Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en la capital del departamento del Atlántico, impuso medidas cautelares sobre una finca en zona rural del departamento de Cesar que estaría relacionado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Por solicitud de un fiscal del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) impuso medidas cautelares sobre un predio rural relacionado con el denominado frente de Resistencia Motilona, del extinto Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, dijeron desde la Fiscalía.
De acuerdo con el informe emitido por la Fiscalía, se trata de la Finca Las Américas, ubicada en la vereda Perete del corregimiento Mandinguilla, en Chimichagua (Cesar), la cual está avaluada comercialmente en aproximadamente 26.200 millones de pesos.
Según la misma Fiscalía General de la Nación, en la actualidad el predio es utilizado para la agricultura y ganadería controlada, además cuenta con varios cuerpos de agua de alta importancia natural, sin embargo, la finca ya había sido denunciada por su presunta relación con los cabecillas de las AUC.
“Este inmueble fue denunciado por un postulado a la Ley de Justicia y Paz, del Frente Resistencia Motilona del Bloque Norte, quien manifestó que el predio estaba relacionado con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Jaime Blanco Maya y Hugues Rodríguez Fuentes, condenados por su relación con las AUC”, revelaron puntualmente desde la Fiscalía.
El bien afectado con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo será entregado próximamente por la Fiscalía al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su respectiva administración.
En el mes de febrero de 2023 ya habían puesto medidas cautelares a seis propiedades, avaluadas en total por más de 17.000 millones de pesos, que pertenecerían a Luis Fernando Jaramillo Arroyave, alias Nano, y también estarían relacionadas con el extinto Bloque Minero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Estas propiedades, ubicadas en los municipios de Tarazá y Caucasia, Antioquia, presuntamente, pertenecerían a Luis Fernando Jaramillo Arroyave, también conocido como alias Nano o Don Delio, quien fue cabecilla del denominado Frente Anorí del Bloque Mineros de las AUC.
La Fiscalía General solicitó medidas cautelares sobre estas propiedades, lo que llevó a la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín a imponerlas.
En total, cuatro de las propiedades están ubicadas en una gran extensión de tierra rural en Tarazá, conocida como Hacienda La Copa, y tienen un valor comercial estimado cercano a los 16.000 millones de pesos. Las otras dos propiedades están ubicadas en una finca en Caucasia llamada Finca La Cristalina, con un avalúo de más de 1.196 millones de pesos.
El ente investigador no dio a conocer detalles sobre las acusaciones que relacionan estas propiedades con actividades ilegales del Bloque Mineros de las AUC, pero se presume que estarían relacionadas con actividades de narcotráfico y minería ilegal. La obtención de estas medidas cautelares es una medida preventiva para evitar la venta o transferencia de estas propiedades mientras se lleva a cabo la investigación.
Este nuevo golpe forma parte del esfuerzo continuo de las autoridades para combatir el crimen organizado y las actividades ilegales en el país.
¿Vínculos con paramilitares?
Para los días 30 y 31 de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a una audiencia pública, única y definitiva de verdad, a la empresaria Enilce López Romero, conocida como La Gata.
Con esta diligencia, la JEP busca que López esclarezca “su relación con grupos paramilitares, parapolíticos y su participación en crímenes relacionados con el conflicto armado”. “Los aportes de verdad que haga López deberán superar lo conocido por la justicia ordinaria, de lo contrario será rechazada su solicitud de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz”, agregó el organismo.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó que López, además de ampliar lo que conoce sobre su “relacionamiento probado con paramilitares, deberá aclarar su participación como líder de una agrupación dedicada al lavado de activos para financiar a grupos de autodefensas y deberá dar información que permita conocer el entramado económico de estos grupos ilegales.