Se empieza a escribir un nuevo capítulo del entramado de corrupción que habría ocurrido en la Alcaldía de Medellín durante la gestión de Daniel Quintero. SEMANA revela detalles de la apuesta que hacen las autoridades de la capital de Antioquia para que Estados Unidos pruebe aparentes irregularidades y materialice posibles extradiciones.
El alcalde Federico Gutiérrez viajó el martes a ese país a sostener dos encuentros clave. El primero, con la agencia HCI para fortalecer la lucha contra la explotación sexual comercial. El segundo, programado con el FBI para el próximo lunes en Florida, a fin de entregar formalmente los elementos que probarían un entramado ilegal de alcance internacional.
La teoría que se expondrá es que, supuestamente, durante la administración de Daniel Quintero se habría usado el sistema financiero de Estados Unidos y Panamá para darle apariencia de legalidad a los recursos públicos del distrito con una serie de inversiones.
Todo se sostiene bajo la hipótesis de que tres círculos de poder habrían recibido coimas y sacado provecho de contrataciones públicas en Medellín, asuntos que investiga la Fiscalía General de la Nación. A su vez, que ese dinero habría sido llevado al extranjero.
Todo esto se demostraría con los estados financieros de empresas, transacciones bancarias y testimonios de aliados del supuesto clan que están dispuestos a delatarlos a cambio de beneficios judiciales en Colombia y en el exterior.
El plan de colaboración ya se activó. SEMANA conoció que hay dos personas, cercanas a Daniel Quintero y su familia, que manifestaron la intención de colaborar con las autoridades; están viviendo en Estados Unidos y ya recibieron asilo.
Tres círculos de poder
En el expediente que se le entregará al FBI el lunes, que previamente recibió un resumen en una primera reunión que hubo en Colombia, se demandará la aparente existencia de tres círculos de poder de la presunta corrupción que hubo en Medellín.
El primero, de acuerdo con los documentos, sería integrado por Daniel Quintero y su hermano Miguel. En específico, se hace alusión al entramado ilegal que este último habría liderado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano. Allí se hace alusión a que el pariente del entonces mandatario coordinaba procesos de contratación y exigía coimas.
Por esta razón, la Fiscalía le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. De probarse, el primero purgaría una condena de cinco años y el segundo, como máximo, 22 años.
En el segundo bloque, según la teoría de los denunciantes, están Sebastián Ortega y su papá, William Ortega, un polémico excongresista del municipio de Bello, Antioquia. Más allá de la vida pública y los escándalos, son conocidos por construir su fortuna en el sector privado como constructores y empresarios de turismo.
William Ortega fue relacionado en un testimonio, revelado por SEMANA, en la supuesta negociación y compra de la gerencia de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cambio de 8 millones de dólares.
El tercer bloque lo lideraría Johny Armando Jaramillo, quien según el material que se le entregará al FBI es un reconocido empresario y se le acusó de tener el control del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) durante la administración de Daniel Quintero.
“Su oficina, ubicada en el sector de Laureles, ha sido mencionada por contratistas y empleados del Inder como un lugar donde se gestionaban aprobaciones para trabajar en la entidad”, comentó a SEMANA una de las fuentes enteradas de su proceso judicial.
Además de estos nombres, Federico Gutiérrez suministrará los datos de empresas que podrían estar involucradas en el posible entramado de corrupción. Entre ellas está una comercializadora internacional dedicada a la exploración, explotación, transformación y comercialización de metales preciosos, como oro, plata y platino, que tendría nexos con aliados de Quintero y cuyo patrimonio aumentó entre 2019 y 2020.
¿Qué sigue?
El propósito de la Alcaldía de Medellín es que la justicia norteamericana pueda revisar con lupa el material probatorio y, en caso de comprobar los hechos, que solicite la extradición de los protagonistas.
El coronel (r) Jorge Mora, exjefe de Interpol para Colombia y exjefe del área anticorrupción de la Policía, explicó que el caso puede ser tratado en Estados Unidos como posible conspiración para el lavado de dinero.
“Hay algo que se debe tener claro. Para ese país, un solo dólar que haya sido utilizado a través de sistemas bancarios estadounidenses, producto de actividades ilícitas o delitos en otro país, da para la apertura de un proceso penal”, explicó el oficial en retiro.
Antes de viajar a Estados Unidos, Federico Gutiérrez declaró en sus redes sociales: “Voy a entregar información de los responsables de la corrupción de Medellín, de esa anterior alcaldía, que se robaron a Medellín, entre el 2020 y el 2023, y cómo habrían llevado gran parte de esos recursos hasta Miami. Tendrán que responder, al parecer, no solo ante la justicia colombiana, sino también ante los Estados Unidos”.
Quintero, luego de enterarse del viaje de Gutiérrez, manifestó en su cuenta de X: “¿Cuántas veces va a viajar el alcalde de Medellín a la USA para, supuestamente, hablar mal de mí? ¿Quién los paga? ¿A qué viaja realmente? ¿Ya les contó que el único proceso penal que tenía fue anulado y que ahora es él el que puede terminar en la cárcel?”. SEMANA lo contactó para que diera su postura sobre los señalamientos en su contra y al cierre de esta edición no había respondido.
¿En qué van los procesos?
La Alcaldía de Medellín se fijó el objetivo de hacer una auditoría forense y esta ya ha dado frutos. Hasta ahora, hay 55 imputados por delitos como peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, entre otros.
Además, hay una condena, tres capturados, se han aplicado 23 extinciones del derecho de dominio y declarado siete inhabilidades y destituciones por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital de Medellín.
La lista podría aumentar el próximo lunes en la audiencia que se hará contra Vanesa Álvarez, Álvaro Alfonso Villada, Miguel Quintero y Sebastián Ortega, todos enredados en el supuesto nido de corrupción que tuvo lugar en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Además de imputar cargos, hay probabilidades de que la Fiscalía solicite una medida de aseguramiento en contra de los involucrados por temor a que afecten el curso de las investigaciones. En este caso en particular, algunos testigos han denunciado amenazas y están protegidos por la justicia colombiana.