Dos fuertes golpes recibió este jueves 11 de junio la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien el pasado miércoles pidió suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro.
A primera hora, Arizabaleta, quien es presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, fue suspendida de su cargo hasta el próximo 20 de julio, día en el cual finaliza su período constitucional.
En la decisión tomada por la Procuraduría General se advirtió que la solicitud hecha por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, ante sus compañeros de la Comisión, reviste una gravedad.
Pocos minutos después, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar por el delito de prevaricato por acción. Esto atendiendo una denuncia radicada por el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.
En este punto señaló que existió una "una usurpación de competencia frente a una regla clara" que la congresista conocía muy bien.
El alto tribunal ordenó la práctica de pruebas y una inspección a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para obtener el auto original en el que pedía la suspensión del jefe de Estado.
Fuentes cercanas señalaron que se recolectarán pruebas testimoniales, entre las que se destacan los asesores de la Presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes; así como de los otros congresistas que hacen parte de la célula legislativa.
Con estas pruebas, el magistrado instructor Misael Rodríguez definirá en los próximos días si abre una investigación formal contra la representante a la Cámara.
“Usurpación de funciones”
En la denuncia radicada por el exministro Luis Felipe Henao se indica que la congresista del Pacto Histórico incurrió en un prevaricato por acción, puesto que no cuenta con las funciones para suspender al jefe de Estado.
“La propia providencia reconoce de manera expresa que la Constitución establece un procedimiento especial para el juzgamiento del Presidente de la República, que involucra a la Cámara de Representantes y al Senado”, enfatiza la acción judicial.
“No obstante, la denunciada decidió apartarse de esa regla constitucional expresa y aplicar de forma directa la legislación disciplinaria, decretando por sí sola la suspensión del jefe de Estado”, añadió el exministro de Vivienda.
En este sentido indicó que los integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cuentan con las facultades para suspender esto, ya esto es propio del Senado de la República.
“Estos elementos, en conjunto, permiten inferir que la actuación no obedeció a un error de buena fe, sino a un proceder consciente y dirigido, lo que deberá esclarecerse en la investigación“, agrega.
Teniendo en cuenta su formación académica y su trasegar en el Congreso, el denunciante advirtió que la representante tenía conocimiento de este trámite y de las facultades que tenía cuando firmó el mencionado y muy polémico documento.