Apenas 28 días antes de que terminara el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio del Interior, en cabeza del exministro Armando Benedetti, dejó amarrado un millonario convenio interadministrativo con la Alcaldía de Soledad para la instalación de cámaras de seguridad en el municipio del departamento del Atlántico.
En una contrarreloj, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) de la cartera destinó 20.430 millones de pesos, mientras que el municipio aportó los 6.810 millones restantes, que suman un total de 27.240 millones de pesos para todo el proyecto.
SEMANA conoció que existen alertas en el sector luego de que la administración de los recursos terminó en manos de Infotic, una cuestionada empresa mixta que en un 51 por ciento pertenece a la entidad pública InfiManizales. Escogida a dedo y mediante un trámite exprés, cobrará 280 millones de pesos por administrar los recursos, pero tendrá el poder de subcontratar la totalidad de los recursos destinados.
Los antecedentes de la empresa van desde investigaciones de la Procuraduría por contratos en Ibagué, otro contrato en Soledad que fue suspendido y hasta negocios con empresas y figuras salpicadas en el escándalo de Centros Poblados.
El 21 de junio de este año se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial, fecha en la que se levanta la Ley de Garantías. Tres días después, el 24 de junio, el proyecto de videovigilancia de Soledad recibió el aval del comité evaluador del Ministerio del Interior, lo que le daba solo poco más de un mes al proyecto para conseguir financiación y concretar la firma del convenio.
Luego tuvo un fugaz paso por las plataformas de contratación pública, dado que el proceso fue publicado en el Secop el 9 de julio y el convenio quedó firmado al día siguiente, solo 16 días después de recibir la viabilidad del proyecto.
De esa manera, quedaron comprometidos más de 27.000 millones de pesos para un convenio con ejecución prevista entre el 24 de julio y el 31 de diciembre de 2026, que da plazo de cerca de cinco meses para su ejecución total.
SEMANA conoció que Infotic fue escogida incluso antes de ser invitada a presentar su propuesta. Un día antes de notificar a la compañía para que participara, los estudios previos de la Alcaldía identificaban a la empresa, examinaban su experiencia y daban por acreditada su idoneidad para asumir la gerencia del proyecto.
El viernes 11 de septiembre, a las 5:54 de la tarde, la Secretaría General de la Alcaldía de Soledad envió un correo a Infotic para solicitarle una propuesta y los documentos requeridos. El plazo vencía el lunes siguiente a las 4:00 de la tarde, lo cual les daba el fin de semana para contestar, y no se convocó a otros interesados para comparar propuestas.
Ese lunes, a las 7:30 de la mañana, su junta directiva se reunió en una sesión extraordinaria, convocada desde el viernes, y autorizó la presentación de la oferta y la eventual firma del contrato. El proceso apareció publicado en Secop esa misma tarde.
Al día siguiente, el 15 de septiembre, el contrato quedó firmado. La empresa recibiría 280 millones de pesos por la gerencia, adicionales a los 27.240 millones puestos bajo su administración. Sus funciones incluían seleccionar proveedores, suscribir los contratos derivados y pagar a los ejecutores.
Al escoger una empresa mixta, la contratación pierde publicidad. En su sección de transparencia, la página oficial de Infotic afirma que “toda su información de contratación es privada” y que “no está obligado a publicar la ejecución de sus contratos”. Para justificarlo, invoca su régimen de derecho privado y la necesidad de competir en el mercado.
Los antecedentes de Infotic
Antes de recibir la administración del nuevo proyecto, Infotic ya tenía un contrato de cámaras en Soledad en el que no pudo cumplir. La empresa se ganó un contrato por 449 millones de pesos para mantener el sistema existente, instalar 20 cámaras y poner en funcionamiento diez botones de pánico.
El 29 de diciembre, dos días antes de la terminación prevista, las partes suspendieron el contrato. El componente de botones de pánico, según el acta conocida por este medio, enfrentaba dificultades de importación, nacionalización y autorizaciones técnicas.
En su momento, la alcaldía sostuvo que las dificultades eran “ajenas al control tanto del contratista como de la entidad contratante” y que la suspensión se concebía “no como una consecuencia de incumplimiento”.
La pausa debía terminar el 15 de enero de 2026, pero no es pública un acta de reanudación que constate que finalmente se cumplió el contrato.
En 2023, por un contrato en Ibagué, la Procuraduría pidió terminar el convenio que entregaba a Infotic el sistema de recaudo y control de flota del transporte público. Cuestionó la contratación directa y que una parte central de la operación quedara en manos de su aliado tecnológico, VYR. El convenio terminó liquidado de común acuerdo en 2024 y se formularon cargos contra el entonces gerente del SETP por presuntas irregularidades en su celebración.
Igualmente, en 2011, la Procuraduría confirmó sanciones disciplinarias contra funcionarios de esa corporación y contra el entonces gerente de Infotic, Orlando Patiño Silva, por irregularidades en el contrato para modernizar el sistema de las plenarias.
En los antecedentes de Infotic incluso aparecen dos pistas que llevan a empresas salpicadas en el escándalo de Centros Poblados. La primera es la UT Conexión Caribe, una unión temporal que contrató con MinTIC para llevar internet al nororiente del país, en la que participaba Novotic, una de las empresas involucradas. En septiembre de 2021, MinTIC negó una solicitud de dicha empresa de ceder el 75 por ciento de su parte de la unión temporal a Infotic.
La segunda es Inselsa, proveedora de Centros Poblados. En octubre de 2020, Infotic había calificado a esa misma empresa como la oferta más conveniente para llevar internet a 83 sedes educativas del Chocó por 1.171 millones de pesos.
Esta cuestionada empresa mixta es la que controla la inversión en la Alcaldía de Soledad, que políticamente sería cercana al excongresista Eduardo Pulgar, condenado por corrupción, y que fue entregada por el exministro Benedetti antes de dejar el cargo, y liderada por el exviceministro Jaime Berdugo, también atlanticense.
En conversación con SEMANA, Adolfo Antonio Tejada, representante legal de Infotic, aseguró que, pese a que la empresa mixta no publica los contratos que suscribe, la responsabilidad de la publicidad de la subcontratación que haga es de la Alcaldía de Soledad.
“Sí deben ser publicados en Secop, de acuerdo al convenio entre el municipio y Fonsecon. Ellos son los responsables de la publicación de la información”, manifestó.
Negó la relación con Cáceres Bayona, pese a que en otro contrato le iba a ceder a Infotic el 75 por ciento de una unión temporal: “No existió”.
Frente a los posibles contratistas del proyecto, aseguró que está en “proceso de selección”. Sin embargo, ni las entidades contratantes ni el contratista han hecho públicos los concursos con los que se entregará el recurso.