Al Congreso llegó un proyecto de ley que pretende declarar ilegal en el país la maternidad subrogada, popularmente conocida como “alquiler de vientres”.
El representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, lidera la iniciativa. Ya logró la firma de 12 congresistas más de distintas bancadas y sectores, entre los que hay feministas y hasta miembros del Pacto Histórico.
Según explicó López, lo que se busca es prohibir la maternidad subrogada porque actualmente hay un vacío jurídico en el que ni siquiera existe una regulación. Durante varios años se han presentado decenas de proyectos para ponerle freno, pero ninguno ha salido adelante.
Recientemente, esta práctica ha tomado fuerza en Colombia por varios motivos, entre ellos, porque la guerra en Ucrania generó que ese mercado se desplazara a otros países y en Europa se ha ido prohibiendo en varios territorios.
Además, ese mercado se ha vuelto atractivo en el país por la asequibilidad económica, la falta de legislación y la realidad de muchas mujeres en entornos vulnerables. Aunque no hay cifras reales que evidencien este problema, López afirmó que encontraron que solo en 2025 hubo 8.000 impugnaciones en notarías, de las cuales muchas serían casos de maternidad subrogada por parte de extranjeros, pues es el único requisito para sacar a los bebés del país. Dijo que el negocio es tan boyante que han visto un intenso lobby en el Congreso para que no sea aprobado.
Un procedimiento le puede costar a quien lo contrata alrededor de 200 millones de pesos, mientras que la mujer que alquila su vientre podría estar ganando unos 30 millones de pesos.
El congresista aclaró que pretenden regularlo, porque esto podría dejar nuevos vacíos jurídicos.
Uno de los inconvenientes de estos contratos es que en varias ocasiones hay cláusulas que las llevan a perder la libertad sobre su cuerpo. Por ejemplo, conoció casos de mujeres que han tenido que abortar cuando algo sale mal en el procedimiento o quienes contrataron el servicio desisten.
Aunque conoce los casos en concreto, es difícil socializarlos, pues las mujeres no quieren hablar por estas mismas cláusulas y por el temor a ser demandadas. Sin embargo, algunos se han visibilizado.
Olivia Maurel y Jessica Kern reconocieron que nacieron a través de este proceso, pero hoy lo cuestionan. Además, López conoció el caso de una mujer que falleció en medio de uno de estos procedimientos. Otra tuvo problemas de salud posteriores al embarazo y no tuvo protección de la clínica o del sistema de salud. Y varias más han quedado con problemas psicológicos tras los procedimientos.
La iniciativa no desea penalizar ni estigmatizar a los menores ni a las mujeres, sino protegerlos. La sanción sería contra los intermediarios, especialmente las clínicas o espacios en los que se realicen estas prácticas. Esta va desde los 10 a los 16 años de prisión y multas de entre 500 y 1.500 salarios mínimos, es decir, entre 875.452.500 pesos y 2.626.357.500 pesos a la vigencia de este año. Aclaran que no permitirían que se haga de forma altruista porque muchos contratos ya se hacen de esta manera y eso se podría vulnerar.
La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, una de las que apoya la iniciativa, aseguró que no está de acuerdo con que sea regulada, sino que debe abolirse. Su enfoque es el de la defensa de las mujeres que alquilan su vientre, que estarían siendo vulneradas. “Es una práctica violatoria de los derechos humanos para las mujeres”, sostuvo.
Algunos centros médicos ofrecen paquetes para extranjeros. Una clínica privada que presta estos servicios, sobre la que se reserva el nombre, reconoce que el 40 por ciento de sus pacientes vienen de otros países, por lo que ofrecen la opción de “turismo médico”. Entre los atractivos hablan de “costos asequibles” manteniendo una alta calidad en el servicio. Solo la valoración con un especialista cuesta 430.000 pesos.
Natalia Rueda, abogada de la Universidad Externado que ha investigado este tema, consideró que “sería un gran avance prohibir la práctica a extranjeros”. Dijo que muchos países ya han dado ese paso, pues “se demostró una relación inescindible entre esta práctica y dinámicas de explotación y trata de seres humanos”.
Y agregó: “Esta discusión siempre se aborda desde la perspectiva de los adultos; sin embargo, ni el feto ni el neonato saben nada de contratos. En partos normales se recomienda hacer piel con piel con la madre porque el olor, el sabor, la voz y el latido de su corazón el bebé los reconoce y le permiten vivir de manera menos traumática el parto”.
Según manifestó, esa separación de la madre biológica podría ser traumática para el bebé y advirtió que ya hay estudios con evidencia sobre este tema.
Asimismo, aseguró que con esta práctica se registra la “herida primal”, que ha sido estudiada en niños adoptados. Tiene relación con el “rechazo y el abandono durante la gestación y el puerperio”, ya que las mujeres se disocian para convencerse de que no son madres, lo que produce estrés y provoca cambios hormonales que pueden causar trastornos de identidad.
Una de las organizaciones que ha estado al frente de la cruzada por “abolir” la práctica de los vientres de alquiler es la Declaración de Casablanca, en la cual se ha apoyado el proyecto de ley, y que se estableció a nivel mundial en 2023 con este propósito. Su objetivo es que los Estados en el mundo se comprometan a adoptar medidas contra esta práctica en todas sus formas, incluso cuando no es remunerada.
Su portavoz es Maurel, quien estuvo en el Congreso contando su experiencia. Según dijo, Colombia es uno de los destinos más comunes del mercado global para esta práctica, en la que considera que mujeres de escasos recursos son “explotadas”.
“No tenía ni idea de que la herida más profunda de mi vida se había decidido incluso antes de que naciera”, aseguró. Según Maurel, padeció las consecuencias de la separación de la madre que la concibió. En su caso, su padre fue quien donó el material biológico.
Aclaró que su oposición a esta práctica no está relacionada con que haya sido infeliz con la familia con la que creció aunque le dieron todas las oportunidades, pero ese amor no puede borrar la pérdida que siente. “Esas dos realidades pueden existir al mismo tiempo. Cuando era niña, no podía explicar lo que sentía. Sentía que algo faltaba”, sentenció.
Hay otras voces que consideran que el debate debe darse más allá de simplemente prohibirlo. Diana Montoya, quien se realizó un proceso de reproducción asistida para tener a su hija y ha creado un movimiento alrededor del tema, considera que, si bien se deben regular algunas prácticas, hay que tratar el tema con pinzas. Existe una realidad relacionada con temas de fertilidad, cambios en el modelo en la familia tradicional, enfermedades genéticas, entre otras, que deben ser tenidas en cuenta y que el tema sigue siendo tabú en el país.
“Sí hace falta un marco normativo claro en Colombia. Hay demasiados vacíos que generan incertidumbre y creo que hay que dar la conversación para proteger a los niños y niñas, a la mujer gestante y a quienes están asumiendo la responsabilidad paternal”, aseveró Montoya.
Sin embargo, dijo que la discusión no se puede quedar entre prohibir o permitir estas prácticas, porque es un “mundo de grises”. Considera que las mujeres deben tener autonomía sobre su cuerpo, pero con garantías para que esa decisión no esté determinada por una vulnerabilidad económica. Incluso, afirmó que conoce casos de subrogación de mujeres casadas con hijos. “Siento que en el proyecto de ley hay voces que no están”.
La maternidad subrogada ha sido una práctica tan conocida en los últimos años que varias personalidades han recurrido a esta alternativa. A nivel internacional, los casos más sonados son los de Paris Hilton y Kim Kardashian. En Colombia, uno de los más conocidos es el del futbolista James Rodríguez.