En la Fiscalía y la Justicia Penal Militar reposa un extenso informe de la Procuraduría que pide investigar a fondo las fallas en el esquema de seguridad y protección de Miguel Uribe Turbay. El documento había pasado casi inadvertido, pero cobra nueva relevancia tras conocerse reuniones de integrantes del esquema con la banda de sicarios, un hecho que llevó al reciente cambio de escoltas asignados a su esposa, María Claudia Tarazona.
SEMANA conoció este documento, en el cual se citan declaraciones de integrantes de la organización criminal que estuvo detrás de la logística y ejecución del atentado sicarial que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial en 2025.
“Aquí sí hubo una omisión clara”, resalta la petición en la que se ponen sobre la mesa cuatro graves errores en los que habría incurrido el esquema de seguridad, facilitando, de ese modo, el acceso y movilización del joven sicario, quien se ubicó a pocos metros del dirigente político para propinarle dos disparos en la cabeza.
Las advertencias
Uno de los puntos centrales del informe advierte que la organización criminal tenía información detallada y de primera mano sobre los movimientos de Uribe Turbay y su familia, así como sobre la composición de su esquema de seguridad y la función que cumplía cada uno de sus integrantes en la protección del entonces senador del Centro Democrático. Estos datos reservados, citando a varios condenados por este magnicidio, habrían sido entregados por integrantes del esquema de seguridad y protección, lo que le da argumentos de fondo al giro que ha dado la investigación en los últimos días.
El asunto es aún más grave si se tiene en cuenta que tanto el menor que disparó como otro integrante de la logística, también menor de edad, que se presentó ante las autoridades y luego escapó, afirmaron que conocían de antemano la ubicación de los escoltas mientras el precandidato presidencial intervenía en el parque El Golfito.
“La Firma (citando al menor identificado con las iniciales E. J. M. M.) me dijo dónde estaban ubicados los policías. Me dijo que había uno en la esquina, que había otro en la esquina del Oxxo, que había otro entre la gente y que había otro que estaba rodando. Que iban a ser tres escoltas, pero no me dijo las ubicaciones, solo que había tres escoltas”, resalta el extenso informe firmado por la procuradora séptima judicial penal.
Para la Procuraduría, estas omisiones no pueden desligarse del contexto criminal. Citando testimonios de los menores implicados en el ataque, se advierte que “los escoltas estaban comprados”.
El ente de control sostiene que es imperativo continuar la investigación para determinar si existe alguna relación entre la actitud omisiva del oficial y el entramado delictivo que ejecutó el magnicidio.
Este documento cobra especial relevancia debido a dos decisiones judiciales registradas en los últimos días: la reactivación de la investigación penal contra el subcomisario de la Policía Nacional Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, por el cargo de prevaricato por omisión.
A este hecho se le suma la decisión de la Corte Constitucional que le ordenó al hasta hace poco director de la UNP, Augusto Rodríguez, ofrecer excusas públicas a la familia del dirigente político por revelar información sensible mientras el senador se debatía entre la vida y la muerte.
Rodríguez, a quien sectores han pedido que sea investigado por estos hechos, puso el foco en Uribe Turbay por haber “partido el esquema”, dejando a algunos de sus miembros con su familia.
El “abandono” del esquema
La Procuraduría señaló insistentemente que existió un descuido en el momento más crítico, es decir, cuando el precandidato daba su discurso ante decenas de personas en el parque.
Uno de los escoltas, identificado como Ricardo Céspedes, no estaba cerca del senador, ya que se había ido a uno de los vehículos blindados, según reportaron varios testigos, para dejar una chaqueta, delegando la protección directa exclusivamente en manos del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco.
Justo en ese momento, el menor de edad sacó el arma de fuego y disparó de manera letal contra el precandidato presidencial.
Esta situación representa una falta de atención ante el constante riesgo que existía por el hecho de que era un lugar abierto y con una gran cantidad de personas sin identificar, así como una falta de preparación por parte de los pocos integrantes del esquema de seguridad y protección.
Citando varios testigos y teniendo en cuenta un informe policial, la Procuraduría señala que existió una falta en la optimización de los recursos humanos disponibles y una debilidad técnica inexcusable.
Se pudo prevenir
En uno de los puntos centrales del informe se advierte, casi que como un clamor, que el subcomisario, teniendo en cuenta su experticia, tenía toda la capacidad de alertar sobre los graves riesgos que existían.
En su decir, tenía la obligación de ilustrar al protegido sobre los riesgos en un evento en plaza pública con solamente dos hombres de seguridad, por lo que cabía perfectamente la sugerencia de cancelar la actividad, algo que nunca ocurrió.
La procuradora firmante expone una situación hipotética que, teniendo en cuenta la información recolectada, se pudo presentar. “Si la función del jefe de escoltas es justamente procurar salvaguardar su vida, una de las cosas que pudo haber hecho el subcomisario fue decirle: ‘Doctor Miguel Uribe, estamos en este momento solamente dos personas (...) mi función como jefe de escoltas es que usted no debería asistir a ese mitin político o por lo menos no en las condiciones de seguridad en las que estamos’”, recomendó la delegada.
La procuradora destacó que el subcomisario fue informado de la agenda del senador del día sábado 7 de junio a las 7:07 de la mañana, pero solo inició gestiones para obtener números de contacto de la policía local a la 1:50 de la tarde, es decir, seis horas y 43 minutos después de haber conocido el compromiso en plaza pública y cuando ya era tarde.
Para el Ministerio Público, esta reacción no solo fue tardía, sino irresponsable, considerando que el evento comenzaba a las 3:30 de la tarde, dejando apenas una hora y 40 minutos para coordinar la seguridad en un entorno de riesgo extraordinario del dirigente político.
“No existió ningún radicado, oficio o correo electrónico dirigido al Grupo de Protección del Congreso o a la Policía Metropolitana de Bogotá solicitando refuerzos o apoyos para un mitin en un lugar abierto”, resalta el informe.
Como si fuera poco, se detectó una desconexión del esquema de seguridad con la vigilancia local: los patrulleros encargados de la zona (cuadrantes 5 y 6 de Modelia) declararon bajo entrevista que nunca fueron informados del evento político. Su presencia en el parque minutos antes del ataque se debió a un reporte por consumo de estupefacientes y no a una labor de protección coordinada.
Igualmente, existió una falla en la gestión del personal. Pese a que tres policías del esquema estaban descansando luego de trasnochar, el subcomisario nunca solicitó relevos a sus superiores para cubrir esas vacantes durante el evento, que fue calificado de alto riesgo.
“Esas coordinaciones de seguridad y protección no se dieron, se retardó esa obligación o esa función que tenía el subcomisario Víctor Hugo Gómez”, enfatizó la Procuraduría, al indicar que esa llamada se hizo una hora antes que comenzara el evento político.
Estos cuestionamientos componen la nueva línea de investigación que hace referencia a los miembros del esquema de seguridad de Uribe Turbay, un año después de su muerte, y que ahora reclama resultados de parte de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar y Policial.