El cambio en el contrato para la expedición y entrega de pasaportes que se dio por orden del presidente Gustavo Petro, incumpliendo el acuerdo que ya tenía Colombia con Thomas Greg and Sons, y entregándolo a la Casa de la Moneda de Portugal, tendría nuevos y graves problemas que ya está advirtiendo la Contraloría General de la República.
La primera alerta, señalan desde el ente de control fiscal, “tiene que ver con las deficiencias que se observan en el proceso de financiación para la implementación del nuevo modelo de pasaportes, relacionadas con posibles fallas en el trámite de vigencias futuras y la aceptación de compromisos presupuestales ajenos a la misionalidad por parte de la Imprenta Nacional de Colombia, por 1.3 billones de pesos".
Para la Contraloría, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE), que será el contratante, no realizó trámites para garantizar la prestación del servicio ni su financiación como unidad ejecutora. Esta entidad, que actualmente recibe los recursos por la emisión de pasaportes, ha venido asumiendo los gastos relacionados con dicho servicio.
El asunto es claro, con estas situaciones, podrían comprometer la viabilidad financiera del nuevo modelo y con ello poner en riesgo la prestación del servicio de expedición de pasaportes.
Los equipos
Pero si el problema financiero es grave, el asunto se pone peor y así lo advierte la Contraloría haciendo referencia al posible incumplimiento en el envío de los equipos para imprimir las libretas de los pasaportes. Sin máquinas no hay documentos, así de simple.
La Contraloría reveló el riesgo de incumplimiento de las actividades de transporte y nacionalización de la maquinaria requerida para la implementación del modelo de Producción y Personalización de libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa.
“El riesgo identificado se relaciona con el estado actual de avance en las acciones requeridas para asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera vigente, así como con la ejecución oportuna de los trámites necesarios antes de la entrada en vigor de las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales)”, informaron desde la Contraloría.
Y es que son un rosario de compromisos que no se han cumplido y que tendrían en el limbo la importación de los equipos y, por esta vía, la expedición de los pasaportes.
El primero, según la Contraloría, es “la determinación de la entidad que actuará como importador de las mercancías y, por tanto, responsable del pago de impuestos, tasas y contribuciones derivadas del trámite aduanero, ya sea directamente o a través de un declarante (agente de aduanas)”.
A esto se suma, “la estimación del valor de las mercancías a importar, del monto de los tributos aduaneros y del costo del servicio del agente de aduanas, en caso de requerirse, información indispensable para el trámite de aprobación y registro de los recursos presupuestales y contables correspondientes”.
La sentencia es demoledora, de no cumplir con estos pasos antes del 8 de diciembre, “de no ejecutarse oportunamente las actividades referidas dentro de los plazos definidos en el cronograma y particularmente, el inicio del transporte internacional de las máquinas necesarias, previsto para el 8 de diciembre de 2025 se podría comprometer el cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional No. 010 de 2025, generando riesgos financieros y contractuales, entre ellos, la posible aplicación de la Garantía de Primer Requerimiento a la Imprenta por un valor de 6.375.000 euros”.