La Justicia colombiana busca a 84 criminales que el presidente Gustavo Petro benefició con la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la paz total. Los delincuentes se burlaron del Gobierno nacional y utilizaron las negociaciones como un trampolín para multiplicar su poder. SEMANA revela la minuta de las personas que recibieron el salvoconducto de la Casa de Nariño y los millonarios gastos de los fallidos diálogos, que solo han traído muertes, secuestros, extorsiones, atentados y narcotráfico.
En respuesta a un derecho de petición radicado por esta revista, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía confirmó que Petro, por medio de la Oficina del Comisionado de Paz, solicitó que a 182 individuos se les congelaran los pedidos de arresto entre el 7 de agosto de 2022 y el 12 de febrero de 2026 por ser representantes de grupos armados o estructuras de crimen de alto impacto sentados en la paz total. Después de esa fecha, se sumaron otros 23, completando 205.
Así están distribuidos los integrantes que gozaron de la medida: ELN (33), disidencias de las Farc (81), Segunda Marquetalia (17), Comuneros del Sur (11), Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (7), Clan del Golfo (3), Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (10) y estructuras de Quibdó (12), Buenaventura (8) y Medellín (23).
Según la Fiscalía, 121 de ellos siguen cobijados con el beneficio y los demás son rastreados por las autoridades por incumplir con los acuerdos o cometer delitos que se volvieron insostenibles en la negociación. Es decir, cuatro de cada diez criminales en los que confió el Gobierno Petro se aferraron a la delincuencia y hoy se desconocen sus paraderos.
Las negociaciones no han sido gratuitas. El Fondo de Programas Especiales para la Paz, gestionado por el Departamento Administrativo de la Presidencia, ha destinado más de 100.000 millones de pesos para patrocinar el eventual desarme de los ilegales; se incluyen medidas de protección para ellos, viáticos y transporte aéreo, entre otros rubros. SEMANA solicitó las facturas de los gastos, y fueron negadas, pues se manifestó que los soportes contables están sujetos a reserva legal y a políticas internas de protección.
ELN
La Casa de Nariño pidió reactivar las 33 capturas contra los representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) porque emprendieron acciones violentas en Norte de Santander, que afectaron a excombatientes, líderes sociales y campesinos. El conflicto que inició este grupo armado ilegal en el Catatumbo dejó 190 homicidios, 101.439 desplazados, 283 confinados y 5 desaparecidos, entre enero de 2025 y marzo de este año, de acuerdo con el más reciente informe de la Gobernación de ese departamento. Los elenos sitiaron al Catatumbo durante varias semanas y se convirtieron en la autoridad de la región: controlan la economía, carnetizan a la población civil, cobran multas, sancionan como si fueran jueces y usan a las juntas de acción comunal como bisagra para imponer sus manuales de convivencia bajo la mirada cómplice del régimen chavista.
Se revocó la suspensión de detenciones a 22 hombres y 11 mujeres, dentro de los que se destacan Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Luz Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, y Aureliano Carbonell, alias Pablo Tejada. Ellos acumulan múltiples deudas con la justicia, entre ellas el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá que dejó 22 muertos.
Un general (r) de la Policía que siguió de cerca este proceso, cuya identidad pidió omitir, contó que los diálogos fueron bien intencionados, pero aseguró que el Gobierno Petro fue inocente frente al enemigo: “No se tuvo conciencia clara del riesgo que se corría. Fue un grave error apostarle sin medir las consecuencias. Estos tipos aprovecharon la suspensión de capturas para armarse, expandir sus capacidades criminales y moverse con tranquilidad. Hoy estamos viendo las consecuencias”.
Aunque la mesa de diálogos con esta guerrilla está suspendida desde el año pasado, la Oficina del Comisionado de Paz reportó gastos por 32.960 millones de pesos entre el 15 de noviembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2025: 23.774 millones fueron destinados al proceso de paz, 9.164 millones al comité nacional de participación y 21 millones al mecanismo de monitoreo y verificación. Por ejemplo, de esa plata, se usaron 4.748 millones de pesos para las medidas de protección de los integrantes de la negociación y 6.889 millones en honorarios.
Las intenciones de paz se esfumaron, y no solo en la mesa. Las desmovilizaciones de este grupo, por ejemplo, están en mínimos. El Ministerio de Defensa reportó 61 en 2025, 85 en 2024 y 57 en 2023, las más bajas de los últimos nueve años.
Disidencias de las FARC
Las disidencias de las Farc no solo fueron las más favorecidas con las suspensiones de las órdenes de captura (81), sino también con los ceses al fuego. Con base en los reportes oficiales, los uniformados no combatieron a la estructura de Iván Mordisco durante 459 días, mientras que el grupo de Calarcá no fue blanco de la persecución operativa por 762. La orden fue dada por el presidente Gustavo Petro.
Este escenario les permitió aumentar su presencia en el territorio. En lo que va de este Gobierno, las disidencias de las Farc –en todas sus fracciones– pasaron de 3.275 a 9.634 hombres, según cifras oficiales conocidas por este medio. Eso sin mencionar a los cientos de menores de edad obligados a portar un uniforme y armamento para defender los intereses de los dos criminales; el reclutamiento se incrementó 160 por ciento en este Gobierno.
El director de Indepaz, Leonardo González, aseguró que ellos actúan como “dictaduras locales” y controlan las economías ilícitas. Las personas bajo el mando de Mordisco lo hacen en Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Chocó; y las de Calarcá, en Caquetá, Magdalena Medio, Norte de Santander y Antioquia.
Mordisco creó una república independiente en las montañas de Jamundí. Sitió a Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, con 42 atentados terroristas en los últimos dos años; tomó el control de pueblos enteros en Cauca e introdujo los drones cargados de explosivos al conflicto armado. Calarcá doblegó a mandatarios locales de dos departamentos, ordenó homicidios, censó a sus víctimas y las obligó a pagar altas sumas de dinero para poder trabajar y vivir.
Frente al congelamiento de las 81 detenciones, la Fiscalía revocó 42 en los últimos meses. Allí aparecen los nombres de tres cabecillas de las disidencias sorprendidos por el Ejército en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia, pero fueron dejados en libertad porque gozaban de esa medida.
Se trata de Jesús María Restrepo Borja, alias Panda, líder político del frente 36, que siguió delinquiendo en ese departamento e instrumentalizando a la población civil. Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete, responsable de múltiples crímenes en Caquetá y por el que, paradójicamente, el Gobierno Petro ofreció el pasado martes una recompensa de 400 millones de pesos. Y Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, líder del frente 18, abatido por las Fuerzas Militares el 10 de marzo.
A esta lista se podría sumar en los próximos días alias Calarcá, jefe máximo de esa guerrilla, sindicado de varios delitos cometidos mientras negocia la paz con la Casa de Nariño, como el ataque a un helicóptero en Antioquia que dejó 13 policías muertos, la acción terrorista que le quitó la vida a 7 militares en Guaviare y varios homicidios. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la fiscal Luz Adriana Camargo creen que hay argumentos suficientes para que este hombre esté en prisión y responda por los crímenes. En caso de activarse su captura, el proceso llegaría a un punto crítico.
Este grupo es el que más ha atacado a la fuerza pública en los últimos tiempos, según datos de las autoridades. Solo en 2025, perdieron la vida 173 uniformados, la cifra más alta reportada en la última década, y varias responsabilidades recaen sobre Calarcá. En general, durante la implementación de la paz total, 376 soldados y policías fueron asesinados y 2.092 resultaron heridos, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.
No solo eso. Los computadores y teléfonos incautados en la caravana de camionetas de la UNP en la que se desplazaba alias Calarcá y su comitiva de cabecillas pondrían en evidencia una supuesta alianza de ellos con generales de la república y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Además de las eventuales irregularidades, en el material habría pruebas de cómo este hombre habría ordenado delitos contra defensores de derechos humanos; se tiene evidencia, particularmente, del crimen de un líder social. “Encontramos el chat que tiene con el ejecutor material de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte, por orden de él, se habría ejecutado”, dijo la fiscal Camargo en Blu Radio.
Esta negociación ha sido la más costosa de todas. A través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, la Oficina del Comisionado de Paz contó que, entre el 13 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, se distribuyeron 34.601 millones de pesos en esta gestión, así: 31.884 millones en el proceso de paz y 2.716 millones en el mecanismo de monitoreo y verificación. Igual que al ELN, se aprobaron 6.033 millones de pesos en medidas de protección para los integrantes de la mesa, 6.123 millones en honorarios y 7.498 millones en transporte aéreo, entre otros aspectos.
Segunda Marquetalia
El presidente Gustavo Petro autorizó para la Segunda Marquetalia la suspensión de 17 órdenes de captura y se reactivaron 6, entre ellas la de José Aldinever Sierra Sabogal, alias el Zarco Aldinever, considerado uno de los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, según la confesión de alias el Viejo. Esta negociación de paz se cerró y se mantiene con una de sus disidencias, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que ya logró 10 salvoconductos pese a su vinculación directa con el tráfico de drogas en Putumayo y la relación con carteles de drogas de alcance internacional, con base en reportes de la Policía.
Esta disidencia es responsable del horror que se vive en la frontera con Ecuador. La fracción de los Comandos de Frontera multiplica la cocaína y la minería ilegal en ambos países, en tanto logra beneficios judiciales en territorio colombiano, de acuerdo con investigaciones adelantadas en la zona por el Ejército.
Con base en informes de inteligencia, este grupo armado ilegal sería uno de los protagonistas de la producción de drogas ilícitas en Colombia, que está bajo la mirada del planeta porque concentró el 67 por ciento de las hectáreas a nivel mundial de cultivos de coca y registró un incremento del 53 por ciento en la producción potencial de cocaína, según mediciones de 2023 que reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Aunque los expertos consideran que el aumento es producto de la paz total y la permisividad que se les otorgó a los delincuentes, el presidente Gustavo Petro ha negado esa posibilidad ante la opinión pública y ha cuestionado el modelo con el que el organismo internacional mide el fenómeno criminal.
El exfiscal Néstor Humberto Martínez manifestó que, frente a la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Gobierno nacional anticipó los beneficios judiciales y no obtuvo nada a cambio para los colombianos: “No existió un resultado concreto. Se les otorgaron unos beneficios sin que ellos hubiesen convenido ninguna reciprocidad para la sociedad. Estas suspensiones de las capturas no trajeron ningún beneficio. Uno de los ejemplos es el asesino de Miguel Uribe Turbay”.
La versión de la Casa de Nariño es que este proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano avanza satisfactoriamente. Sin embargo, no hay acuerdos para el desarme total y la desvinculación de sus hombres del narcotráfico, su principal músculo financiero. Para finales de 2025, se celebró la destrucción de 14 toneladas de material explosivo y el compromiso de sustitución de cultivos de 30.000 hectáreas de coca. El tiempo se les está agotando.
En el caso de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, entre el 28 de febrero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno desembolsó en total 13.106 millones de pesos: 11.539 millones para el proceso de paz y 1.566 millones para la destrucción de material de guerra. Aquí también se avalaron medidas de protección para los negociadores por 1.757 millones de pesos, transportes aéreos por 3.884 millones, 1.665 millones en honorarios y 148 millones en viáticos.
Bandas urbanas
El primer mandatario dio el visto bueno para que les suspendieran las órdenes de captura a 12 integrantes de los Mexicanos, Locos Yam y RPS, radicados en Quibdó; las medidas vencieron el 27 de diciembre de 2025, según la Fiscalía. También dio salvoconductos a 8 miembros de los Espartanos y Shottas, en Buenaventura, que expiraron en la misma fecha. Mientras que en Medellín se autorizó el beneficio para 23 personas, la mayoría de ellas condenadas y recluidas en centros carcelarios del Valle de Aburrá por seis meses.
En la capital del Chocó, la violencia permanece y las fronteras invisibles siguen atormentando a la población civil, lo que se traduce en aparentes incumplimientos de la mesa. En Buenaventura, la Defensoría del Pueblo alarmó por el aumento de homicidios y la violencia armada a causa de la disputa por el territorio: “Entre febrero y marzo de 2026, hubo, al menos, 23 asesinatos, principalmente de jóvenes entre los 17 y 30 años”. En Medellín, la Alcaldía denunció que los criminales siguen vinculados con las redes de economías ilícitas y, supuestamente, darían órdenes ilícitas a sus subalternos desde la mesa de paz.
Ángela María Buitrago, exministra de Justicia del Gobierno Petro, afirmó que estas estructuras ilegales estarían jugando con la paz y anticipó que el único camino que tienen por delante es el sometimiento a la justicia ordinaria, dado que no hay un marco jurídico que los respalde. “El único marco de sometimiento disponible para ellos es la ley ordinaria. Ellos no pueden estar jugando nuevamente con quedar absolutamente libres o que les levanten condenas previas. Eso está prohibido por la ley. Ellos tienen que someterse bajo el principio de los delitos que han cometido”, dijo.
Precisamente, estos grupos hacen gestiones a fin de contar con un mecanismo propio y acceder a beneficios judiciales. Para eso, debe aprobarse un proyecto de ley en el Congreso, y no hay ambiente en el Legislativo. La tarea quedará pendiente para el próximo Gobierno y los nuevos parlamentarios.
Los espacios de conversaciones en Quibdó han costado 920 millones de pesos (entre el 30 de agosto de 2023 y el 31 de diciembre de 2025). Los diálogos en Buenaventura se cuantifican en 2.670 millones de pesos (desde el 27 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025). Y en las negociaciones en Medellín se han invertido 2.450 millones de pesos (entre el 29 de mayo de 2023 y el 31 de diciembre de 2025).
Clan del Golfo
Los acercamientos con el Clan del Golfo, el grupo armado ilegal más grande del país, comenzaron el 8 de julio de 2024 y se retomaron el año pasado sin un avance trascendental en la negociación, más allá del pacto de que la Casa de Nariño, los ministerios y las Fuerzas Militares los denominen públicamente como Ejército Gaitanista de Colombia. En esa transición, su fortaleza ha sido notable: incrementó el número de integrantes de 4.061 a 8.945, de acuerdo con datos oficiales.
La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía contó que Gustavo Petro pidió suspender tres órdenes de captura, correspondientes a Orozman Osten Blanco, alias Rodrigo; Luis Armando Pérez Castañeda, alias Jerónimo, y Elkin Casarrubia Posada, alias Joaquín. El jefe máximo, Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, no aparece en los registros aportados por el ente de investigación.
Informes de las Fuerzas Militares reseñan que el Clan del Golfo mantiene el control de la población, el tráfico de drogas a gran escala, el cobro de extorsiones y extiende su poder sobre municipios de Antioquia, Chocó, Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar y Norte de Santander. Para la contienda legislativa pasada, la Defensoría del Pueblo notificó que este grupo consolidó “un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral”. Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz contó que duplicó su presencia en municipios y aumentó un 140 por ciento su pie de fuerza entre 2022 y 2025, durante la administración de Petro.
Aunque el Ejecutivo ha invertido 2.636 millones de pesos en honorarios, medidas de protección, transporte aéreo, viáticos, logística y participación de la sociedad civil, la Oficina del Comisionado de Paz informó que “los gastos asociados a las actividades que se adelantan en Catar son financiados por los países mediadores del proceso y no forman parte de este reporte”.
Otros procesos
A los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, les autorizaron 11 suspensiones de órdenes de captura y 2 se reactivaron. Este es el proceso que más ha avanzado y la meta del Gobierno Petro es poder concretarlo antes de finalizar su mandato. El costo ha sido de 8.172 millones de pesos (6.472 millones para el proceso de paz y 1.700 para la destrucción de material de guerra).
A las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada les dieron 7 salvoconductos y se revocó 1; este grupo tiene un plan de ampliación hacia Norte de Santander mientras conversa con el Gobierno Petro, según las autoridades, y los acuerdos están lejos de materializarse. La inversión ha sido de 1.265 millones de pesos, entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.
El presidente Petro no ha pedido suspender órdenes de captura para los exparamilitares de las AUC, sentados en diálogos desde el primero de enero de 2024 y con gastos por 1.875 millones de pesos. Aquí no hay acuerdos. Los negociadores pidieron sacar a Otty Patiño del proceso y conversar directamente con el jefe de Estado. Y Armando Benedetti, a quien se le encomendó la tarea, reconoció recientemente en una entrevista que “no se ha tenido éxito con gestores de paz”.
Finalmente, se confirmó que la Oficina del Comisionado de Paz se encuentra en la fase exploratoria y de generación de confianza con miras a establecer un proceso de conversación sociojurídica con las bandas criminales de Barranquilla. Hasta ahora, no se han solicitado suspensiones de órdenes de captura ni reportado gastos asociados directamente a dicho proceso.
¿Cuál es el camino?
La misma entidad le respondió a SEMANA que, después del 7 de agosto, las conversaciones de paz quedarán en manos del nuevo Gobierno. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, es el único que ha manifestado públicamente la intención de continuar con las conversaciones de paz. Los demás punteros, como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, han manifestado que quieren frenar esta política y reactivar las órdenes de detenciones en caso de llegar a la Casa de Nariño.
Por otro lado, se explicó que todos los procesos en curso buscan la construcción de paz y la transformación territorial: “Aunque el objetivo final de las mesas y espacios es el desescalamiento de la violencia y la transformación territorial, la instalación de una mesa de diálogo no implica un cese inmediato de todo tipo de violencia. Esto sucede porque los procesos de paz requieren del tiempo y voluntad de las partes para generar las condiciones que permitan el desescalamiento del conflicto”.
SEMANA contactó al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, para que sentara su posición sobre este informe, y no se obtuvo respuesta.
Lo cierto es que el tiempo se agotó y el presidente Gustavo Petro no ha logrado desarmar por completo, hasta ahora, a ninguna estructura delincuencial. Al contrario, los grupos ilegales se fortalecieron en medio de la paz total, y la seguridad nacional está en jaque.