
En otras movilizaciones que se adelantaron a lo largo de la semana, los manifestantes vandalizaron con pintura las instalaciones de la ANDI en Medellín, mientras que en Cali protagonizaron disturbios en la Universidad del Valle y atacaron un establecimiento comercial con artefactos incendiarios.
Sobre esto se pronunció en las últimas horas la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, quien rescató que la protesta es un derecho que tiene la ciudadanía, pero llamó la atención sobre lo límites que estas tienen.
“La protesta pacífica es un derecho constitucional y, lejos de ser condenable o negativa, constituye una manifestación legítima de la libertad de expresión, pilar fundamental de toda democracia”, señaló la entidad.
Así mismo, destacó la solidaridad que han mostrado con el pueblo palestino, en coherencia con la difícil situación de derechos humanos que se está viviendo en Oriente Medio.
Sin embargo, frente a las protestas en Colombia, la Defensoría del Pueblo señaló que estas se han dirigido específicamente contra un gremio empresarial, como lo es la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi).
“Dichas protestas parten de la consideración de que todo el gremio empresarial que confluye en dicha asociación cohonesta con los crímenes que ocurren en Gaza. En estas condiciones, la protesta estigmatizó al sector empresarial como cómplice de los crímenes en curso contra el pueblo palestino”, señaló la Defensoría del Pueblo.
“Adicionalmente, algunas de las expresiones de las protestas fueron excesivas, al incurrir en daños contra bienes públicos y privados. La protesta es un derecho, pero también conlleva responsabilidades y límites: debe ser pacífica y no generar estigmatización”, indicó la entidad.