Urrá ha sido una de las empresas más sonadas en el Gobierno de Gustavo Petro. Desde la llegada del mandatario se generaron ruidos por las movidas de políticos dentro de la compañía y hasta familiares de él han resultado mencionados.
Tras la captura de Andrés Calle, expresidente de la Cámara, condenado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el camino quedó despejado para políticos del Partido de la U que han mantenido el poder de la hidroeléctrica con la permisividad del Gobierno, pues el 99,98 por ciento de las acciones son del Ministerio de Hacienda. La alerta es el enorme poder burocrático que tendrían para las elecciones de 2026 a fin de utilizarlas, presuntamente, en el frente amplio.
Los senadores Julio Elías Chagüi y Julio Alberto Elías, del Partido de la U, habrían logrado poner a personas cercanas en importantes puestos directivos en Urrá. Chagüi forma parte de esa familia política del departamento de Córdoba, de la cual algunos miembros se han acercado al Gobierno, mientras que Elías es hermano del Ñoño Elías, condenado por corrupción a causa de Odebrecht. Ambos estarían jugados con el petrismo desde 2022.
Tanto Elías como Chagüi han respaldado los proyectos del Gobierno en el Congreso. Chagüi actualmente es el presidente de la Comisión Primera del Senado, lo que se entendió como una victoria para la Casa de Nariño en su momento. “Otra persona del Caribe en las mesas directivas, quien asegurará el debate en este último año”, celebró el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La incidencia de los dos senadores en Urrá se refleja principalmente en la elección del jefe de control interno de la empresa, que debe ser escogido por la junta directiva. En dos ocasiones se ha realizado ese proceso y, según varias versiones, se buscaría reencauchar a alguien que ya pasó por ese cargo.
Uno de los primeros hechos que prendió las alarmas es que se contrató una firma de talento humano en dos ocasiones a fin de que escogiera la terna del nuevo asesor de control interno para posteriormente presentarla a la junta directiva. En marzo se hizo el primer contrato, pero la nueva administración del presidente Juan Acevedo Rocha, que llegó a ese cargo en mayo de este año, realizó otro contrato por el mismo valor en septiembre.
A eso se le suma que se cambiaron los estatutos de la empresa, pues en ese documento se aclaraba que la persona debía tener cinco años de experiencia en cargos relacionados con el de contralor interno; sin embargo, en la segunda convocatoria se bajó a cuatro.
Según información conocida por SEMANA, se buscaría reencauchar a Carlos Alberto Castaño Puentes, quien ya había ocupado ese cargo, pero salió en medio de polémicas. Lo extraño es que fue seleccionado nuevamente en la más reciente terna que se presentó a la junta.
Desde la llegada del actual presidente, Juan Acevedo Rocha, se han conocido varias movidas que han llamado la atención. Acevedo venía de ser jefe de operaciones de la empresa y llegó a dirigir la junta directiva en mayo de este año en medio de pujas internas. Había varias dudas sobre si estaba inhabilitado para ejercer ese cargo, pues ya había cumplido con la edad de pensión, se encontraba de vacaciones y su contrato había finalizado.
Acevedo, según fuentes de la compañía, también sería cercano a los senadores del Partido de la U. Las casas políticas se habrían movido en su momento para que fuera nombrado en ese cargo.
Entre los cargos directivos hay otros nombres que tendrían el respaldo de esas casas políticas, como Marcelo Escalante Barguil, actual gerente administrativo y financiero de Urrá S. A. Escalante fue secretario de gestión administrativa y financiera de Salim Chagüi cuando fue alcalde de Cereté.
La elección de Chagüi fue anulada por el Consejo de Estado, ya que se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo por haber firmado un contrato de prestación de servicios con el departamento días antes de su elección. El poder político de la familia Chagüi fue tal que su tío Elber Chagüi fue elegido como su sucesor.
Actualmente, Chagüi ha logrado tres contratos con el Ministerio del Interior que suman más de 120 millones de pesos entre 2023 y 2024.
Esta semana se sumó otra movida de esas casas políticas en Urrá. SEMANA conoció un contrato de prestación de servicios que firmó Escalante Barguil con Silvia Paola Flórez Sierra, hermana de Milena Flórez de Besaile, esposa de Musa Besaile –condenado por Odebrecht–. Ella quiere llegar a la Cámara de Representantes por La Fuerza, la colectividad de Roy Barreras, quien competirá por la candidatura presidencial del frente amplio. En 2023, ella dijo que se lanzaría a buscar la Gobernación de Córdoba, pero al final desistió y terminó apoyando a Gabriel Calle.
El contrato de Flórez en Urrá será por 28.800.000 pesos, que se pagarán en cuatro salarios de 7.200.000 pesos. Según la información obtenida por esta revista, estarían evaluando ubicarla a comienzos del próximo año en el cargo de jefe de Relaciones con la Comunidad, para el cual se requiere el título de Psicología, pues a la persona que está actualmente allí se le vence el acuerdo en enero.
Mauricio Alberto Vergara Flórez es otro de los nombres que tendría cercanía con esas casas políticas. Entre los documentos conocidos en esta revista hay una movida que llama la atención. El 17 de junio, Acevedo firmó un documento en el que se declara desierta una licitación para pavimentar en concreto 8,2 kilómetros de una variante en Tierralta.
Sin embargo, el 12 de septiembre se suscribió otro documento que pide contratar la obra durante diez meses con Vergara por 26.598.356.305 pesos. El contratista fue capturado en 2017 por el escándalo de Odebrecht, pero ese mismo año fue dejado en libertad tras aceptar cargos y comprometerse a contar toda la verdad sobre el Ñoño Elías, quien hoy se encuentra en casa por cárcel en Montería.
A las movidas políticas se les suman algunos cuestionamientos generados por las decisiones que ha tomado la presidencia de Acevedo. Por ejemplo, se firmó un contrato por ocho meses por 82.791.272 pesos con la empresa Vipers para prestar vigilancia a la sede de Urrá en Montería, que provoca dudas, pues el mismo presidente Gustavo Petro ha hecho cuestionamientos a esta empresa.
El mandatario criticó que en 2024 el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, fue criticado por contratar esa compañía para crear un frente de seguridad privado para parques y espacios públicos en el que había hombres vestidos de negro armados que se movilizaban en moto. El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, le pidió a Acuña terminar ese programa y lo comparó con la época del paramilitarismo.
Ese mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le canceló la licencia en primera instancia a la firma “por graves incumplimientos de la normatividad que rige el funcionamiento de las empresas del sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia”.
Un hecho adicional es que el pasado 8 de octubre los empleados de Urrá quedaron sorprendidos cuando les llegó la notificación de que el dominio de los correos que tenían a través de Google había sido cancelado.
Según las versiones de personas enteradas, en uno de los correos les explicaron que no contaban con los permisos correspondientes para el uso del dominio. En los últimos días tuvieron que crear uno nuevo, pues les informaron que estaban usando cuentas educativas, cuando no contaban con ese permiso.
SEMANA consultó a los senadores Chagüi y Elías para conocer su posición sobre estos hechos. Ambos negaron alguna incidencia sobre las decisiones de Urrá o haber apoyado el nombramiento de los cargos directivos mencionados. Acevedo no respondió los mensajes.
El problema de fondo es que los políticos de La U, cercanos al Gobierno, mantendrían el poder burocrático de Urrá de cara a las elecciones. Aunque el partido informó que no formarán parte del frente amplio, es claro que algunos congresistas siguen siendo cercanos al Gobierno y por eso podrían respaldar el proyecto político de Gustavo Petro para continuar con su gobierno el próximo año.