Empiezan a aparecer las consecuencias que dejó el escándalo que salpica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, con unas supuestas promesas que le habría hecho al Clan del Golfo en medio de las negociaciones de paz. La Procuraduría acaba de anunciar la apertura de varias investigaciones disciplinarias contra varios altos exfuncionarios que terminaron implicados en este nuevo episodio.
El auto, firmado por el procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez, ordenó abrir investigación en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez; el excomisionado de Paz, Danilo Rueda; el exdirector de la DNI, Jorge Lemus; y Ricardo Rey Rosanía, entonces subdirector de inteligencia.
La Procuraduría confirmó que esta investigación se dio a raíz de los informes periodísticos que dieron cuenta de los encuentros y conversaciones que, para ese momento, sostuvieron altos funcionarios del Gobierno Petro con personas que habrían buscado posibles acuerdos para el grupo criminal el Clan del Golfo.
En esas conversaciones habría quedado registrada la forma en que esos funcionarios les habrían ofrecido un cese del fuego unilateral, movimiento de tropas, depuración de la inteligencia policial y militar, e incluso acciones para frenar operaciones contra esa organización que delinque en varias regiones del país.

La investigación de la Procuraduría menciona que en ese caso, bajo estudio, hay varios funcionarios de la Consejería Comisionada de Paz, la Dirección de Inteligencia y el Ministerio de Defensa que, al parecer, llegaron a acuerdos con personas vinculadas a ese grupo armado ilegal, que históricamente ha ejecutado acciones criminales en el país.
Esos compromisos se habrían pactado con el objetivo de lograr una negociación de paz con el Clan del Golfo, pero la Procuraduría ahora trata de determinar si lo pactado pudo exceder las competencias de quienes ofrecieron esos compromisos.

La Procuraduría explicó sobre su decisión: “Considera procedente el inicio de una indagación previa con el fin de identificar los hechos, conductas y posibles responsables de las acciones” que fueron denunciados a través de fuentes abiertas.
Por eso la investigación disciplinaria se centra en el exministro Iván Velásquez, el excomisionado Danilo Rueda, y los exdirectivos de la DNI, Danilo Rueda y Ricardo Rey Rosanía, como “posibles responsables” de los hechos que fueron puestos en conocimiento de la opinión pública.
