Los niños de Colombia siguen siendo una de las principales víctimas del conflicto armado. Según datos de Unicef de febrero de 2026, el número de menores reclutados por los grupos armados se ha incrementado en un 300 por ciento en los últimos cinco años.
El panorama es desolador. De acuerdo con el organismo internacional, solo en 2024, el último año en el que se realizó el estudio, en promedio, cada 20 horas un niño es reclutado por grupos armados.
Tanya Chapuisat, representante de Unicef en el país, afirmó que los menores no solo son víctimas cuando quedan en medio de las balas, sino también cuando son reclutados para las filas de estos grupos armados, lo que causa afectaciones no solo para ellos, sino para sus familias.
“Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirlos toda la vida, y es nuestro deber evitar que se produzcan”, pidió Chapuisat.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, este delito se ha incrementado y, a diez años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, tampoco parece que haya esperanza de resolverse; por el contrario, los grupos armados tendrían nuevas estrategias para reclutarlos.
Julián Rodríguez Sastoque, concejal de la Alianza Verde por Bogotá, criticó al Gobierno nacional por este hecho. Según dijo, entre 2017 y 2025 se registraron 2.949 casos de reclutamiento de menores, y solo en 2025 se reflejó un aumento del 32 por ciento en las atenciones del ICBF a menores víctimas de reclutamiento. En 2022 se registraron 220 atenciones; en 2023, 213; en 2024, 318, y en 2025, 420.
Conforme a lo reconocido por la Fiscalía General de la Nación al concejal mediante un derecho de petición, 2024 fue el año con mayor número de denuncias de reclutamiento forzado en el país en los últimos ocho años. Ese año, la Fiscalía recibió 604 denuncias por estos hechos, mientras que el promedio anual entre 2017 y 2024 fue de 343.
Hay regiones en las que se concentra este crimen. El departamento del Cauca es uno de los que más registraría casos. Solo en 2024 hubo 976 reclutamientos, seguido por Nariño con 284 y Antioquia con 226.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le puso la lupa al tema en la más reciente relatoría presentada en noviembre de 2025. Encontró que “el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una problemática creciente y de difícil registro en Colombia”.
Según cifras de la JEP, entre 1996 y 2016 al menos 18.677 niños y adolescentes fueron reclutados, siendo los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Chocó, Caquetá, Norte de Santander y Arauca los que tienen mayores registros, en ese orden. Incluso, se aclara que puede haber un subregistro, por lo que la cifra sería mayor.
Varios de los principales afectados han sido comunidades indígenas y campesinas. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), de las 2.231 víctimas incluidas entre 2014 y 2024, el 25 por ciento pertenece a comunidades indígenas, mientras que el 14 por ciento son afrodescendientes.
La CIDH determinó que el reclutamiento forzado ocurre en contextos de “profundas vulnerabilidades estructurales” y la ausencia del Estado en varios de estos territorios. Incluso se habla de víctimas desde los 8 años. En el caso del Cauca, los menores reclutados tienen una edad promedio de 15 años.
Otro hecho alertado y que ha causado preocupación en el país y en los organismos internacionales es la forma como estarían siendo reclutados, pues esas dinámicas habrían cambiado. Los grupos estarían desarrollando múltiples modalidades como seguimiento en centros educativos, acercamiento por redes sociales y hasta persuasión colectiva, que, sumadas a la pobreza y falta de oportunidades, se vuelven atractivas.
Desde distintas organizaciones en el país han puesto de presente que actualmente los menores serían reclutados a través de las redes sociales y hasta con ofertas de empleabilidad.
Sara Bolaños, encargada de comunicaciones de Vamos por la Paz, una institución que agrupa a más de 20 organizaciones de Colombia y Francia que estudian este problema, aseguró que han identificado casos de jóvenes que son reclutados a través de TikTok con videos en los que les ofrecen formar parte de estas estructuras disfrazados de ofertas laborales.
Según le relató una madre a la CIDH, a su hijo le ofrecieron dinero en una cancha de fútbol en un municipio de Nariño. Un compañero de su hijo le avisó que lo querían reclutar y ella alcanzó a prevenirlo, pero tuvieron que desplazarse.
“Me explicó que le ofrecían plata para ayudar a su hermana y a mí. Poco después, empezaron a rondar nuestra casa, y nos tocó irnos porque lo iban a reclutar. Recibimos apoyo de algunas personas, pero no había recursos institucionales para salir. Tuvimos que irnos a Cali, a la casa de gente que no conocíamos, y allá él tuvo que rebuscársela. Hoy estudia con una beca”, contó.
Otras dinámicas han cambiado a lo largo de los años. Por ejemplo, antes los grupos armados ilegales se llevaban a los menores a sus filas hacia zonas rurales lejanas. Sin embargo, hoy preferirían dejarlos en áreas urbanas para ejercer control a través de ellos en sus propias comunidades.
Aunque en algunos departamentos apartados del país se presentaría este enrolamiento, las grandes ciudades también registran casos. Por ejemplo, desde la CIDH reconocen que en ciudades como Bogotá, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Medellín y Quibdó el “fenómeno ha aumentado” por las alianzas entre los grupos armados y las organizaciones criminales, que aprovechan para seducir a los menores a fin de pertenecer a sus filas. Además, sería más frecuente cuando hay familiares dentro de estos grupos, lo que en ocasiones genera admiración e identificación.
Bolaños asegura que también se registra una diferenciación en las tareas que les ponen a los hombres y a las mujeres, pues, mientras ellos hacen labores criminales tradicionales, las mujeres en ocasiones son víctimas de trata de personas o terminan prestando servicios domésticos. Así sucedió con un comandante del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo que tenía en su poder a 60 menores que debían cumplir labores domésticas y eran víctimas de abuso sexual.
Con el acuerdo de paz de La Habana, firmado con las Farc en 2016, se estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encargaría de juzgar y condenar estos delitos. Apenas el pasado 3 de marzo, el exsecretariado de esa antigua guerrilla, integrado por Rodrigo Londoño (Timochenko), Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel y Julián Gallo, reconoció y pidió perdón por más de 18.000 casos de reclutamiento de menores.
Se trata del caso 07 dentro de la JEP, uno de los más polémicos y que antes no había sido reconocido. Los ex-Farc por primera vez hablaron de homicidios, violencias sexuales y reproductivas contra los menores. Dentro del tribunal especial ya se plantea una “sanción restaurativa”, a pesar de que se trata de delitos de lesa humanidad.
Sara Morales, fundadora de la Corporación Rosa Blanca, pidió que también sean juzgados los mandos medios y que haya un “aporte de verdad pleno exhaustivo”.
Este crimen no era exclusivo de las antiguas Farc, sino que las disidencias lo siguen implementando. En algunas regiones disponen de sitios específicos destinados a llevar a los menores de distintas regiones del país a fin de prepararlos para el combate.
¿Qué hacer para enfrentar este flagelo? Expertos coinciden en que se necesita mayor presencia del Estado y oportunidades para los jóvenes en los territorios. Algunos están de acuerdo con las salidas negociadas al conflicto, pero aclaran que uno de los puntos que se debería poner sobre la mesa antes de sentarse a conversar es que esas estructuras tienen que comprometerse con dejar el reclutamiento de menores de edad, lo que no habría ocurrido en los diálogos más recientes.