La senadora Paloma Valencia advirtió que el Gobierno de Gustavo Petro quiere revivir la expropiación exprés y la jurisdicción agraria.
La congresista y precandidata a la Presidencia hizo público un documento en el que el poder ejecutivo plantea su intención de ajustar las consideraciones del Decreto 902 de 2017, normativa que estableció medidas para la implementación de la reforma rural integral.
Ese documento establece las condiciones para determinar quiénes tienen derecho al acceso a la tierra y a la formalización de forma gratuita o semigratuita, entre los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria y las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria que no han tenido acceso a predios.
En el texto revelado por la senadora el Gobierno consideró que “en la fase judicial que se debe adelantar en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017, lejos de estructurar herramientas que permitan la ejecución del acuerdo final de paz, constituye una traba al correcto ejercicio de la función pública”.
Por eso, Valencia advirtió que “el Gobierno pretende romper los acuerdos que logramos en diciembre sobre la jurisdicción agraria y revivir la extinción de dominio exprés”.
La senadora alertó sobre que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le pidió a la corte eliminar la fase judicial de los procesos agrarios. Esa propuesta, según la congresista, llevaría a que la entidad pueda quitarle predios a los tenedores de tierras sin que se dé un control de los jueces sobre ese tipo de decisiones.
La cuestión de la extinción de dominio de los predios a aquellas personas que no ejercen actividad económica sobre los latifundios para entregarlos a los campesinos en la reforma agraria ha sido un amplio debate entre la oposición y el poder Ejecutivo.
Ese tema, incluso, quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro con el que este pretendía tener acceso a los predios baldíos, pero este asunto fue tumbado por la Corte Constitucional en 2024 durante la revisión del articulado.
“Esta facultad se presta para todo tipo de arbitrariedades. Por eso, en el Decreto Ley 902 de 2017 se estableció que el procedimiento para llevarla a cabo tenía dos fases: la administrativa y la judicial. Es decir, siempre los jueces controlaban las decisiones de la ANT para que no hubiera abusos", recordó la senadora.
Valencia enfatizó que el Ministerio de Agricultura ya había hecho un acuerdo con el Congreso para que la extinción de dominio agraria y la clarificación de baldíos mantuviera su fase judicial.