El exgobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, fue vinculado a un nuevo proceso penal por las presuntas irregularidades en la celebración de contratos de obras, rehabilitación y mantenimiento de vías del archipiélago.
En la audiencia, que se adelantó ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General señaló que, a finales de 2017, el mandatario departamental firmó contratos por un valor cercano a los 2.393 millones de pesos.
Sin embargo, los convenios no contaban con los estudios, ni con los diseños requeridos para su ejecución.
🗞️ #Noticia Procuraduría formuló pliego de cargos 📜 contra el exgobernador del 📍Archipiélago de #SanAndrés, por presuntas irregularidades en contratación ✍🏻
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 7, 2022
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El contrato tenía como finalidad la rehabilitación y el mantenimiento de las vías del barrio Los Colares.
El contrato tuvo un valor de 2.122 millones de pesos. Mientras que la interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental del citado proyecto ascendió a los 281 millones de pesos.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó que fue el mismo gobernador quien dio el visto bueno a la celebración de estos contratos.
“Pese a que no existían los planos, estudios y diseños necesarios para ejecutar las obras. Dichos requisitos habían sido contratados previamente por 408 millones de pesos, pero fueron entregados de manera parcial e incompleta”, indicó la delegada del ente investigador.
Igualmente, se citaron otras irregularidades en la celebración de los contratos, entre las que se destacan la falta de presupuesto, un plan ambiental y las fallas en los soportes técnicos.
Estos eran temas indispensables para la ejecución de los contratos de obra.
Como si fuera poco, un año después se avaló el desembolso del 50 por ciento del anticipo, que fue equivalente a los 1.056 millones de pesos para la realización de las obras, así como 122 millones de pesos para la interventoría.
“Los recursos habían sido transferidos a una tercera empresa que, al parecer, no los destinó a la ejecución del proyecto”, complementó la fiscal.
En 2019, el gobernador entrante de San Andrés le puso punto final al contrato, firmando la liquidación unilateral por los escasos avances.
Según los informes técnicos, en dos años solamente se registró un avance de, 2.37 %, pese al pago de los anticipos.
Como lo reveló SEMANA, en 2019, la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de prisión a Ronald Housni Jaller, después de que aceptara su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y peculado por apropiación.
El exmandatario fue señalado de haber aceptado, durante su campaña política, 1.200 millones de pesos de particulares a cambio de adjudicarles contratos oficiales. De esta forma, se pactó un 10 % de comisión para el funcionario en los contratos de construcción, reconstrucción y adecuación de colegios.
El mandatario adjudicó un contrato de vigilancia por 2.000 millones de pesos a una sociedad cuyos dueños fueron socios de una empresa de la que él fue gerente durante 16 años. Sin licitación, firmó un contrato por 720 millones de pesos para realizar las fiestas patronales y otro por 770 millones de pesos para desarrollar una plataforma interactiva de indicadores de competitividad.