En medio de una transición de gobierno en la que los presidentes saliente y entrante no se hablan, tampoco sus equipos y mucho menos han sostenido una reunión de empalme sobre la agenda de país, Colombia prepara una posesión presidencial con más preguntas que respuestas.
La vieja fórmula en la que se instalaba una tarima en las puertas del Congreso y frente al Palacio de Justicia para un evento en presencia de congresistas, delegaciones diplomáticas internacionales y prensa, en el que, tras la posesión, el jefe de Estado caminaba hacia la Casa de Nariño para ser recibido por su antecesor, no se verá en esta ocasión.
De La Espriella ahora cumple lo que siempre prometió en campaña: no posesionarse en Bogotá como todos sus antecesores, en un gesto contra el centralismo. Sin embargo, sus ambiciones sobre ese ritual abrieron el debate público acerca de cuál es la autoridad a cargo del evento de transición de mando y, sobre todo, desde qué momento él será el comandante de las Fuerzas Militares como jefe de Estado.
El asunto ya llegó al Poder Legislativo, pero este solo tiene autoridad de decidir sobre la sede del acto. Por eso, la proposición aprobada por el Senado únicamente permite que el juramento presidencial tenga lugar fuera del recinto de la corporación, especificando que este tiene el aval de realizarse en el Cauca. Esa decisión, sin embargo, necesita la ratificación de la Cámara de Representantes.
El Senado solo autorizó que la ceremonia se realice en ese departamento, pero no dentro de una guarnición militar. De hecho, el Congreso carece de competencia para avalar que se lleve a cabo en el batallón de infantería elegido por De La Espriella. Esa decisión dependerá, al menos hasta el 7 de agosto, de Gustavo Petro, quien ha reiterado que mientras sea presidente no permitirá actos de este tipo en instalaciones militares. “No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, dijo el mandatario.
En efecto, quien puede decidir sobre quién entra o sale de las instalaciones militares y qué tipo de eventos permite en dichos recintos es Petro. Solo hasta el momento en el que el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, le imponga la banda presidencial a De La Espriella, él se convertirá en el comandante supremo de las Fuerzas Militares y podrá entrar de manera legítima al batallón de infantería.
El ejemplo claro sucedió hace exactamente cuatro años, cuando Gustavo Petro insistió como presidente electo en que la espada de Bolívar, la misma que hurtó el M-19 en 1974, se convirtiera en uno de los símbolos presentes en su investidura. Solo cuando Roy Barreras le impuso la banda presidencial, él pudo dar la orden de que le llevaran ese objeto hasta el escenario para dar su discurso. Y algo claro: el presidente saliente, Iván Duque, acató ese pedido porque ya no era comandante en jefe.
Sin batallones
La cuestión de la posesión presidencial es un asunto regulado por la ley. El Decreto 770 de 1982 establece el protocolo de la ceremonia de investidura. Confirma que esta debe efectuarse ante el Congreso y que consiste en un acto en el que los protagonistas son el presidente del Congreso y el presidente electo de la república.
“No hay una figura militar prevista dentro del acto mismo. El propio decreto en su artículo 13, numeral octavo, prevé que el presidente saliente, al terminar su periodo, imponga al electo la condecoración de la Orden de Boyacá”, detalla Sergio Morales, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana.
Ese acto de imposición de la medalla está a cargo de la administración saliente, pero hasta el momento Petro no ha confirmado su disposición de trasladarse hasta el Cauca para la ceremonia. Esa, casualmente, es la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez. Si cumple con la norma, el mandatario saliente tendría que aceptar darle esa condecoración a quien ha sido uno de sus mayores críticos.
Morales deja claro que, mientras Petro no autorice el uso del cuartel, constitucionalmente, hasta el instante del nombramiento, el comandante supremo de las Fuerzas Militares es Petro. En la norma no se establece una hora o fecha exacta en la que se hace efectiva la transmisión de mando, por lo que el gesto de la imposición de la banda por parte del presidente del Congreso al mandatario entrante se entiende como el momento en el que ocurre el cambio en el poder.
De La Espriella señala que su posesión en la guarnición militar es una exaltación a las Fuerzas Militares. No obstante, su decisión genera críticas, pues podría constituirse una posible militarización de la democracia colombiana.
Otra proposición
El tema sigue en la discusión legislativa y no solo requiere de la ratificación de la Cámara de Representantes, sino que hay otros puntos pendientes en el debate.
Entre estos está la proposición de la senadora Jennifer Pedraza, con la que la congresista busca que el Congreso dé la orden de que la sede que se elija para la posesión sea únicamente de carácter civil. Si esa iniciativa prospera, quedaría saldado el debate sobre el ingreso del mandatario electo al batallón de infantería.
“El lugar específico donde se realizará la sesión deberá ser un escenario de carácter civil y, en todo caso, no podrá corresponder a una guarnición militar ni a instalaciones de las Fuerzas Militares o de Policía”, detalla la proposición.
La respuesta ya está sobre la mesa, pero su discusión aún no tiene un renglón en la agenda, pues la prioridad legislativa para los próximos días será escuchar a los candidatos al cargo de contralor general de la República. En este tercer examen legislativo tendrá que medirse De La Espriella después de la elección de la presidencia del Congreso y la aprobación del traslado de la investidura del 7 de agosto.
La única certeza es que en la posesión en el Cauca estará vacío el asiento del senador de oposición Iván Cepeda y probablemente también lo estén los de la bancada del Pacto Histórico y algunos congresistas petristas de partidos tradicionales que no comulgan con la administración entrante. Empero, esos escaños no son indispensables.
Además, se presentarían unos enormes retos en materia de seguridad, ya que habría que trasladar unos 280 congresistas con sus esquemas de seguridad y la protección para los invitados especiales en una región plagada de hombres armados por cuenta de la paz total de Petro.
De La Espriella necesita conseguir una mayoría simple en el Congreso en pleno para que su investidura presidencial sea legítima, una proporción que tiene asegurada.
Ahora solo le queda definir en qué momento podrá ingresar al batallón para realizar lo que ha descrito como un homenaje a los miembros de la fuerza pública, un gesto que busca acercarlo a la institución tras cuatro años de cuestionamientos del presidente Petro a sus integrantes.