La isla de San Andrés tiene dos caras. Los turistas disfrutan del territorio entre los lujos, las comodidades y el placer, mientras que sus habitantes llevan un viacrucis diario por la pobreza, la inseguridad y la corrupción. Un equipo periodístico de SEMANA documentó el rostro invisible de la región donde todo tiene un precio, hasta la libertad.
Los 1.210 kilómetros que separan a este departamento de Bogotá no son meramente una distancia física; ese número también indica la inmensa lejanía que mantienen las autoridades con la provincia. Las condenas se resuelven con dinero, las sospechas de irregularidades se borran con contratos y los problemas se solucionan eliminando a los dolientes. No pasa nada. La casa se mantiene en orden bajo la mirada cómplice del Estado.
La palabra que más repiten los habitantes de San Andrés es corrupción para explicar los inconvenientes de agua, salud, educación, ambiente, justicia, deporte, infraestructura y seguridad. Ese concepto, del mismo modo, justifica la inoperancia de los órganos de control que tienen la obligación de batallar contra este bicho que se ha devorado los recursos públicos de la isla.
“No hay quien pelee contra la corrupción. Nadie investiga. Nadie pregunta. Nadie hace nada. Las pruebas están en las calles, son visibles, se ve cómo se roban la plata. Pareciera que fuéramos una Colombia sin ley”, explicó un líder gremial que pidió proteger su identidad.
Este malestar lo comparten los meseros de los hoteles que se salen del libreto del protocolo para quejarse del destino que tiene su pueblo; las mujeres que llevan tres meses esperando cirugías a las afueras del hospital departamental; los hombres que cargan baldes de agua en la periferia porque hace dos meses no tienen el servicio; los médicos que siguen esperando los salarios de los últimos 120 días y las mamás que han tenido que sepultar a sus hijos mientras los responsables de los crímenes se pasean por la playa.
Para ellos, todo tiene que ver con el dinero y la ética de los funcionarios públicos: el dinero que se pierde en los trámites burocráticos de Bogotá, el dinero que se enreda en la Gobernación, el dinero que no llega al hospital, el dinero que se distribuye bajo la mesa de los tribunales, el dinero que distrae a los investigadores judiciales y el dinero que compra cualquier decisión que afecte los intereses privados.
Indicios de corrupción
Algunas decisiones judiciales mostraron la punta del iceberg del mal tiempo de la isla. El exgobernador Ronald Housni (2016-2018) fue condenado por conformar un entramado criminal dedicado al direccionamiento de millonarios contratos públicos a cambio de comisiones de hasta el 10 por ciento. La exgobernadora Aury Socorro Guerrero (2012-2015) también cayó en la misma red de corrupción. Al exgobernador Antonio Manuel Stephens (1995-1997) se le acusó de peculado culposo e interés indebido en la celebración de contratos.
De acuerdo con testimonios obtenidos por SEMANA, esa realidad se mantendría en la región. Un alto funcionario público denunció que habría una red dedicada a cobrar hasta 25 millones de pesos cada año a cambio de la expedición de las tarjetas de residencia para no raizales. Esta versión fue ratificada por investigadores de la unidad anticorrupción de la Policía y el caso se mantiene en indagación.
Las autoridades también analizan alertas de posible asignación injustificada de órdenes de prestación de servicios. Así lo explicó una de las fuentes enteradas del caso, quien pidió la reserva de su identidad: “Aquí hay contratos corbata. Incluso, hay personas que dicen trabajar en la isla y no viven aquí, solo aparecen para cobrar. Eso es corrupción”.
Salud y justicia, en vilo
No solo eso. Los problemas de corrupción se arrastran en la salud del departamento. Héctor Villarreal Herrera, miembro de la junta directiva del hospital público, reveló que hay serios indicios de irregularidades en las finanzas de la entidad y que las autoridades judiciales no han hecho esfuerzos para esclarecer el panorama: “La plata no le está llegando a la comunidad. No sé dónde estará la plata. Yo sí creo que hay corrupción. Están aprobando recursos y vemos a la comunidad arrodillada ante el sistema”.
Los especialistas médicos se niegan a trabajar en el centro médico por las millonarias deudas que tiene, las citas se prolongan por meses, hay una larga lista de espera de cirugías y los residuos peligrosos están arrumados en bodegas por las falencias que tiene el programa de recolección de basuras, aumentando un riesgo en la salud pública. Nadie les da explicaciones a los pacientes y los casos se resuelven exclusivamente con tutelas.
La justicia tiene un capítulo aparte. Hay denuncias que advierten que la negligencia judicial y la presunta corrupción estarían permitiendo que los delitos de alto impacto se queden sin castigo, un problema justificado en el vencimiento de términos y basado en una estrategia que está bajo el radar de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía.
Una de las personas que rastrea las irregularidades le contó a SEMANA: “Sabemos que los abogados públicos se encargan de dilatar los procesos y así logran extender los tiempos. A cambio, es posible que reciban plata o favores. El objetivo es conocido por todos, que es ampliar los tiempos y favorecer la libertad de las personas. Hoy nadie se opone a esa práctica y la impunidad gana”.
El nivel de desconfianza en los órganos de control de San Andrés es tan profundo que los investigadores independientes, ajenos a las conexiones familiares y de poder de la isla, han tomado la decisión de enviar los expedientes a Bogotá para que los asuman con rigor la Fiscalía, la Contraloría General, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Creen que podrían tomar rumbos indeseados si se mantienen en la zona, de acuerdo con versiones recogidas por SEMANA.
Frente a esta cadena de problemas que tienen en alerta al departamento, SEMANA contactó desde julio a la recién elegida gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Natacha Ordóñez, y a su equipo de comunicaciones para que se atendiera una entrevista (presencial o telefónica) y se respondiera a las quejas de la comunidad, pero no fue posible hasta la publicación de este reportaje.
Los muertos de la isla
Como si se tratara de una novela, la mayoría de los homicidios reportados en San Andrés, entre 2022 y 2026, tienen relación con una venganza familiar, según los hallazgos de la Policía. La escena de violencia también les roba la tranquilidad a los habitantes de la isla.
En ese periodo, 159 personas fueron asesinadas con armas de fuego o elementos cortopunzantes. Según las investigaciones, el 57 por ciento de los casos, equivalentes a 91 homicidios, estarían relacionados con venganzas; el 21 por ciento, 33 casos, con rencillas; el 17 por ciento, 28 casos, con hechos de intolerancia social; y el 4 por ciento, cuatro casos, con hurtos. Los tres homicidios restantes estarían asociados con tráfico de estupefacientes y feminicidios.
En cuanto a la venganza, fuentes de la Policía y la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que comenzó en 2022 con la muerte de alias Socoró en una pelea de gallos en la isla a manos, presuntamente, de alias Omiel: “Socoró había ganado la apuesta y empezó a cobrar y a cobrar. Y los del sur lo mataron para no pagarle”, describió un oficial.
En busca de tomar justicia por mano propia, el hijo de Socoró, alias Jordan, buscó a Omiel para asesinarlo. En ese tránsito de violencia han muerto varios jóvenes aliados de ambos bandos y no se han materializado las judicializaciones de los responsables.
Lo cierto es que hay un pacto de silencio entre las familias de las víctimas: “Aquí nadie va a decirle quién mató a quién. Aquí todo el mundo se conoce. Si usted acusa a alguien, van a venir a sentenciarlo y a atacarlo. Ese es el problema en San Andrés. Toda la gente tiene mucho cuidado y el silencio es la única opción que tienen para mantenerse con vida y no sufrir”, le contó a SEMANA uno de los investigadores de los crímenes.
Jordan está privado de la libertad en La Picota, en Bogotá, a donde la Policía logró remitirlo para que se alejara del mundo criminal de la isla. Por ahora, tiene problemas por el delito de porte ilegal de armas de fuego; sin embargo, su expediente es extenso y complejo, y daría cuenta de la crisis de justicia que hay en el territorio.
Solo Jordan tiene el siguiente prontuario: extorsión (5 casos), amenazas (5 casos), homicidio (3 casos), porte ilegal de armas (3 casos), amenaza a testigo (1 caso), hurto calificado (1 caso), violencia contra servidor público (1 caso) y porte de estupefacientes (1 caso). Pese a este escenario, estuvo varios meses en libertad.
La isla de San Andrés parece atrapada en un círculo del que nadie consigue escapar. La corrupción se roba los recursos, la justicia pierde fuerza y la violencia termina ocupando el lugar que dejan las instituciones. Mientras que unos hacen negocios con el poder, otros aprenden a guardar silencio para sobrevivir.
El problema en el territorio no es solamente cuánto dinero se pierde, cuántos contratos se cuestionan o cuántos homicidios quedan sin esclarecer. El problema es que la comunidad ha dejado de confiar en quienes deberían protegerla. Y cuando la justicia no llega, cuando el Estado no responde y cuando denunciar se convierte en un riesgo, la impunidad deja de ser una excepción y se convierte en la regla.
San Andrés sigue siendo un paraíso para quienes llegan de vacaciones. Pero, para quienes viven allí, el paraíso tiene otra cara: una en la que la corrupción tiene precio, la violencia tiene apellido y el silencio es, muchas veces, la única forma de vivir.