En la historia política de Colombia no existe antecedente de entidades del Estado que no actúen de manera articulada en los procesos electorales. Tradicionalmente, las instituciones trabajan de forma conjunta para garantizar la realización de los comicios.
No obstante, 2026 pasará a la historia como el año en que desde la Casa de Nariño se lanzaron múltiples dardos en contra del sistema electoral. El presidente Gustavo Petro ha chocado con la Registraduría, la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo.
La arremetida contra estas entidades se ha dado porque han advertido que no han encontrado evidencias de un posible fraude electoral. Desde hace un par de semanas, el jefe de Estado no ha parado en sus cuestionamientos contra el sistema electoral y está sembrando un manto de duda sobre los comicios que se harán este año y que tendrán la primera convocatoria el 8 de marzo, cuando los colombianos podrán elegir la composición del nuevo Congreso de la República y se podrá votar por alguna de las tres consultas presidenciales.
Petro ha dedicado discursos enteros a afirmar que habrá fraude electoral y ha lanzado frases que van en contra de las declaraciones de las cabezas de los órganos de control y disciplinarios. Además, ha hecho uso de su cuenta en X, donde tiene más de 8 millones de seguidores, para poner una seguidilla de escritos en los que deja dudas de las elecciones.
El mandatario ha hablado del formulario E-14, del software, del código fuente, de Thomas Greg, de fraude electrónico y de un manejo de datos personales por parte de empresas privadas. El problema es que en un país con tradición presidencialista, las declaraciones del mandatario son seguidas por millones de personas que confían en lo que se dice desde la Casa de Nariño.
Incluso se presentó un enfrentamiento público entre Petro y el procurador Gregorio Eljach, quien le pidió respeto por las instituciones. “Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por más presidente que sea. Fue él quien me postuló a mí para la terna, pero aquí tienen que respetarnos y respetar la competencia del Ministerio Público”, dijo Eljach.
El asunto de fondo es que en todas las instancias electorales no se ha encontrado evidencia de un posible fraude y no se entiende de dónde el presidente Petro saca que eso ocurrirá en los comicios. Incluso, el mandatario está cuestionando un sistema con el que él mismo ha sido elegido en diferentes cargos de elección popular. Petro ha sido representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y presidente de Colombia. Por esa razón, desde algunos sectores creen que lo único que le sirve al progresismo es la victoria y que si eso no ocurre, es producto del fraude.
“Nosotros no tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo. Creemos que toda preocupación que haya sobre el sistema electoral debe ser abordada por nuestras instituciones de una manera articulada, sopesada, con mucha calma; sin alarmismos, sin ser incendiarios y confiar en que, así como en el pasado este tipo de riesgo electoral fue resuelto por las instituciones, en este caso también lo podremos hacer de existir algún tipo de situación que deba verificarse”, dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, también está preocupado porque, a pocos días de las elecciones, hay desinformación que se está replicando. “La confianza en las instituciones es uno de los activos fundamentales de la democracia. La desinformación, las fake news en redes sociales, la polarización, la violencia, la beligerancia política y preocupaciones sobre orden público o corrupción son retos que debemos abordar y confrontar de manera directa. Todos en el Estado colombiano, incluyendo el Gobierno nacional, organismos de control, ciudadanía, academia, gremios, medios de comunicación y comunidad en general, somos corresponsables de cuidar la democracia y las instituciones”.
José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Colombia, le dijo a SEMANA que han hecho un acompañamiento y resaltó que el proceso electoral está marchando sin problema alguno. “Hemos observado los simulacros del preconteo; es decir, de la transmisión de los resultados provisionales; esos resultados que se conocen la misma noche electoral, a las dos o tres horas del cierre de los colegios, y que funcionan de una manera extremadamente rápida en Colombia, justamente para dar certeza a la ciudadanía. Hemos observado los simulacros de preconteo y, con satisfacción, constatamos que la Registraduría ha adoptado medidas para corregir los problemas que se presentaron en 2022 y evitar que se repitan. Medidas de claridad, sencillez, seguridad en la transmisión; en fin, algunas de las recomendaciones han sido asumidas por la Registraduría para que este proceso sea aún más confiable”.
Por esa razón, no se entiende por qué el presidente Petro sigue cuestionando el proceso, cuando todos los ojos están puestos sobre los preparativos. Sectores políticos aseguran que el mandatario está abonando el terreno para, en caso de una derrota, acudir al discurso del fraude.
“Creo que Gustavo Petro, si el Pacto Histórico pierde, no se va a una isla caribeña a tomar piña colada. Su escenario serán las calles. Ahí él debe juzgar cuál es su responsabilidad histórica. Es patriótico que impida un fraude. Pero no lo es si solo estamos hablando de ficciones y leyendas”, dijo Humberto de la Calle.
Al margen de esta discusión que tiene distraída la atención de las elecciones, lo cierto es que hay mitos que se están creando alrededor de los comicios y SEMANA responde a las dudas que tiene la ciudadanía por las declaraciones de Gustavo Petro.
Mitos y realidades: “No existe auditoría internacional”
La Registraduría tiene un plan general de auditoría internacional a través del Instituto Capel (Centro de Asesoría y Promoción Electoral), entidad internacional de la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica. Desde 1983 trabaja en temas electorales.
“No se entrega el código fuente”
Desde el 25 de febrero y por tres días se autoriza la exposición del código fuente a auditores de partidos, observadores internacionales y órganos de control, Procuraduría y Contraloría. El objetivo es permitir la validación de la integridad de la arquitectura del código para verificar que la versión auditada es fiable y cumple los protocolos de seguridad y funcionalidad. Además, en presencia de todas las autoridades, se llevará a cabo el congelamiento del código fuente para asegurar que, una vez inicie el preconteo y el escrutinio, la versión no tenga modificación alguna.
“No se cumplió la sentencia del partido Mira”
La afirmación no es cierta porque desde hace cuatro años la Registraduría adquirió con la firma española Indra el software de escrutinio nacional que hoy está a disposición del Consejo Nacional Electoral, el cual debe realizar el escrutinio nacional del Senado. Ese mismo software fue el que consolidó los resultados de las elecciones de Congreso y presidenciales de 2022, cuando Gustavo Petro fue elegido presidente.
“El preconteo es la base del escrutinio”
La realidad es que el preconteo se consolida a través de la voz de quienes transmiten los datos preliminares que permiten tener información ágil de los resultados electorales. El escrutinio se adelanta con los formularios E-14 o actas de mesa de votación, que son diligenciados por cerca de 860.000 jurados de votación que están en las mesas instaladas. El escrutinio lo ejecutan jueces de la república que declaran los resultados en cada municipio y ciudad del país.
“Los lapiceros que se suministran pueden alterar marcaciones”
Durante toda la semana pasada, y en presencia de la Misión de Observación Electoral y los partidos políticos, se llevaron a cabo pruebas aleatorias con los lapiceros, junto con ensayos técnicos para garantizar su fiabilidad. Además, cualquier persona puede llevar su propio esfero a la urna.
“El software de preconteo fue vulnerado en 2014, 2018 y 2022”
Sobre ese mito no existe evidencia alguna que permita afirmar dicha vulneración. Lo que pasó en 2022 obedeció a errores humanos de transmisión por parte del personal de apoyo, pero nada tuvo que ver el software o el proceso de consolidación. De hecho, nunca existió una investigación al respecto.
“Los espacios en blanco dan lugar a alteraciones de las actas”
Tampoco es cierta esa afirmación, ya que las actas electorales son tres por cada mesa de votación y, por primera vez, todas se harán públicas. No hay lugar a errores porque todos los jurados y testigos de los partidos pueden tomar fotos de ellas y, además, siempre se hace la nivelación de la mesa de votación, que no es otra cosa que el número de votos en la urna debe ser igual a los totales diligenciados en cada acta. Las actas de mesa las llenan a mano los jurados de votación, que son ciudadanos del común.
“El software lo maneja la firma ASD”
Aunque esa afirmación ha tenido eco en las últimas semanas, la realidad es que dicha empresa ya no forma parte de la Unión Temporal, como consta en el Secop.
“Existen registradurías paralelas u ocultas”
Ciudadanos afirman haber visto sótanos donde se “tienen listos los votos”; la realidad es que la Registraduría cuenta con 28 centros de recepción telefónica en todas las ciudades capitales del país, donde el personal de apoyo recepciona los datos para llevar a cabo el proceso de transmisión del preconteo. Esos sitios son conocidos por la Procuraduría, la Contraloría y la Misión de Observación Electoral. Además, la Policía Nacional presta seguridad en esos lugares.
“Alteración del kit electoral”
Los kits electorales son distribuidos a los puestos de votación con acompañamiento de la fuerza pública en las cerca de 125.000 mesas dispuestas. Al inicio de la jornada, los jurados (seis por cada mesa de votación), ciudadanos del común, verifican el contenido de los kits en presencia de autoridades y testigos electorales. La lista de votantes, las tarjetas electorales, los lapiceros y demás elementos son verificados para garantizar que no exista ninguna alteración. La urna se cierra y, en presencia de todos, se constata que se encuentra vacía.