Se conoció el borrador de un decreto del Gobierno Petro con el que se pretendería cambiar las exigencias para ocupar los cargos de libre nombramiento y remoción de embajador extraordinario y plenipotenciario, y de cónsul general central.
La norma actual establece que los ciudadanos que accedan a esas funciones deberán acreditar un título profesional en una disciplina académica, un título de posgrado en cualquier modalidad y experiencia profesional relacionada.
Si se materializa la modificación, ya no serán exigibles los requisitos generales de formación académica ni la experiencia profesional, y solo se tendrán en cuenta las siguientes categorías para los nombramientos:
“En estos casos, bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco años”, se lee en el borrador del decreto que se tramita entre la Cancillería y la Función Pública.
El proceso arrancó cuando el presidente Gustavo Petro le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores modificar algunos requisitos para este tipo de cargos, en atención a los funcionarios a los cuales la justicia les ha anulado el cargo.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la designación de Armando Benedetti como embajador ante la FAO por no acreditar el dominio de una lengua oficial de Naciones Unidas ni certificar un título de posgrado.
Una vez se dio a conocer esta noticia, el jefe de Estado, en un consejo de ministros televisado, le pidió a la canciller de ese momento, Laura Sarabia, que empezara a hacer los cambios de los requisitos para este tipo de funcionarios.
“Yo ya le pedí a la canciller, no por Benedetti, porque ya no necesita eso, sino por el presidente, que quite todos los requisitos para ser embajador, embajadora, en Colombia, porque están violando la norma constitucional”, dijo Petro.
Varios sectores políticos mostraron oposición a la propuesta del presidente, dado que pondría en riesgo el sistema diplomático de Colombia, y llamaron la atención sobre el futuro de las medidas y su impacto en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En una carta, ocho cancilleres alzaron la voz de protesta: “Debilitamiento sistemático del servicio exterior (…) Su enfoque actual debilita nuestras instituciones, socava la memoria institucional, que debería ser el hilo conductor de una política exterior estratégica de largo plazo, y deslegitima el servicio exterior”.