En la tarde del 21 de julio de 2025, un adolescente se presentó voluntariamente en una sede de la Fiscalía para manifestar su disposición de dar información de valor sobre los hechos que rodearon la logística y planeación del atentado sicarial que, para ese momento, tenía entre la vida y la muerte al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien finalmente falleció el 11 de agosto, hace un año.
El joven, que en ese momento tenía 17 años recién cumplidos, fue trasladado a un centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En ese lugar, la fiscal de la Unidad de Vida que adelantaba la investigación por el magnicidio tomó la declaración.
SEMANA revela los detalles de la declaración inédita del joven que, pocas horas después, se fugó del hogar del ICBF. Hasta el momento, nada se sabe de su paradero, pero la información que dio es relevante y no hay avances investigativos al respecto.
En el primer punto de su declaración, el joven aseguró que un amigo, identificado como José Brando Cedeño, le presentó a Chipi (Élder José Arteaga), quien manejaba “una oficina” dedicada al sicariato y el crimen organizado en Bogotá.
“Chipi me dice que había un trabajo de unos cuantos millones y me muestra la foto de una persona y me dice que a él le tocaba matarlo”, aseguró el joven identificado en el expediente con las iniciales E. J. M. M. Dijo que desconocía de quién se trataba, por lo que vio todo muy normal.
Ahí dio un dato explosivo: “Solo me dijo que había unos escoltas que estaban de parte de Chipi, que al hacer esta vuelta me daba 20 millones de pesos”.
Además, advirtió la posible participación de los temidos sayayines del Bronx, los criminales de la peligrosa zona que estuvo vedada para las autoridades durante años en pleno centro de Bogotá, y la presencia de un hombre identificado como Erick Josué en la planificación del crimen.
Pese a que el adolescente entregó datos de esta persona y supuesta participación en la obtención de las armas y la consolidación de la información de los seguimientos a Uribe Turbay, nunca fue vinculado al proceso penal.
De la declaración del adolescente se desprende que la banda, conformada, entre otros, por Chipi; William Fernando González, alias el Hermano, y Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, tenía planes para atentar contra la integridad de una decena de personas en la capital de la república y el municipio de Soacha, en Cundinamarca.
“En ese grupo (de WhatsApp) enviaron cosas del atentado del senador, como ubicaciones, cosas de lo que hacía el senador (...) ellos le tenían ubicada la casa y una camioneta. Decían que cerca de la casa tenía que pasar por un camino o callejón. Que él siempre tenía que pasar por ese pasillo o caminito, por si la vuelta no la podían hacer en el salón del barrio Villa Amalia, de Engativá”, narró el testigo haciendo referencia a un primer intento de homicidio que fracasó.
En el grupo de WhatsApp por el que se comunicaba la banda de sicarios enquistada en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, occidente de la ciudad, era “plata o plomo”. La Fiscalía tiene en su poder todas estas comunicaciones.
Esta información, añadió, era recolectada en los seguimientos que le hacían al dirigente político desde comienzos de 2025. Así como información que entregaban “a la firma”, haciendo referencia a personas muy cercanas al esquema de seguridad de Uribe Turbay. Estos datos tampoco han sido investigados a fondo.
En la declaración, el adolescente aseguró que fue testigo de las conversaciones de Chipi con una persona a la que se refería como el “escolta del senador”. Incluso, así lo tenía guardado en su teléfono celular, tal como se lo mostró en medio de un encuentro en un taller de Engativá, pocos días antes del atentado.
“Chipi hablaba muy poco de esa persona, pero decía que la información del senador la estaba sabiendo por alguien de ellos. Recuerdo que un día del mes de mayo estábamos en un taller de motos con Chipi, y él hace una llamada por WhatsApp a esa persona que decía ‘escolta senador’. Le dice esa persona a Chipi que había manifestaciones, pero no dijo nada más. Esa llamada no duró ni tres segundos”, relató.
Esta declaración forma parte del extenso informe que presentó hace pocas semanas la Procuraduría General ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General, para que se indague la presunta colaboración de agentes de la fuerza pública y personal del esquema de seguridad del dirigente del Centro Democrático.
En la declaración se resalta que a las 5:50 de la tarde de ese 23 de julio de 2025 se “suspende” la diligencia para reprogramarla el día siguiente, es decir, el 24 de julio, a partir de las ocho de la mañana. Sin embargo, a la medianoche de ese 23, el joven se fugó. Hasta el momento nada se sabe de su paradero.
En abril pasado, la Justicia Penal Militar cerró el proceso a Víctor Hugo Gómez, quien se desempeñó como jefe del esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial. Esto, tras admitir la preclusión del caso por el cargo de prevaricato por omisión.
Sin embargo, por esos días, un informe de la Procuraduría pidió indagar los “pagos a la organización” que estuvo detrás de la logística por parte de un integrante del esquema de seguridad de Uribe Turbay, así como la entrega de “información privilegiada” que permitió la ejecución del atentado sicarial.
Omisiones en la UNP
Los apoderados de la familia Uribe Turbay, representados por la oficina del abogado Víctor Mosquera, le pidieron a la Fiscalía General investigar al saliente director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por las omisiones en el aumento de seguridad al dirigente.
Esto por considerar que existieron “omisiones críticas” para el fortalecimiento del esquema de seguridad del congresista, pese a las amenazas reseñadas y a su papel visible como líder de la oposición del Gobierno de Gustavo Petro, siendo el dirigente político que más demostró su desacuerdo con las reformas y propuestas en el Congreso.
Para esto, se puso de presente la resolución 011827 de 2025, por medio de la cual la UNP mantuvo el esquema que tenía Miguel Uribe Turbay para 2023, esto desconociendo por completo los riesgos que tenía y una entrevista que entregó en la que advirtió de planes para matarlo, que fue revelada por SEMANA, pero de la cual se hizo caso omiso.
En la petición, en la que se enfatiza que la posición de la entidad fue “inconcebible”, se advierte además que existió una “fragmentación del esquema de seguridad”, pues Miguel Uribe Turaby dividió su equipo de escoltas para proteger la integridad de su esposa y sus hijos, lo que se ve reflejado en el debilitamiento de su esquema el día del atentado.
En este punto hay que dejar algo claro: Uribe Turbay sabía que lo querían matar, buscó afanosamente a la Policía y a la UNP; sin embargo, en lugar de reforzarle el cuerpo de seguridad, le mantuvieron el mismo número de hombres, pero con la instrucción de hacerlo extensivo a su familia, es decir, que parte de su esquema estuviera con su esposa e hijos no era un capricho.
“Resulta inconcebible cómo una persona con estas calidades tiene un esquema de protección únicamente de siete personas, en un esquema mixto, conformado por cuatro agentes de la Policía y tres de la UNP que cumplían un rol de conductor y escolta de Miguel Uribe Turbay”, afirmó el abogado Mosquera, quien ha ratificado una y otra vez la responsabilidad de Augusto Rodríguez como director de la UNP.
Incluso, se citaron las declaraciones dadas a medios de comunicación por parte de Augusto Rodríguez, en las que reconoció, en un principio, que el esquema era ineficiente.
“Se solicita de forma respetuosa que se considere compulsar copias en contra del director de la UNP, Augusto Rodríguez, a partir de las acciones y omisiones apropiadamente que se pudieron constituir con base en la conformación del esquema de seguridad”, señaló Mosquera.
Esta semana se cumplió un año del asesinato de Uribe Turbay; se sabe que fue la Segunda Marquetalia, por medio del Zarco Adinever, la que ordenó asesinarlo, un avance que nunca se había dado en un magnicidio de este tipo. Sin embargo, no se han investigado debidamente los errores en materia de seguridad, la posible instigación desde el Estado, incluso del propio expresidente Gustavo Petro, y lo más importante, si alguien estuvo detrás de la orden que dio la disidencia.