Recientemente, el presidente Gustavo Petro sorprendió en una comunicación al revelar que han sacado de la Fuerza Pública a oficiales de manera injustificada.
SEMANA obtuvo un documento reservado de las Fuerzas Militares que probaría cómo dentro de la fuerza se vienen tomando decisiones basadas, al parecer, en juicios de valor contra los uniformados, y no por sus méritos.
El documento hace referencia a la honorable junta asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, presidida por Pedro Sánchez, ministro de Defensa Nacional, con la participación de 63 generales y oficiales de insignia encabezados por el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.
El cónclave del alto mando de las Fuerzas Militares con el Gobierno tenía como propósito la salida de un personal militar bajo la figura de llamamiento a calificar servicios.
Es de anotar que luego de dicha junta asesora se ha conocido la salida de cerca de cien oficiales, entre coroneles, tenientes coroneles y mayores.
La junta, en la que al parecer se habrían tomado decisiones injustas contra los oficiales, está firmada por el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares; el general Royer Gómez, comandante del Ejército; el general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aérea, y el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.
En una de las últimas hojas de la junta asesora, en la que están las firmas de los altos mandos respaldando la salida del personal militar bajo la figura de llamamiento a calificar servicios, el documento señala que “perjudicaron de manera grave la rectitud y valores que son base fundamental de los miembros del Ejército Nacional”.
Para varios oficiales que han salido del Ejército luego de la mencionada junta de generales y con los que habló SEMANA, el emitir esta clase de conceptos en una decisión de esta categoría afecta su buen nombre y los años de excelente desempeño dentro de la fuerza.
Además, indicaron los oficiales retirados luego de conocer el documento en poder de SEMANA que las Fuerzas Militares están afectando su buen nombre al no ser enterados de un debido proceso, en su caso como una investigación interna, judicial o disciplinaria.
“Es claro que el Gobierno y el alto mando están haciendo un mal uso de la figura de llamamiento a calificar servicios, que como lo menciona el artículo 103 de la Ley 1790, es para oficiales y suboficiales después de haber cumplido quince años o más de servicio”, dijo uno de los oficiales afectados al conocer los documentos militares en poder de SEMANA.
Además, indicó el oficial que para sacar a los integrantes de la Fuerza Pública existe el artículo 104, que compete a la discrecionalidad y que contempla: “Por razones del servicio y en forma discrecional, se podrá disponer el retiro de los oficiales y suboficiales, con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del Comité de Evaluación.
Recientemente, SEMANA había contactado a otros oficiales afectados por las decisiones que habían tomado las Fuerzas Militares después de la mencionada junta de generales, quienes aseguraron que el Ejército venía tomando decisiones sin entregar sustento jurídico o administrativo de los retiros.
“Lo que vemos es que se está debilitando la fuerza prescindiendo de oficiales destacados, con excelentes hojas de vida, con estudios, maestría y experiencia”, dijo uno de los oficiales que se mostró sorprendido con las decisiones del Ministerio de Defensa.
En medio de estas purgas sin mayores soportes dados a conocer a la opinión pública, el presidente Gustavo Petro reconoció que oficiales han sido sacados de la fuerza en medio de injusticias.
“Yo no sé si saqué a todos los que había que sacar; yo creo que cometimos injusticias y que dejamos gente que debíamos sacar. Yo no conocía el mundo interior del Ejército o de la Policía y es un mundo complejo, pero veo los hechos”, manifestó el presidente Petro a medios de comunicación recientemente sobre la salida de oficiales en su gobierno.
Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro protagonizó una de las purgas más fuertes en la Fuerza Pública al sacar oficiales de alta experiencia en el campo de combate y de la inteligencia.
Desde diferentes sectores políticos no afines al Gobierno lo acusaron de debilitar a la Fuerza Pública para favorecer a los grupos criminales.