La fiscal Lucy Laborde le pidió al juez 14 de control de garantías de Barranquilla que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, debe cumplir su medida de aseguramiento en una cárcel de Barranquilla.
El ente acusador argumentó la necesidad de una medida de aseguramiento en contra del hijo del presidente e insistió en que representa un peligro para la sociedad y puede obstruir el proceso, de ahí la importancia de mantenerlo privado de la libertad, mientras avanza el proceso en su contra.
En su intervención, la fiscal del caso aseveró que debido a la gravedad de los delitos imputados y la influencia que tiene Petro Burgos, la medida de aseguramiento en centro carcelario cumple con los requisitos. Hecho por el cual pidió descartar una detención domiciliaria o una libertad condicional.
En este sentido, consideró que la medida solicitada es “proporcional” frente a la protección de los derechos constitucionales que se buscan proteger. “Si bien es cierto que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos tiene derecho a la libertad, como lo tiene la sociedad en general, también es cierto que ese derecho no es absoluto pues en este caso se busca mantener el imperativo deseo de conservar las condiciones para garantizar la efectividad del proceso penal adoptando medidas de restricción rápidas y urgentes”.
Igualmente, advirtió que el caso tiene relación con afectaciones a recursos públicos y una vulneración a una población de especial protección, como lo son los adultos mayores. Para la fiscal, hasta el momento, no se tiene constancia de que Nicolás Petro Burgos esté realizando acciones que promuevan su economía.
“El sistema arroja que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos no se encuentra vinculado a ninguna relación laboral. Entonces esta es una preocupación más para poder inferir si es que se me permite es que el señor no tendría una relación laboral que permita sustentar unos ingresos de forma lícita”.
La Fiscalía presentó durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento todos los elementos de prueba que advierten cómo Nicolás Petro puede incidir en los testigos, incluso utilizar su influencia como hijo del primer mandatario, para revelar información que está sometida a reserva y poner en evidencia a quienes van a declarar en el proceso.
La fiscal del caso presentó audios, conversaciones y documentos que advierten la participación de Nicolás Petro en los hechos materia de investigación: actos de corrupción con contratos que salieron de la gobernación del Atlántico y se tramitaron a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
Para la Fiscalía es claro que el hijo del presidente de la república se interesó indebidamente en los contratos que salieron de la gobernación del Atlántico y que tenían como destino la atención de adultos mayores y niños en situación de discapacidad, pero que se quedaron a la mitad del camino, en medio de trámites y exigencias de los vinculados.
El juez de control de garantías le llamó la atención en varias oportunidades a la defensa de Nicolás Petro, que interrumpió el avance de la diligencia con la exposición de la Fiscalía y la necesidad de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del hijo del presidente de la república. Hubo incluso una advertencia de acciones disciplinarias.
La Fiscalía completó la exposición de las razones para mantener privado de la libertad a Nicolás Petro. Insistió al juez de garantías que existe un riesgo para el proceso, los testigos y la propia justicia, de ahí que es prudente mantenerlo encerrado.
La diligencia judicial continuará el próximo lunes 15 de diciembre con la intervención del delegado del Ministerio Público, Henry Francisco Bustos. Mientras que para el 18 de diciembre quedó programada la argumentación del abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro Burgos.