Un nuevo hallazgo abre otro capítulo en la controversia que rodea a la joven cesarense Juliana Guerrero, quien estuvo a punto de ocupar el cargo de viceministra de Juventud.
Ahora, además de la revocatoria de sus títulos por parte de la Fundación Universitaria San José, enfrenta investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría, así como un proceso judicial en el que se ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar información sobre los contratos firmados con ella.
¿Qué pasó con el crédito?
El Icetex le otorgó a Juliana Guerrero un crédito por $11.084.000, registrado entre sus obligaciones financieras. La deuda ya habría sido cancelada, aunque la entidad no ha hecho públicos los detalles del préstamo. Esa falta de claridad ha generado dudas sobre por qué y con qué soporte se aprobó un crédito destinado a educación superior.
El caso cobró fuerza luego de que, el 7 de noviembre, el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José decidiera anular, de manera unánime, los títulos expedidos a Guerrero —los correspondientes a Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública— tras revisar su historial académico.
La universidad informó que continuará las investigaciones internas y que presentó denuncias ante la Fiscalía y quejas disciplinarias ante la Procuraduría contra los directivos involucrados en la entrega de títulos.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza llevó el caso a los controles públicos. Según lo expuesto por la congresista, el Icfes confirmó que Guerrero no presentó la Prueba Saber Pro, requisito obligatorio para la obtención de un título profesional.
Esa información dio pie a la revisión interna en la universidad y a nuevas solicitudes de información ante otras entidades.
Los contratos, el otro foco de la investigación
De forma paralela, la representante Pedraza logró que un tribunal ordenara a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar documentación sobre los contratos suscritos con Guerrero, entre los que figura un convenio por 14.500 millones entre la UIS y el Ministerio del Interior, orientado a proyectos de convivencia y seguridad ciudadana.
En ese marco, Guerrero habría participado en tareas de gestión y asistencia técnica, con honorarios cercanos a los 12 millones mensuales. La orden judicial busca establecer si hubo criterios técnicos y administrativos que sustentaran su vinculación y contratación.
Además de las averiguaciones administrativas, la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá abrió una indagación preliminar contra Guerrero y contra directivos y exdirectivos de la Fundación San José por presuntos delitos relacionados con falsedad documental y fraude procesal.
La Procuraduría, por su parte, recopila pruebas para evaluar posibles sanciones disciplinarias a funcionarios que habrían intervenido en la expedición de los títulos. La universidad, entretanto, presentó denuncia penal contra exdirectivos por hechos que, según su comunicado, pudieran constituir delito.