Un grupo de ciudadanos promovido por el concejal Julián Uscátegui radicó más de 32.000 firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de convocar un cabildo abierto en el Concejo de Bogotá para debatir la posible implementación de la asistencia militar en la ciudad frente al deterioro de la seguridad.
La iniciativa busca abrir un espacio de discusión pública sobre el uso de esta figura excepcional, que permitiría el apoyo temporal de las Fuerzas Militares en tareas de seguridad urbana.
Según el concejal, el número de firmas supera ampliamente el mínimo exigido por la ley para activar el mecanismo de participación ciudadana.
La propuesta surge en medio de crecientes preocupaciones por la situación de orden público en la capital. En distintos sectores de la ciudad se han registrado incrementos en homicidios, robos y otros hechos de violencia, lo que ha generado presión ciudadana para adoptar medidas más contundentes contra el crimen organizado.
La asistencia militar está contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que faculta a las autoridades civiles para solicitar apoyo de las Fuerzas Militares cuando las capacidades de la Policía resulten insuficientes para enfrentar alteraciones graves del orden público.
Tras la radicación de las firmas, la Registraduría iniciará el proceso de verificación para confirmar que los apoyos ciudadanos cumplen los requisitos legales. De acuerdo con la normativa vigente, esa entidad dispone de hasta 45 días calendario para revisar y validar los respaldos.
Si la autoridad electoral certifica que se alcanzó el número requerido de apoyos, el Concejo de Bogotá deberá convocar el cabildo abierto dentro del mes siguiente.
En ese escenario se abrirá un debate público en el que podrán intervenir ciudadanos, concejales y la administración distrital.
En ese contexto, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, deberá asistir al recinto del Concejo para escuchar a los participantes y fijar su posición frente a la propuesta de activar la asistencia militar en la ciudad.
Uscátegui aseguró que la discusión busca responder a lo que calificó como una crisis de seguridad en la capital, donde, según afirmó, operan más de 200 estructuras criminales dedicadas a delitos como extorsión, homicidio y hurto.