A menos de un mes de que termine el Gobierno Petro, una nueva controversia rodea un nombramiento en una de las entidades más sensibles para la Fuerza Pública.
El concejal de Bogotá Julián Uscátegui denunció que el Ejecutivo estaría intentando dejar asegurado el control de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), organismo encargado de administrar las asignaciones de retiro y pensiones de miles de policías.
De acuerdo con Uscátegui, mediante la designación de una persona que, según la documentación conocida, no cumpliría con los requisitos exigidos para ejercer el cargo de director general, el Gobierno saliente busca hacerse al control de la entidad.
La denuncia apunta al coronel en retiro José Gotardo Pérez Soto, quien, indica Uscátegui, fue el agente oficioso de la acción de tutela que en 2014 permitió suspender provisionalmente la destitución e inhabilidad impuesta por la Procuraduría al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por las irregularidades detectadas en la implementación del nuevo esquema de aseo de la capital.
Según el cabildante, el vínculo entre Pérez Soto y Petro explicaría el interés del Gobierno en dejarlo al frente de CASUR cuando restan apenas 20 días para el cambio de administración.
La denuncia está respaldada por un documento técnico de verificación de perfiles en el que se concluye que el aspirante “no cumple con los requisitos exigidos por el Manual de Funciones y Competencias Laborales” para el empleo de director general de la entidad.
En el análisis se señala específicamente un incumplimiento del requisito de educación, al establecer que el manual exige como condición indispensable contar con un título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Según la evaluación, Pérez Soto no acredita esto en función pública.
El concejal pidió que el proceso de designación sea revisado y que se garantice el estricto cumplimiento de los requisitos legales para ocupar un cargo de esa responsabilidad. Advirtió que las entidades públicas deben regirse por criterios de mérito, no por afinidades políticas o personales.