El abogado Víctor Mosquera, reconocido por liderar la defensa legal de las víctimas por el magnicidio del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, denunció ante el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a los altos funcionarios del Gobierno Petro que se vieron involucrados en el escándalo con el Clan del Golfo.
La denuncia de seis páginas arranca describiendo que el Gobierno nacional, a través de la política denominada Paz Total, adelantó acercamientos con distintas estructuras armadas ilegales, entre ellas el Clan del Golfo, señalado como una de las mayores estructuras dedicadas al narcotráfico y al terrorismo en Colombia.
El jurista relató que en medio de esas negociaciones se destapó un escándalo con audios y videos que dejarían en evidencia las reuniones reservadas que altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habrían realizado en septiembre de 2022 con emisarios y voceros del Clan, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
En la denuncia, Mosquera indicó: “En dichos encuentros se habrían discutido y eventualmente comprometido, en nombre del Estado, una serie de medidas a favor de la organización criminal, entre las que se mencionan la suspensión o cese de operaciones de la Fuerza Pública, la disminución o frenado de bombardeos, la revisión o suspensión de órdenes de extradición, el levantamiento de órdenes de captura, así como el presunto retiro o depuración de oficiales de la Fuerza Pública”.
#Nación | Iván Velásquez, Danilo Rueda y otros exfuncionarios del Gobierno Petro en la mira de la Fiscalía por escándalo del Clan del Golfohttps://t.co/YaUt3fTQhX
— Revista Semana (@RevistaSemana) July 3, 2026
El abogado también le detalló a la Fiscalía las presuntas solicitudes que se habrían hecho para retirar grupos de infiltración de la Policía y del Ejército en las zonas de influencia de la organización, al parecer, para avanzar en la concentración de sus integrantes en las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
Por estos hechos fue que la Procuraduría General de la Nación también le abrió una investigación disciplinaria al exministro de Defensa, Iván Velásquez; al excomisionado de Paz, Danilo Rueda; al exdirector de la DNI, Jorge Lemus; y a Ricardo Rey Rosanía, entonces subdirector de inteligencia.
Con esa decisión disciplinaria, el abogado Mosquera tuvo más soporte jurídico para presentar la denuncia contra varios altos funcionarios y exservidores del Gobierno Petro, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, prevaricato, revelación de secreto y asesoramiento a grupos delictivos organizados.