Desde hace varios días se encuentra en la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación una solicitud elevada por la Procuraduría General en la que se pide investigar, más a fondo, las declaraciones hechas por tres condenados por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
En la petición, el Ministerio Público advierte que en sus respectivas declaraciones juramentadas ante la Fiscalía, dos implicados en la logística del crimen han señalado que agentes de la Policía y personal de seguridad tenían conocimiento previo del atentado sicarial.
A esto se le suma el testimonio del menor de edad que le disparó al dirigente político mientras daba un discurso en un parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, en hechos registrados el 6 de junio de 2025.
En la petición, se señala que el menor aseguró que el hombre al que conocía con el sobrenombre de Chipi le mostró en su teléfono celular un contacto que aparecía como “escolta del senador”. Cuando le indagó, le aseguró que de ese contacto obtenía información privilegiada de los movimientos de Uribe Turbay.
“El día del atentado, Chipi realizó una llamada a una persona que tenía guardada en sus contactos como ‘escolta el senador’ (...) Chipi hablaba muy poco de esa persona, pero sí decía que la información del senador sí la estaba sabiendo por alguien de ellos”, cita el informe de la Procuraduría General.
“Yo recuerdo que un día del mes de mayo estábamos en un taller de motos, ahí en Engativá con Chipi, y él dice: perdón, una llamada por WhatsApp que decía ‘escolta, senador’ y le contesta esa llamada rápido. Chipi le dice: ‘Hay manifestaciones’. No dijo nada más y colgó esa llamada”, complementó.
A esa persona se le habrían hecho “transferencias de dinero” por parte de “La Firma”, forma en la cual se refería al jefe de la organización que lo contactó para cometer el atentado.
En otra declaración, el menor aseveró que uno de los encargados de la logística le aseguró el día de los hechos que “ya todo estaba comprado”. Esto en referencia, supuestamente, a los integrantes de los escoltas del dirigente político.
“(...) Entonces se voltea a La Firma y le dice que ya todo está preparado. Mientras estábamos en el carro, La Firma y el conductor hablaron de que ya todo estaba comprado, que los escoltas y al que había que matar, que estaban uniformados”, reseñó la delegada de la Procuraduría General.
“La Firma (citando al menor) me dijo dónde estaban ubicados los policías. Me dijo que había uno en la esquina, que había otro en la esquina del OXXO, que había otro entre la gente y que había otro que estaba rodando. Que iban a ser tres escoltas, pero no me dijo las ubicaciones, solo que había tres escoltas”, añadió.
A esto se le suma el hecho de que el único escolta asignado por la UNP no estaba atento a las situaciones de riesgo, recordando que Uribe Turbay adelantó un evento al aire libre, en un parque con varias vías de acceso, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de un atentado.
El Ministerio Público señaló que existió un “descuido” en el momento crítico. El escolta, identificado como Ricardo Céspedes, no se encontraba cerca del senador, ya que se había ido a uno de los vehículos, según reportaron varios testigos, para dejar una chaqueta, delegando la protección directa exclusivamente en manos del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco.
Esto representa una falta de optimización de los recursos humanos disponibles y una debilidad táctica inexcusable para la situación y para la persona a la que se debía proteger.
Por esto, la Procuraduría pidió que se realice una investigación minuciosa para esclarecer este capítulo y se concluya si existió o no colaboración por parte de los integrantes del esquema de seguridad.
En la audiencia celebrada el pasado 18 de junio, la Procuraduría se opuso a la solicitud de preclusión en la investigación en contra del subcomisario Gómez Velasco.