Una de las frases más esperadas por las víctimas de los llamados falsos positivos finalmente se escuchó durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Frente a familiares de las víctimas, magistrados y decenas de asistentes, el mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo rompió el silencio y asumió la responsabilidad por los crímenes ocurridos mientras estuvo al mando de la Décima Brigada Blindada.
“Allá está el cartel que dice: ‘¿Quién dio la orden?’. Yo soy el máximo responsable. Y vine para que ustedes me miren así”, expresó el oficial retirado durante la diligencia realizada en Barranquilla.
El reconocimiento marca un hecho sin precedentes dentro de la JEP. Giraldo Restrepo se convirtió en el militar de mayor rango que admite públicamente su responsabilidad en estos hechos. Además, reconoció que detrás de los asesinatos existieron presiones por mostrar resultados, órdenes superiores y mecanismos de encubrimiento que facilitaron la comisión de los crímenes.
Según la investigación del tribunal, durante el período analizado fueron asesinadas 604 personas, quienes luego fueron reportadas falsamente como guerrilleros muertos en combate en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, entre 2002 y 2008.
Entre las víctimas dadas de baja supuestamente en combate, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, había 26 menores de edad, 31 integrantes de pueblos indígenas y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
Durante su intervención, el excomandante también admitió que permitió que las investigaciones disciplinarias de la época no avanzaran y aseguró que el proceso ante la JEP transformó la manera en que entiende lo ocurrido.
“Era como estar frente al juicio de Dios. Escuchar cada relato de cada uno de ustedes causa demasiado impacto en el alma”, manifestó el oficial retirado.
En la misma audiencia también comparecieron otros nueve militares retirados, entre ellos un brigadier general, coroneles, mayores y oficiales del Ejército, quienes aceptaron responsabilidades por diferentes hechos investigados dentro del subcaso Costa Caribe II del caso 03 de la JEP.
Uno de los reconocimientos más fuertes fue el del teniente (r) Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo, quien confesó cómo ejecutaban los asesinatos.
“Las transporté en vehículos, a veces incluso del mismo Ejército. Las llevé a lugares apartados y allí, en la mayoría de los casos, fui yo quien accionó el fusil contra ellas. No hubo combate ni resistencia”, afirmó durante la diligencia.
Por su parte, el mayor (r) Julio César Parga Rivas calificó lo ocurrido como “una culturización de la muerte”, mientras que otros oficiales admitieron que las presiones por resultados terminaron convirtiendo los homicidios de civiles en supuestos éxitos operacionales.
La investigación de la JEP concluyó que estos hechos no fueron casos aislados, sino que hicieron parte de una estructura organizada que utilizó falsas ofertas de trabajo, engaños y el señalamiento de civiles como integrantes de grupos armados para asesinarlos y presentarlos como bajas en combate.
La audiencia continuará los días 28, 29 y 30 de julio en Valledupar, donde otros militares retirados deberán responder por estos hechos y ampliar sus aportes a la verdad ante las víctimas y la JEP.