En la tarde de este miércoles 26 de noviembre continuó la imputación de cargos contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, por su presunta participación en el desvío de millonarios contratos en la Gobernación en el año 2023.
La diligencia judicial se reanudó con la intervención de la fiscal Lucy Marcela Laborde y la resolución de las inquietudes planteadas tanto por el juez 14 de control de garantías de Barranquilla como por el representante de la Procuraduría General.
Para la delegada del ente investigador, es necesario que quede claro el papel que tuvo Nicolás Petro Burgos en la celebración de los contratos y de los funcionarios, empresarios y particulares que participaron en estas acciones.
“El señor Nicolás Petro fue quien lo usó allegándolo a la declaración de renta”, detalló la fiscal Laborde ante las aclaraciones formuladas hace dos semanas por el juez de control de garantías.
Sin embargo, el abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro Burgos, reclamó que el juez ha tenido que hacer 55 preguntas sobre la imputación de cargos, lo que demuestra que muchos hechos jurídicamente relevantes han quedado inconclusos.
“Yo le pido de la forma más amable que se haga un control a este ejercicio realmente como debe ser, porque su Señoría ha hecho más de 55 preguntas a la fiscal a lo largo de esta imputación para que ella vaya acomodando lo que tiene que decir en un acto donde ella es la que libremente debería venir a decirnos condiciones de tiempo, modo y lugar”, precisó el jurista.
Para Carranza, no existe claridad sobre muchos hechos de la imputación contra su cliente, lo cual representa una vulneración de los derechos al debido proceso.
“Ya hubo una gran crítica por parte de esta defensa, por parte del Ministerio Público, por parte suya, en donde se le preguntaba si al fin eso era un determinador, un coautor. Y nuevamente vuelve, pero en sus preguntas, su Señoría —perdóneme, discúlpeme si lo llevo a ofender en algo, no es mi intención—, pero parece que la imputación la estuviera haciendo usted, señor juez, de forma inducida a través de las preguntas”, indicó.
“Yo le ruego, su Señoría, por favor, que se acuda al procedimiento de la mejor forma, pero es que ya van 55 preguntas hechas por usted, otras más de 10 o 15 partes mías, otra más de la Procuraduría y no hemos logrado concretar los delitos y seguimos en esa confusión sobre los hechos. Usted se ha dado cuenta de que no hay condiciones de tiempo, modo y lugar, hay verbos rectores sueltos. Nicolás está preocupado porque me ha dicho: ‘yo no entiendo qué se me está imputando’”, complementó Carranza.
El hecho de que existan tantas peticiones de aclaración —insistió el abogado del procesado— y que se estén demorando tanto en darle una resolución clara representa una afectación de los derechos procesales del exdiputado.
“Cada pregunta que su señoría termina haciendo para aclarar realmente lo que hace es oscurecer. Usted acaba de reconocer efectivamente la imputación y dice entonces está modificando. Entonces no podemos seguir en eso, su Señoría, porque esto va a ser confuso”, precisó.
El jurista aseguró que su cliente tiene toda la intención de ejercer su derecho material sobre los hechos narrados por la Fiscalía General, pero hasta el momento no existe claridad sobre muchos episodios expuestos por la delegada del ente investigador.
La audiencia continuará a las 4 p. m. de este miércoles con la intervención de la Fiscalía General sobre las solicitudes de claridad.