La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia inició una serie de auditorías integrales a diversas entidades territoriales del país, una medida que ha generado divisiones en el sector público.
Estas inspecciones técnicas ordenadas por el ente de control central provocaron cuestionamientos inmediatos de mandatarios locales y secretarios de salud regionales. Las administraciones que serán investigadas argumentan una presunta falta de imparcialidad y de garantías en los procedimientos institucionales implementados.
Las tensiones normativas coinciden con la actual gestión de la Supersalud, liderada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El director del organismo afronta diversas investigaciones de carácter penal y disciplinario por presuntas irregularidades administrativas durante su mandato local entre 2020 y 2023.
Los expedientes en curso por entes de control evalúan decisiones financieras en entidades como Metroparques, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el predio de Aguas Vivas.
Conflictos institucionales en Antioquia y Bogotá
En el marco de estas acciones de vigilancia, la Supersalud interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia.
La medida judicial se fundamenta en una supuesta obstrucción a la gestión pública, debido a la presunta negativa corporativa de entregar reportes financieros a los delegados nacionales. Este anuncio generó el rechazo inmediato del gobernador del departamento, quien cuestionó la viabilidad técnica del procedimiento de control.
A este escenario se sumaron los desacuerdos previos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ante las revisiones hechas a su red asistencial. No obstante, el foco principal del debate administrativo se trasladó a la capital de Antioquia tras el arribo formal de los inspectores de la entidad reguladora.
La llegada de la comisión de la Supersalud a las oficinas gubernamentales de Medellín activó mecanismos de defensa jurídica por parte de las autoridades distritales.
Rechazo y recusación legal en la Alcaldía de Medellín
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la presencia de los funcionarios nacionales en las instalaciones de la administración municipal mediante una declaración pública.
Gutiérrez cuestionó la legitimidad de la inspección al señalar que la actual dirección del ente de control carece de idoneidad moral debido a los antecedentes de la gestión local anterior. El mandatario recordó que las auditorías aplicadas a la alcaldía pasada arrojaron 650 hallazgos fiscales y la vinculación penal de 55 personas.
El jefe del gobierno local instó a los actuales representantes de la entidad nacional a responder por el estado de crisis financiera en que se encuentra el Hospital General de la ciudad.
Asimismo, el alcalde confirmó la radicación formal de una recusación jurídica para detener la auditoría en curso, argumentando la ausencia de garantías básicas de imparcialidad. Para vigilar el proceso, el gobierno distrital solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación y de la Personería Distrital.
Hacia el final de su mensaje, el mandatario local señaló que al presidente Petro le “quedan 37 días y 11 horas de su desgobierno. Se nota el desespero, tratando de hacer todo el daño posible hasta el final. Por fin está cesando la horrible noche”.
Finalmente, el alcalde de Medellín vinculó directamente la ejecución de estas inspecciones extraordinarias con dinámicas de confrontación promovidas desde el Gobierno nacional.
El mandatario local afirmó que las intervenciones institucionales reflejan una urgencia de orden político orientada a afectar a las regiones en las últimas semanas del mandato presidencial. La decisión final de las autoridades disciplinarias determinará las condiciones legales en que continuarán las revisiones de salud en el territorio.